Soledad JARQUÍN EDGAR
La violencia está instalada en México. Lo sucedido en Veracruz nos debe llenar de indignación y terror, más miedo que nunca, más indignación que antes y al mismo tiempo la parálisis permanente.
Aunado a ello, se desploman los mercados bursátiles del mundo lo que genera incertidumbre entre la población mexicana, golpeada por una elevada pobreza que pega directo en cada hogar del país, familias que por supuesto no pertenecen a la clase privilegiada: la clase política, la única con salvoconducto para “vivir mejor”.
Me angustia ver cómo funcionarios de primer nivel siguen culpándose unos a otros, lo que es cierto es que la responsabilidad de lo que hoy vivimos es una larga cadena de malas conductas, de ejercicios de poder excesivo y por supuesto de ambiciones desmedidas, todo lo cual inició hace algunos años. Escuela de los que gobernaban antes y que perfeccionaron, con rapidez inaudita, los hombres de las camisas azules y las manos negras, parafraseando a Ana Lilia Pérez, autora del libro del mismo nombre que nos revela la corrupción en PEMEX.
Unos facilitaron el crecimiento del narcotráfico, haciéndose de la vista gorda, como decimos en este país; otros impidieron la aplicación de la justicia con acciones incorrectas de investigación. Omisiones que generaron un caldo hediondo y profundo de podredumbre, provocando lo que vivimos: la impunidad total y la incertidumbre sistemática. Y en medio de todo, la ocurrencia de una guerra.
La gravedad de estos hechos es lo que vemos todos los días, saldos rojos, rojísimos por la sangre que se esparce en calles y carreteras, en comunidades pequeñas o las capitales en las ciudades más importantes del país. Nadie se escapa. Pero tampoco tenemos ninguna respuesta de las instituciones.
Hace muy poco tiempo decíamos que el narcotráfico tenía en jaque a las entidades del norte, algunas ciudades turísticas como Acapulco y Cancún, el resto vivía una paz sostenida con alfileres, pues los problemas sociales estaban siempre presentes en muchas entidades del sur y sureste del país: pobreza, migración, trata de personas, falta de inversión en el campo, el crecimiento de la dependencia alimentaria, despojo de la riqueza natural a las comunidades y muchos etcéteras.
Esta semana, hubo otra noticia, un hecho inesperado nos recordó uno de esos episodios lamentables y lastimosos de la historia reciente mexicana, esa que produce daño social, dolor colectivo, la matanza de 32 mujeres y 13 hombres en el campamento los Naranjos, comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas, un 22 de diciembre de 1997, acto salvaje e inhumano que habrían perpetrado grupos paramiliatares priistas.
Quién puede olvidar esa indolencia, esa afrenta que se colmó de impunidad, siempre desgarrador, totalmente excesivo, con tintes de exterminio contra un grupo indígena acosado, fastidiado, expulsado de su propia tierra. Un hecho que en menos de tres lustros parecía cubierto por el polvo del olvido. Sin embargo, la noticia es la demanda que en Estados Unidos se presentó contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por omitir una advertencia.
Zedillo, hoy flamante catedrático de la Universidad de Yale, en el vecino país del norte, afirma que la acusación es una calumnia. Es más plantea la posibilidad de una venganza en su contra (¿Salinas detrás?). Las Abejas y familiares de las personas asesinadas señalaran que de ahí no salió esta propuesta de demanda, pero tampoco ven con malos ojos la posibilidad de justicia. Los abogados –que buscan la reparación de daños por 50 millones de dólares- de quienes lo demandan sostienen que existen pruebas contundentes contra el ex mandatario. La demanda se presentó en Connecticut porque es la entidad norteamericana donde vive Zedillo. Quizá como dice el obispo Raúl Vera, tal vez fuera del país haya justicia.
