¿Avanza
la democracia?
Eugenia
Mata*
Ciertamente el 1 de Julio un porcentaje significativo
de la ciudadanía ejerció su derecho a votar, ante una gran expectativa de
cambio serio y profundo. Los resultados que arroja el PREP dan una ventaja de
aproximadamente siete por ciento al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el caso de Oaxaca con un 62 por ciento de participación, el voto mayoritario
se lo llevó Andrés Manuel López Obrador.
Pero más allá de los resultados, pareciera que
aquellas prácticas que pensábamos ya eran del pasado, como duplicado y/o robo de
boletas, compra y coacción del voto, entrega de despensas, denuncias ciudadanas
y de medios como The Guardian con respecto a la unidad secreta de Televisa para
la campaña del candidato del tricolor, entrega de tarjetas por ejemplo de
Soriana con 2500 pesos otorgadas por el PRI para la compra de votos y hasta las
boletas de más, como se dio en nuestro Estado de Oaxaca, son una multiplicidad
de irregularidades que hablan de un retroceso enorme a la democracia, porque
pareciera que la voluntad ciudadana tiene un precio.
Si bien es cierto que la participación ciudadana no
se circunscribe al proceso electoral, es un medio ineludible para proponer a
quienes nos gobiernan.
A diferencia del 2006 en donde la distancia fue
menos de un punto porcentual, este siete por ciento no da absoluta claridad del
triunfo, ante las irregularidades antes mencionadas y ante la tibieza de un
órgano electoral (IFE), que fue incapaz de contener todas esas prácticas.
Nuevamente el caso de las casillas especiales
representó un problema, cuando hombres y mujeres no pudieron votar, generando
situaciones de inconformidad y de cierto riesgo, que afortunadamente no pasó a
mayores, pero que habla también de la dificultad que los propios congresistas
ocasionan a la ciudadanía, porque la modificación del número de casillas
especiales solamente puede ser en el COFIPE por el Congreso. Y, ¿quiénes están
en el Congreso de la Unión?, los representantes de los partidos políticos.
Traigo a colación esta pregunta, porque es
importante que nos cuestionemos si de verdad los partidos políticos representan
los intereses de la mayoría de mexicanas y mexicanos. Cuando además vuelven a
repetir las mismas prácticas ilegales y complejizan los procedimientos, las
estructuras y las leyes que tendrían que incentivar la participación ciudadana.
Ante el nuevo gobierno federal que tendremos a
partir de diciembre de este año, no debemos olvidar que el partido ganador tiene
responsabilidad en una serie de agravios como Atenco, la represión en Oaxaca
durante el conflicto en 2006, gobernadores y ex gobernadores bajo sospecha de
estar asociados al crimen organizado, desvío de recursos, criminalización de la
protesta social, que ciertamente no fueron prácticas exclusivas del PRI –no olvidemos
los 12 años de panismo-, pero que si en este proceso electoral hicieron todo
para ganar por la vía ilegal, no tenemos ningún aliciente para decir que habrá
cambios sustantivos en la vida de las y los mexicanos.
En el caso de las mujeres, no se visualizan propuestas
esperanzadoras para modificar sus condiciones de vida, que eliminen la
exclusión y la discriminación de la cual son objeto.
Por ejemplo, en los 10 Compromisos que Enrique Peña
Nieto suscribió con respecto a la Economía Familiar, vuelve a repetir los
lugares comunes, como darle más valor al trabajo (sin explicar lo que eso
signifique), detener el alza de precios en alimentos básicos, bajar la luz, dotación
de útiles gratuitos, becas de transporte, vales de medicina, pensión a adultos
mayores, continuar con Oportunidades y Seguro Popular y la única en donde hace
mención a las mujeres es un Seguro de Vida para que los hijos estén protegidos
si ellas llegan a faltar.
Es decir, todo en función de la “familia”, o sea de
los otros y no tomando en cuenta las necesidades concretas y situaciones
específicas de las mujeres. No existe en los 264 Compromisos que suscribió
ninguno dirigido específicamente a las mujeres. Llama la atención que la
mayoría de estos compromisos establecidos están en torno a infraestructura,
caminos o en la continuidad de los programas ya establecidos, que si bien
pueden ser necesarios, no atienden lo sustantivo en la condición de las
mujeres.
Esta falta de perspectiva de género es obvia cuando
se menciona a las mujeres cumpliendo los roles tradicionales y no en la
generación de acciones afirmativas a favor de ellas, tanto para modificar las
brechas de desigualdad de género, en relación al trabajo, la salud, la
educación, un alto a la violencia que viven y la generación de condiciones para
participar políticamente.
Habrá que exigir que este gobierno no repita ni los
errores de las dos administraciones pasadas, pero tampoco las que cometió
durante los años en el poder. Ojalá este concepto del poder sea utilizado para
servir a la población y no como ha hecho por tantos años, para servirse.
*Directora de Iniciativas para el Desarrollo de la
Mujer Oaxaqueña y consejera ciudadana de la DDHPO
