domingo, 22 de abril de 2012


Mujeres y Política

Instituciones sin vergüenza


Soledad JARQUÍN EDGAR
Pasar por encima de quien menos sabe o menos tiene es “normal” en este país. Los medios de comunicación, aún cuando no reflejan toda la realidad social, al menos nos muestran una parte suficiente para darnos cuenta que la premisa del poder intelectual o económico, ya no digamos público o político, sobre la vida de otras personas es cosa cotidiana.

Cuando este tipo de afrentas son personales, sin duda, también son abusos. Pero cuando son servidores públicos e instituciones quienes agreden la libertad, el patrimonio, la salud…los derechos humanos en general de las personas, son aún más terribles, indignan, duelen o debería dolernos como sociedad.

Ahora que los medios electrónicos ofrecen un cúmulo de propaganda política de quienes aspiran a ocupar la presidencia de la República, tenemos poco tiempo para reflexionar sobre la realidad cotidiana, entretenidos entre el que comía natas con pan cuando era chamaco, la que se jacta de ser una buena madre y celadora de familia, y el amoroso contenido (cuidado con la explosión). Sin embargo, la vida sigue y sus complicaciones también.

El país está en crisis y parece que nos hemos acostumbrado ya no duele que en las instituciones se violenten los derechos de las personas hasta el cansancio, que en el país como dice INEGI haya 2.3 millones de personas sin empleo (aunque sabemos que podrían ser muchas más) y sabemos también que la mayoría es gente joven que están parados sobre una sola línea: de un lado sus esperanzas y anhelos desmoronadas por el desempleo o el trabajo mal pagado y la explotación laboral, sin prestaciones sociales, y del otro lado,  la pesadilla del “sueño” americano o las filas de la delincuencia organizada que tiene muchos frentes, aunque las fuentes oficiales digan otra cosas.

Esta semana por ejemplo supimos a través de la red del Pacto Nacional por la vida y la libertad de las Mujeres, que Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida, hasta servidor público en gobiernos del PAN y quien desvió recursos públicos no pisará la cárcel porque después de robar más de dos millones de pesos, el juez sostiene que su peculado no es grave. Pero si visitamos las cárceles vamos a encontrar que en las mazmorras de esos edificios donde todo es gris, hay muchas mujeres y hombres que robaron por hambre. No justifico la acción, pero el desequilibrio entre el poder y el no poder es bárbaro.

Quién no recuerda el caso Serrano Limón, quien siempre moralista acusó a las mujeres que promueven el derecho a decidir de abortistas y criminales, y lo imagino como ventrílocuo moviendo la boca hablando de la vida, en tanto con sus manos desviaba el dinero donado para equipar nueve Centros de Atención a la Mujer (donde por cierto se violenta la libertad de las mujeres).

Pero la justicia  que le ordena 4 años de prisión y le ordena reparar el daño, consideró que desviar casi 2.5 millones de pesos (se acuerdan que se hablaba de que también había comprado tangas con parte de ese dinero) no era un delito grave, por eso cuando “los otros” se roban el dinero o lo distribuyen entre la derecha y la izquierda en maletines, tampoco pasa nada en este país, incluso algunos de esos señores son hoy gobernadores.

Otro hecho que conocimos fue la acusación de acoso sexual por parte del Coordinador General de Comunicación y Proyectos de la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Arturo Zárate Vite, cometido  contra de dos trabajadoras. Ellas por supuesto iniciaron un proceso penal ante la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, pero la renuncia, se explica en una carta que se ha enviado al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.

¿Qué pasó? El acosador renunció librando a la instancia de su responsabilidad laboral y, por otro lado, el visitador Luis García López Guerrero, ante quien las afectadas denunciaron al acosador Arturo Zárate Vite, y ahí el visitador pidió que simplemente lo perdonaran e incluso desestimó las versiones. Y la tercera cosa que sucedió fue el silencio de quienes deben resolver el problema y la respuesta fue el acoso laboral que orilló a las dos trabajadoras a salir de su empleo.

Ver para creer, pero en un país como México donde todo es permisible y la corrupción es galopante, los derechos de las mujeres, son peor que añadiduras. Indignante que todavía muchas mujeres vivan acoso sexual, producto claro está de la educación patriarcal que sigue poniendo a las mujeres como objetos y no como personas, donde algunos señores creen que cualquier mujer puede ser sujeta de este tipo de atropellos a su dignidad e integridad, pero es aún más doloroso que en la CNDH tenga una doble cara ante la sociedad.

Por otra parte, quisiera comentar sobre otra delgada línea, la que se ha inventado entre lo que es posible y lo que no es permisible. Reglas en las que las creencias religiosas tienen cimientos que para algunos parecen, por viejas, indestructibles o inamovibles, suficiente para pasar por encima de los derechos de las otras personas, que al no responder a lo que se ha establecido como “normal” son excluidas y discriminadas.

Es el caso del matrimonio homosexual que levanta ámpula y desgarradura de vestiduras (¿se acuerdan del derecho al voto y la participación política de las mujeres? ¿recuerdan el concepto de mujeres-objeto?) Pues un juez federal emitió la sentencia del juicio de garantías concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Lizeth y Monserrat, y no se aplique como está el artículo 143 del código civil del Estado.

Sin duda, este hecho inquieta a las buenas conciencias. Por un lado, el Congreso Estatal que tiene que hacer la tarea no responde, hace mutis, salvo declaraciones que la verdad tienen carácter personal no de una institución del Estado.  El ejecutivo estatal esquiva su responsabilidad de gobernar y entonces manda a su esbirra, la directora del Registro Civil, la panista Hayde Reyes Soto, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que ordena la inaplicación del artículo 143 del Código Civil del Estado que impedía legalmente la unión matrimonial de Lizeth y Monserrat. Sucederán muchas cosas en los próximo días, seguramente que sí, pero la verdad es que aquí como en los otros casos deberían de prevalecer los derechos humanos de las personas, no las opiniones de quienes nada tienen que decir, como las iglesias y el anacronismo de la derecha.

La próxima semana plantearé aquí algunas de las gracias que todavía comete el personal médico de las instituciones de salud, sin importar la dignidad de las mujeres, peor aún la vida, violaciones que siguen ocurriendo frente a la omisión de 42 diputados locales que tienen miedo de entrarle a la tipificación del delito de violencia obstétrica, el feminicidio y otras figuras que buscan garantizar la justicia para las mujeres, sus familias, sus comunidades.