No se conoce el nombre de los demandantes, ya lo sabremos, lo importante es que esa acción despierta algo que en México parece estar dormida: la esperanza de justicia. Pero sabemos que respira. Y le recuerda a quienes hoy nos gobiernan y nos han gobernado que nos queda dignidad en México. La acusación contra Zedillo es parte de la memoria que aún está despierta, parte del dolor que aún respira, es parte de esa memoria rota por la violencia.
Es también un mensaje para los servidores públicos de todos los niveles y colocados en todos los escalones, pues a pesar de todo, la población mexicana o alguna parte de ella, tiene una gran intolerancia hacia la corrupción y un enorme rechazo a la impunidad, a la corrupción de quienes permanentemente violentan los derechos humanos y pretenden arrebatarnos los sueños de libertad, de justicia, de vivir en un país en paz y en igualdad de condiciones.
Que sirva, entonces este momento, para que los gobernantes de hoy, y los políticos ocupadísimos en la contienda electoral que todavía no empieza descuidando así sus tareas de gobierno, de servicio a la gente, para que pongan sus barbas a remojar. No es simple ni sencillo llegar a sus conciencias, debemos tener paciencia y darle tiempo al tiempo.
Avances y retrocesos
El libro Usos y Costumbres y Ciudadanía Femenina, de la doctora Verónica Vázquez García, presentado en el IISUABJO por especialistas Gloria Zafra, Jorge Hernández y Jaime Martínez Luna, es una forma de dar voz a las 18 presidentas municipales que por este sistema político ha habido en Oaxaca entre 1996-2000. Sobresalen las historias de esfuerzo de estas mujeres que cambiaron el devenir de sus poblaciones en medio de mucha violencia –considerando que el 40 por ciento de ellas no concluyeron-, es también un breviario de aprendizaje sobre cómo gobernar, según explicó la propia autora, quien es investigadora del Colegio de Postgraduados.
En el acto en el que estuvieron presentes un número importante de ex presidentas municipales que relatan sus procesos en el libro de la doctora Verónica Vázquez García, fue notoria la ausencia de la diputada Eufrosina Cruz, quien aunque no fue presidenta de Santa María Quiegolani, en el texto de más de 300 páginas se incluye su experiencia. El reclamo sobre su ausencia vino de una de las ex presidentas quien de pasadita dijo también que era notoria la ausencia de las funcionarias del gobierno del cambio y en especial de aquellas que tienen que ver con los asuntos de género, sin duda tenía razón.
Y justo el viernes cuando se presentó este libro, con preocupación leímos que en la población de San Antonino Castillo Velasco, la asamblea general de esa población acordó la destitución de Natalia Santiago Matías como presidenta municipal. A la munícipe se le acusó de “falta de transparencia” en la aplicación de 17 millones de pesos del presupuesto de 2011, año que por cierto todavía no termina. En realidad, esta acción se suma a las resistencias patriarcales para que las mujeres gobiernen.
En Oaxaca, este ha sido un año difícil, están pendientes los casos de Evic Julián Estrada, destituida como presidenta municipal de San Juan Lalana Choapam y de Evitelia Pacheco Ramírez, integrante del cabildo de la comunidad de Emiliano Zapata, a quien la agredieron y encarcelaron, y peor aún, amenazaron con quemarla viva.
En estos casos como en otros que se han sumado en la historia local, la violencia está presente sólo por una razón: el hecho de ser mujeres. Las resistencias al cambio siguen manifestándose. La investigadora y las propias ex presidentas sostienen que después de un gobierno encabezado por una mujer las cosas no pueden ser iguales y que cuando esto avanza ya nadie lo detiene. El problema es que de la grave violencia y de los hechos aún pendientes en la tienda de enfrente nadie se entera.
Por cierto, realizamos un recuento más minucioso de los asesinatos de mujeres en Oaxaca en los últimos 11 meses, entre diciembre de 2010 y este mes de septiembre, debemos corregir la cifra: van 65 mujeres asesinadas, sí leyó bien: SESENTA Y CINCO.
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