Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
La alternancia política electoral no implica, por sí misma, la transición democrática, mucho menos cuando es resultado de una coalición de fuerzas partidarias sin claridad ideológica ni coincidencia programática, todo lo contrario, la débil alianza entre derecha e izquierdas, mas los actores políticos que no ostentan ideología alguna (chambistas), no han podido definir un perfil determinado, lo que lesiona la representación y confunde la perspectiva de las acciones y políticas del gobierno.
A menudo la “transición democrática” suele confundirse con la “alternancia”; pero son cosas distintas. La transición es el paso de una dictadura –militar, ideológica o de partido- a un régimen plural, en concreto, de un sistema político a otro. Alternancia, en cambio, es el paso de un partido a otro en el poder, sin que implique cambio de sistema, como los que ha habido en México, desde el 2000 en el ámbito federal y algunos otros en el local. Este el caso de Oaxaca.
Las transiciones democráticas de gran envergadura ocurrieron en el mundo contemporáneo, entre 1945 a 1990, por lo que es muy reciente el estudio formal de este fenómeno político; sin embargo, las teorías que se han desarrollado al respecto coinciden en que la transición democrática reviste tres características fundamentales: que respondan a condiciones y “pactos” locales; que sea rápida y que sea exitosa. Lo que significa, a contrario sensu que si los procesos políticos no responden a pactos o son lentos, o no culminan con éxito visible y reconocido, serán cualquier cosa, menos transiciones democráticas. En concreto un gobierno de transición no puede, por definición, ser permanente.
En efecto, Oaxaca, sin duda vivió una clara alternancia, consecuencia de un legítimo proceso electoral, resultando un cambio de partidos en las estructuras jurídicas-políticas, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo y gobiernos municipales; pero la alternancia no ha trascendido hacia un verdadero compromiso republicano y no se reflejan cambios sustantivos en el ejercicio democrático del poder, en la conducción política y en la adecuación de las instituciones que norman la relación entre los poderes y entre autoridades y ciudadanía.
Las acciones hasta ahora sólo se traducen en eventos mediáticos que reflejan más la necesidad de reconocimiento protagonista de la figura de un personaje: El Gobernador, con pronunciamientos muy amplios y generales que no han podido servir para definir un perfil determinado, que sigue sin establecer las líneas programáticas del gobierno por la paz y el progreso.
El instrumento que en principio tendría que plasmar los nuevos paradigmas de desarrollo que den rumbo a tan aludido cambio que marcara las pautas de certeza hacia una verdadera transición democrática, tendría que suscribirse clara, precisa y contundentemente en el Plan Estatal de Desarrollo, que en el caso de Oaxaca, fue aprobado por el Congreso local fuera de los tiempos legales y apenas alcanzando una mayoría simple, lo que por supuesto le resta legitimidad a la planeación de procedimientos, mecanismos, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las acciones y políticas públicas hacia el desarrollo de la entidad.
Un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo, que diseña instrumentos permitiendo un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, con la finalidad de incrementar el bienestar de la población, guardando armonía y coherencia con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo.
El éxito del Plan de Desarrollo, además, debe justificar su pertinencia en tres aspectos centrales:
Coherencia interna: en el plan, los objetivos y metas de desarrollo deben corresponder con los problemas identificados.
Evaluabilidad: el plan debe ser evaluable para que la administración y que la ciudadanía identifiquen el avance del cumplimiento de los objetivos.
Viabilidad: el plan debe contener metas realizables; es decir, que estén respaldadas con recursos legales, humanos, administrativos y financieros.
El análisis de estos tres aspectos busca respuesta a interrogantes: ¿Los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo dan soluciones a los problemas centrales? ¿Se pueden medir los resultados que se esperan alcanzar? ¿Las metas propuestas son realizables? ¿Las acciones estratégicas como objeto de intervención de la administración durante el periodo de gobierno, consideran las coberturas mínimas señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo?
Un gobierno de alternancia es políticamente diferente en lo que a planeación corresponde, el grado de dificultad aumenta cuando además debe consensar con las diferentes fuerzas políticas que lo componen, tal es el caso del gobierno de Oaxaca, cuya alianza atípica conflictua los acuerdos cruzados por la lucha de espacios de poder, más que la confrontación ideológica.
El Plan Estatal de Desarrollo, de un auténtico gobierno de transición democrática, debería contener enunciativa y descriptivamente el nuevo modelo territorial que condicione las relaciones económicas distributivas, modificando sustantivamente la calidad de vida, socializando los bienes, permitiendo a corto plazo cohesión social e impacto ambiental.
En Oaxaca, ésta visión dinámica de desarrollo socio-económico no se incorpora en la planeación de Estado, como un proceso consensuado. Refiere exhaustivamente el diagnóstico como trabajo de recopilación de sucesos, careciendo de análisis socio-político, dejando a una institución universitaria de abolengo, la proyección de estrategias y acciones que desarrollan con frívolos argumentos metodológicamente “impecables”.
Este documento, el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, contiene diversas deficiencias de forma y de fondo. Comenzando por la implícita permanencia en el modelo socio económico suscrito en el neoliberalismo, que concentra mayores recursos, inversión y programas de crecimiento a las regiones del estado con mayor perspectiva macroeconómica y de más alcance empresarial, favoreciendo el desequilibrio que durante décadas ha mantenido regionalizada la pobreza en las zonas de menor concentración poblacional y desarrollo económico.
Los grandes sectores poblacionales que se encuentran en absoluta desventaja jurídica, económica, social e institucionalmente, como es el caso de los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes, sólo encuentran sistemáticamente objetivos inalcanzables por la visible ineficacia de las estrategias planteadas, que redundan en la retórica de los buenos deseos y no determinan funcionalmente su inserción en el crecimiento democrático de la entidad.
La defensa aislada del ambiente es una batalla perdida, no se enfatiza la necesidad de compatibilidad del ambiente con la calidad de vida y el desarrollo. El modelo político institucional que plantea el multicitado documento, resulta insulso y deficiente, dentro del cual la población es receptora de planes, programas y proyectos que no están articulados con su problemática particular.
No hay un mecanismo que incorpore la ciudadanía al proceso de toma de decisiones, situación que seguirá contribuyendo a la existencia de una gestión gubernamental que permanece vertical.
Paralelamente, las instituciones han obviado los mecanismos e instrumentos de control y regulación de la función burocrática, imposibilitando una retroalimentación que haría posible reformular los planes y programas para articularlos con las necesidades de las regiones.
En la institucionalidad pública se presenta una débil estructura orgánica, que se acentúa por el manejo centralizado en la toma de decisiones y se institucionaliza una escasa participación de la comunidad en la gestión de asuntos públicos.
Asimismo, reviste una carencia de estructura jurídica estadual, que modifique la persistencia de la cultura clientelar partidista en la toma de decisiones y la falta de formación de servidoras y servidores públicos en los nuevos procesos democráticos de la publicitada ciudadanización del gobierno.
En fin, a decir de los y las legisladoras del congreso local “esto del Plan ya salió como haya salido”; si el procedimiento violó la ley ya ni modo. Ahora habrá que esperar que los planes regionales contengan más claridad en lo que a acciones indicativas se refieren, considerando que los ejes prioritarios para el desarrollo de Oaxaca “sólo son 37”.
Ver para creer.
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