Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
En el año 27 a. C. se estableció una ficción política en el Imperio Romano que le otorgó a Octaviano el título de Imperator Caesar Augustus. De tal manera, se aseguró el poder manteniendo un frágil equilibrio con apariencia republicana, que de facto pendía de un Senado cada vez más débil frente al poder casi total del princeps. Funcionaba como monarquía dinástica con aspecto constitucional -lo que es conocido como el Principado-.
El Principado es un régimen político considerado como una democracia autoritaria: democracia porque el acceso a los distintos puestos del poder estaba abierto a todos los ciudadanos y autoritario porque el príncipe es el titular de un poder soberano y no estaba sometido a control alguno.
Muchos gobernantes en la actualidad que se presumen democráticos y de convicción republicana se comportan auténticamente como reyezuelos, emperadores o príncipes; el aval de la democracia que toman como bandera únicamente es esgrimido como el origen de su triunfo electoral. “Gané porque el pueblo me eligió”, repiten y se repiten a ellos mismos.
Aun en el caso de las coaliciones, como sucede en Oaxaca, es el protagonismo mesiánico del que se inviste el gobernador como personaje que proclama su soberanía y sus aliados sólo demuestran su carácter de soberano democrático de pluralidad comprobada.
El Principado de Huaxyacac
Como sucedía en Roma antes de Cristo, el príncipe Cué, va absorbiendo el poder de los órganos republicanos, se impone frente la legislatura, decide quién y cómo actuará desde los órganos jurisdiccionales y por supuesto, de las instancias comiciales.
A diferencia de las monarquías, los poderes del príncipe que simulan ser democráticos, los recibe por disposición constitucional; norma jurídica que como lo hizo Gabino “El Hermoso” puede modificar desde sus plenipotenciarios emisarios legisladores, a quienes dispuso, por supuesto de manera democrática –ya que en su mayoría son de la plebe- y fueron en su momento ratificados por el pueblo.
Las atribuciones del joven Príncipe Cué, como en Roma hace 25 siglos, le permiten dirigir de manera absoluta la política exterior, poder declarar la guerra o concretar la paz; disponer y hasta distribuir el Ager Publicus, conceder la ciudadanía, dictar decretos de carácter general o particular y hasta designar candidatos a las magistraturas recomendándolos para desempeñar determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política, con lo que se altera el Cursus Honorum, implicando neciamente privilegios, conductas de corrupción e impunidad.
En el imperio romano esto sucedía como resultado precisamente del carácter imperial de entonces y el ilimitado ejercicio del poder político, su permanencia que les significaba el control emblemático territorial propio de su estatus nación-imperio.
Gabino Cué, en su posición de príncipe, gobierna Oaxaca utilizando a la medida su potestad censoria: poderes y atribuciones de censor, que implica facultades de valoración ética y de fiscalización purificadora de la vida ciudadana. Califica sin recato las actividades ciudadanas y desde su trono decide quien vive y quien debe pasar al cadalso.
Es por supuesto un lenguaje figurativo, ya que ni en los tiempos romanos era utilizada la pena de muerte, que les significaba barbarie no digna de un gobierno “democrático”. La política de la paz y el progreso sólo aplica represión de baja intensidad: ni los veo ni los oigo.
Desde su soberbia autoritaria, como Augusto, se atribuye la Potestad Tribunicia, referente a los Tribunos, que eran cargos otorgados a los diferentes grupos de la plebe, que constituía la tercera clase ciudadana. La segunda estirpe la formaban los militares; los patricios pertenecían a la alcurnia y los representaban los cónsules.
Los tribunos de la plebe surgieron como contrapoder de los cónsules, para defender a los plebeyos. En un principio se elegían por sufragio de las tribus, que exigían magistrados plebeyos que hicieran valer sus canonjías de grupo frente a los privilegios de los patricios. De esta manera se fortalece al tribunado y el Príncipe alcanza mayor legitimidad. Con el tiempo esa relación se pervierte por el excesivo poder de los tribunos y la cada vez menos representación de la plebe.
Es ahora como antes, a fin de cuentas, que el principado refuerza su poder aprovechando la necesidad e ignorancia de la plebe y la ambición de quienes dicen representarlos. La complicidad del príncipe con aliados se robustece con la impunidad institucional.
El derecho de imperio del príncipe se traslada a los tribunos dóciles obsequiándolos con protección especial de carácter sacrosanta que permitía a sus tribus alcanzar los beneficios políticos y socioeconómicos para solventar, entre ellas, una constante competencia de poder y prebendas.
Pensemos en los grupos aliados al príncipe Cué como los tribunos de entonces, igual que antes extienden su poder a partir de su cercanía y halago, ponen en jaque la maquinaria del Estado a pesar de formar parte de él. Las tribus ahora son los partidos y sus grupos que cobran al príncipe su alianza con programas y acciones para sus representados lo que les implica control y manipulación de sus huestes con fines de lucro y electoral.
Los tribunos no tenían la consideración de magistrados romanos, por lo tanto no eran aptos de las curules reservadas a los magistrados, estos cargos pertenecían a los patricios. Ellos sostenían la permanencia y continuación del principado como la élite política y social que daba cuenta de sus privilegios de clase.
El principado históricamente comienza a decaer cuando los tribunos plebeyos destacan políticamente por su amplio poder, relegando a los patricios; por eso Augusto decide imponerse a través del senado la tribunicia potestas, adjudicándose los poderes de los que algún día fueron sus grandes aliados.
En una óptica análoga, el príncipe Cué se encamina formando un consejo de notables magistrados, patricios que funjan como resguardo político del principado de Huaxyacac, que refuercen el gobierno de clase.
Por un lado, es cada vez más notoria la actividad paralela de los grupos aliados pertenecientes al PRD, PT, PC y de las organizaciones sociales que pretenden vigorizarse política y económicamente, argumentando su derecho de tanto, que debe ser -según estos grupos- pagado con puestos, recursos y espacios políticos.
En contraparte, la aristocracia que acompaña al príncipe Cué reclama su primacía de clase y le exige respuestas que pongan a cada quien dónde le corresponde: retirar concesiones a la plebe y recuperar los espacios que estratégicamente les habían prestado, para alcanzar un gobierno democrático e instalarse como poder soberano. Tal vez la rancia aristocracia que se perfila -patricia y arrogante-, permita como bufón una cara sucia danzando alrededor del príncipe.
¡Viva el príncipe!
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