Mujeres y Política
Justicia para
mujeres, pasos cortos
Soledad JARQUÍN EDGAR
El dictamen con proyecto de decreto que reforma y adición a
diversas disposiciones del código penal, el código de procedimientos penales y
el código procesal que tipifica el delito de feminicidio está ya en la antesala
de las muchas salas que tiene que pasar para que sea aprobado y votado por 42
integrantes de la Legislatura en Oaxaca. Eso, claro está, si no se arrepienten
antes los señores diputados. Lo cierto es que han pasado casi 365 días desde
que la iniciativa fue enviada al Congreso local firmada por el mismísimo Gabino
Cué Monteagudo, que después de eso nada “movió” para promover, cabildear,
consultar o hacer eso que la costumbre dicta entre quienes “representan” a la
ciudadanía, eso sí, aclaro, bajo lo intereses partidistas y personales, dicho
en otras palabras, Cué dejó que la iniciativa siguiera un largo y tortuoso
camino, lleno de prejuicios y condicionamientos propios de la estructura
patriarcal que persiste en el siglo XXI y en eso que llaman pomposamente el
“año de la no violencia contra las mujeres” esto también en Oaxaca.
Un “avance” con graves retrocesos al quedar fuera algunos
delitos planteados en la iniciativa presentada hace un año y la exclusión, por
ejemplo, de las medidas y órdenes de protección que fueron
eliminadas, a pesar de que éstas podrían en algunos casos reducir el riesgo de
asesinato de mujeres, experiencia que hemos vivido en más de una ocasión en
Oaxaca. Por otro lado, coinciden organizaciones civiles consultadas, no está
mal el tratamiento que finalmente acordó la diputación al caso de feminicidio, más
aún cuando las reformas son profundas en los códigos respectivos.
La iniciativa entró al congreso local el 11 de agosto de
2011. Hace un año, buscaba no sólo considerar como delito al feminicidio sino
también incluir como tales la violencia familiar y la violencia obstétrica.
Pero tal parece era demasiado y quienes integran las comisiones de
Administración de Justicia como de Equidad de Género optaron por no hacerse
bolas, no meterse en camisa de 11 varas y en un año de trabajo “arduo”, “muy
sesudo” e incluso “muy agotador” el dictamen ya está listo, pero sólo en cuanto
al tema del feminicidio, lo demás tendrá que esperar hasta que aparezca la
inteligencia y sobre todo se erradique el miedo a grupos de poder bien
constituidos como el de los multimillonarios médicos oaxaqueños y los mal
intencionados sindicatos del sector salud, que exigieron no tipificar la
violencia obstétrica, empezando por el propio titular del ramo, el siempre
enamorado Secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos.
Las razones para no proceder de acuerdo a lo planteado en la
iniciativa son simples. Ya lo explica la misma exposición de motivos del
dictamen de feminicidio como delito. Se comprueba y reafirma el papel de
subordinación, de menosprecio e inferioridad que las mujeres aún tienen en el
imaginario y en lo real de la construcción patriarcal, que como explican las
académicas, reflejan la misoginia y el acérrimo machismo, sólo que ahora se
institucionalizan en el Legislativo.
Sí a su partido y voluntad personal convencen habrá pues
delito de feminicidio en Oaxaca, las otras dos: la violencia obstétrica y la
violencia familiar se irán al cajón de la basura. En el asunto de la violencia
obstétrica no hay duda alguna, en el fondo lo que existe es un conflicto
derivado de la falta de información adecuada y oportuna, pero sobre todo hay
intereses económicos por encima de la salud y muchas veces de la vida de las
mujeres. En el segundo caso, los varones del Legislativo están detenidos,
paralizados, ante la imposibilidad de enfrentar el tema de la violencia
familiar, porque comprobado está que pasa por sus propias historias de
vida. En tanto que las legisladoras
equiparan sus vidas personales, “sus muy exitosas vidas personales” y terminan
por sostener que “sí a ellas no les pasa eso de la violencia familiar ¿cómo es
posible que a otras sí? y están convencidas que a las otras, les pasa por
flojas y por tontas. Así que seguirá vigente esa ley que castiga la violencia
familiar promovida por la brillante diputada petista Hita Ortiz y aprobada por
el resto de sus aún más brillantes compañeras y compañeros diputados. El
resultado es lo que vemos: mujeres detenidas y encarceladas, generalmente mujeres
pobres, porque –indebidamente- golpearon, regañaron o castigaron a sus hijas e
hijos. Sin duda es detestable la
violencia contra las niñas y los niños, es detestable como una forma de
educación y cómo se quiera ver, pero ahora resulta que las mujeres pobres, sin
ninguna posibilidad de nada, son las que están en las cárceles y no quienes se
pretendía debían estar detenidos: los señores que sí castigan, que sí golpean
hasta dejar cicatrices visibles o invisibles en las mujeres y en el resto de
quienes integran sus familias, ellos no son denunciados, a ellos nadie los
persigue a pesar de las cifras que nos ofrecen las propias instituciones y ahí
es donde se nota la desigualdad profunda, que luego termina en violencia y,
peor aún, en la muerte de las mujeres de todas las edades y clases sociales.
DELITO DE FEMINICIDIO
Así que a un año de haber recibido la iniciativa para
tipificar nuevos delitos y al mismo tiempo hacer lo propio en los códigos
penales y procesales, la gente que “trabaja” en San Raymundo Jalpan está por
decidir si aprueba, al menos, el delito de feminicidio y eso no podemos dejar
de considerarlo como un posible paso hacia delante.
