Palabra de Antígona
México: El Aborto en el Distrito Federal
Sara
LOVERA
Cientos de
denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y decenas de escenas de
violencia callejera, en la que participan delincuentes, miembros del Ejército y
distintas policías, son reportadas a diario en nuestros medios de comunicación;
las cifras de muertes evitables por cánceres femeninos, embarazos y tortura a
manos de sus maridos, también son el pan de cada día.
Todos estos
hechos que nos debieran dejar impávidas, rodean
las campañas políticas que a los opinadores les parecen aburridas y sin
fondo. En este contexto, en el Distrito Federal el 24 de abril es, a pesar de
esta sociedad puritana y paralizada, un día memorable y emblemático,
recordaremos cuando en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas desde la
concepción, y desde entonces las fuerzas reaccionarias y misóginas han
conseguido incluir en 18 constituciones estatales el reconocimiento
de la vida legal del feto desde la concepción.
Las
consecuencias de estos hechos, con la complicidad de legisladores y
legisladoras locales de todos los partidos políticos -lo que es lamentable-,
van desde la restricción para distribuir anticonceptivos, limitar la legal
anticoncepción de emergencia hasta el encarcelamiento de muchas mujeres
acusadas incluso de homicidio, lo que ha generado una respuesta organizada de
militantes feministas.
La persecución,
no obstante continúa, las cifras y circunstancias resultan hasta ahora
inasibles. Puede decirse que las mexicanas vivimos restringidas en nuestros
derechos sistemáticamente, encima se nos reprime y persigue. En cambio el
crimen verdadero, la violencia contra las mujeres, la ilegalidad de los partidos
políticos al no respetar ni sus leyes internas ni las que se mandatan y obligan
por ley, hace de la impunidad una circunstancia mayúscula.
A cuenta
gotas sabemos de apresamientos por aborto, injustificados y mañosos que dan la
vuelta a la ley, con la complicidad de personal médico. Principalmente, jóvenes
mujeres han enfrentado cárcel, persecución, y sentencias de hasta más de 20
años de cárcel, existen expedientes abiertos, en Veracruz, Baja California, San
Luis Potosí y sobre todo en Guanajuato, sin que las buenas conciencias se
alteren.
Nadie sabe a
ciencia cierta cuál es el número de abortos inducidos en un país donde se
practican en la clandestinidad y viven una sistemática restricción por ley,
según dice el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), al
advertir que durante décadas se han utilizado distintas técnicas para medir la
cantidad de abortos clandestinos, datos confusos, no verdaderamente
científicos.
Sabemos,
porque hace años que se hace investigación, que las instituciones privadas y
públicas registran sólo parte de la información o en ocasiones ninguna, dice
otra vez GIRE, porque se les registra como espontáneos o "sin
especificar".
También ello
se debe a que muchas mujeres se niegan a admitir que se han practicado un
aborto; el personal de salud no suele reportar como tales los abortos inducidos
y existe temor a las implicaciones legales.
Una cosa
llama la atención, el proceso en contra de las mujeres es tremendo en los
estados de la República y no puede esperarse un cambio porque quienes toman o
quieren tomar decisiones, no toman posición alguna, antes al contrario.
Datos
reveladores en San Luis Potosí, son ejemplo de lo que está sucediendo,
como para preocuparnos. La Procuraduría de Justicia informó al diario Pulso de
aquella entidad, que son muchas las mujeres denunciadas, podríamos suponer que
por médicos: 17 en 2009; en 2010 otras 15 y el año pasado 11. En total sumaron
43 las acusaciones en tres años. Del total de las mujeres acusadas seis fueron
procesadas, tres de ellas en 2009 y otras tres el año anterior.
De la media
docena de procesadas, dos fueron sentenciadas. Una fue absuelta y la otra
condenada a 20 años de prisión. Se trata de una joven soltera de 20 años de
edad, con estudios de bachillerato. Eso ha sido posible, porque el
artículo 16 de la Constitución Política de esa entidad refiere que en San Luis
Potosí se reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos
humanos, “por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la
concepción”.
Pero no
sabemos qué pasa con la práctica del aborto, solamente en el Distrito
Federal a partir de 2007, cuando se aprobaron las modificaciones al Código
Penal y a la Ley de Salud del D.F., que permitieron la despenalización
del aborto hasta la semana 12 de gestación, se ha conseguido obtener un
flujo de información más preciso, transparente y con datos consistentes.
La opinión
guardiana de "las buenas costumbres" decía se iban a disparar las
cifras, pero las cifras son evidencia de todo lo contrario.
Lo que la ILE
permite es salvar muchas vidas y abrir la posibilidad de que hospitales
oficiales, privados, médicos particulares, pueden realizar una interrupción,
garantizando todos los cuidados.
De acuerdo
con esta información, difundida y ordenada por GIRE, entre el 24 de abril de
2007 y el 29 de febrero de este año, 75 mil 176 mujeres se han practicado un
aborto legal en buenas condiciones. En promedio mil doscientas al año y sólo en
2008, la cifra reportada es de casi 4 mil.
En los Hospitales
de la Secretaría de Salud del D.F. han sido atendidas mujeres de todo el país:
el 73.9 por ciento de esos más de 75 mil abortos son mujeres que viven en esta
ciudad, una de las más pobladas del mundo; al Estado de México corresponde el
22.9 por ciento y, de acuerdo con la información, más de cien mujeres
provenientes de Puebla, Veracruz, Querétaro, Oaxaca y el conservador
estado de Guanajuato.
Cifras nada
espectaculares, si consideramos que hace algunos años se hablaba de medio
millón de abortos clandestinos y hoy, la autoridad reconoce entre 120 y 250
mil, según quien los difunda.
Es importante
saber que las mujeres que se practicaron la ILE en la capital, el 83 por ciento
son católicas, principalmente de entre 16 a 30 años de edad, 52.9 por ciento
son solteras y 45 por ciento tienen pareja (casadas o en unión libre). Es decir,
un grueso volumen de mujeres que ya tuvieron hijos o sus parejas estuvieron de
acuerdo. Tampoco hablamos de eso que decían los conservadores, mujeres sin
responsabilidad.
Es evidente que
la ILE sería una puerta ancha para acabar con el problema de salud pública que
significa el aborto clandestino. Sería un camino que parece todavía lleno de
obstáculos. Quienes aspiran a dirigir el país -candidatos y candidata- no se
comprometen a nada, ni a disminuir la violencia contra las mujeres ni ha acabar
con verdadero compromiso con la discriminación de la mitad de la población, y
mucho menos, a reconocer este derecho de las mujeres para dejar de arriesgar su
vida al acudir a la práctica clandestina del aborto.
A la
candidata y candidatos menos les aflige que muchas mujeres, miles indígenas,
campesinas y pobres, sean perseguidas por las fuerzas carceleras vestidas de
jueces, policías, médicos y ministros del culto que las condenan antes que escucharlas.
Cinco años de
libertad en el Distrito Federal, hace la diferencia, conservar éstas libertades
parece lo más urgente, lo más importante para no perder todas las esperanzas en
un país, calificado como inviable.
saralovera@yahoo.com.mx