La versión del dictamen, cuya copia tenemos en nuestras
manos, señala que asesinar a una mujer tendrá un castigo de 30 a 40 años de
cárcel, es decir, igual que asesinar a un hombre. “Con relación a las penas
privativas de la libertad y económicas que se prevén para el tipo penal de
feminicidio es de señalarse que no se trata de poner la muerte de una mujer por
encima de la muerte de un hombre, si no que el feminicidio se considera un
homicidio de mujer agravado per se por las motivaciones que conlleva y las
circunstancias en las que se da, por ello se aplica la pena de feminicidio de
30 a 40 años, que coincide con el homicidio agravado, sin dejar de lado que no
toda privación de la vida de una mujer constituye un feminicidio…”
Es decir, la pena carcelaria por asesinar a una
mujer o a un hombre es la misma, pero aumentaría en resarcimiento del daño para
el caso de feminicidio. Es curioso pero la razón expuesta para este punto es la
que las y los integrantes de las comisiones involucradas en este trabajo no
aceptaron para las penas carcelarias y se explica con el siguiente párrafo:
“El resarcimiento del daño para
el caso del feminicidio, muestra una cantidad mayor que la designada para el
homicidio por la razón de que una de las características del feminicidio es la
saña y crueldad con la que se comete el hecho o la motivación radicada en el
género de la víctima”. ¿Atole con el dedo? Me pregunto utilizando esa popular
frase porque no veo otra explicación real.
Por otro lado, el dictamen
prevé “castigo diferenciado si entre el activo y la víctima existió una relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato,
relaciones de convivencia, noviazgo, amistad, laboral, docente o cualquier otra
que implique confianza o cuando el sujeto pasivo o activo sea o haya
sido servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública o de
las instituciones de procuración o impartición de justicia o de las fuerzas
armadas, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del
delito”. Entonces como se establece en este dictamen el Artículo 413 del Código
Penal la sanción aumentaría sustancialmente de 40 a 60 años de prisión y multa también.
Las comisiones unidas
coincidieron también en considerar el feminicidio como un delito pluriofensivo
que demanda una tipificación autónoma, por lo que proponen modificar el Título
Vigésimo Segundo del Código Penal, llamado delitos contra la familia y que se
denominaría en adelante como Delitos contra el Derecho a una vida libre de
violencia. En próximas entregas debemos analizar cómo es esta clasificación del
delito de feminicidio y cuáles serán los alcances en relación con las
instituciones responsables de investigar e impartir justicia para las familias
de las víctimas.
En ese sentido hay que reconocer
que las legisladoras y legisladores pusieron el dedo en el renglón porque la
omisión del estado ha provocado esa enorme impunidad en la que hoy mismo nadan
los cadáveres en descomposición por la falta de justicia y que admitieron
entonces la solicitud planteada en la iniciativa firmada por el ejecutivo hace
un año, pero como ya sabemos fue realizada por organizaciones ciudadanas
convocadas por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
No es para menos, aquí lo hemos
planteado y basta con recorrer un poco la cortina para ver con escozor la
ausencia de justicia que empieza por los pésimos métodos de investigación so
pretexto de nulidad de recursos financieros para ejecutar las acciones y que se
traducen –como vemos de forma más habitual de la que deseáramos- en actos de
corrupción policíaca y también de ese intocable personal que está en el
Tribunal Superior de Justicia, amén, claro está de la corrupción de altos
funcionarios, el terrible enriquecimiento ilegal en el que se cae por el desvío
frecuente de recursos públicos para asuntos personales.
De lo que más se quejan las
mujeres y las familias es de falta de
justicia para ellas y hay muchos testimonios en ese sentido, niñas y mujeres
violadas, desaparecidas y asesinadas en una gran diversidad de comunidades
oaxaqueñas sin que nadie haga nada al respecto y ese nadie es la responsable de
realizar las investigaciones: Procuraduría General de Justicia del Estado que
curiosamente brilla por su ausencia, está llena de burocracia y representa para
las familias tocar puertas infinitamente y a veces hasta que se cansan y
desisten porque nadie les hace caso.
Cuando se apruebe el delito de
feminicidio, las instancias responsables de procuración de justicia deberán elaborar
un protocolo de investigación, partiendo del hecho de que todos los asesinatos
de mujeres se deberán investigar como feminicidio y para ello, todavía, habrá
que esperar un año. Así de lenta ha sido la justicia para las mujeres.
LAS
COSAS IMPORTANTES
Hay que observar con mucho
detenimiento y cuidado las razones por las que la Procuraduría General de
Justicia del Estado pretende instituir a la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género
por encima de un Centro de Justicia que se anunció hace ya varios meses con
bombos y platillos. Ha sido la propia Subprocuradora Ileana Hernández quien ha
dado esa explicación a las organizaciones civiles que asistieron a una reunión
en la que explicó cómo operará dicha relación: subprocuraduría-centro de
justicia.
En opinión de las organizaciones
es con qué cara hace estas propuestas la subprocuradora si con su paquete no ha
podido. Sin duda hay mar de fondo. La PGJE acciona esta medida a través de la
ineficiente Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer por Razón de Género
porque en medio hay dinero, unos 25 millones de pesos para empezar. La pregunta
es, Ileana Hernández le hará el trabajo sucio a quienes otra vez buscan manejar
el dinero destinado a procurar la justicia para las mujeres o sólo es un acto
de ambición que la hará terminar sujeta a las decisiones de otros, como lo
dicta su propia experiencia como Subprocuradora, queja que sostiene desde que
era Fiscal: la falta de dinero como elemento sustancial para no poder hacer su
trabajo. ¿Podrá con las dos instancias como pretende?
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