Soledad JARQUÍN EDGAR
Combatir la violencia contra las mujeres no es un asunto que se resuelva con buena voluntad, discursos floridos y encendidos en fechas conmemorativas, y loables intenciones, requiere mucho más que eso. En Oaxaca faltan mecanismos legales que eviten la impunidad, tanto de los agresores como de las instituciones, cuyos casos abundan. Se necesitan –se ha dicho- sensibilizar a los servidores públicos en los ámbitos de los poderes ejecutivo y judicial, también.
Por otro lado, es indispensable generar una nueva conciencia social encaminada a la apropiación, por parte de las mujeres, de sus derechos humanos y vivir libres de violencia, como una primera garantía que el Estado-gobierno y que por tanto está más que obligado a cumplir.
¿Sabe usted que para enfrentar el problema de la violencia, en Oaxaca se recibirán apenas el cuatro por ciento del dinero que se le destinará a algunas de las “organizaciones sociales” dirigidas por supuestos “líderes”, que en realidad son vividores amamantados por la ubre de un sistema político que a pesar del cambio subsisten?
¿Qué significa cambiar este sistema? Sencillo y fácil: se requiere que los varones cambien sus actitudes, conductas y todo comportamiento que parte del pensamiento inhumano que aún permea todos los ámbitos sociales: el sistema patriarcal, que como señalan las expertas está inscrito aunque no escrito en la estructura social. No existe ninguna supremacía masculina sobre la femenina, hombre y mujeres son diferentes en lo biológico no así en sus derechos.
Resulta inadmisible para toda comunidad que la violencia siga impactando en la vida de las mujeres, los datos no mienten. En los últimos siete meses han sido asesinadas 47 mujeres en Oaxaca, varios cientos han sido víctimas de la violencia por parte de sus parejas y la violencia sexual es una constante en las historias de vida de cientos de niñas y mujeres, lo que resulta aberrante.
Aunado a ello, las mujeres siguen reportando los más bajos índices de educativos, las cifras señalan que 23 de cada cien mujeres en Oaxaca aún no saben leer ni escribir, es decir, son analfabetas; en política la desproporción de mujeres-hombres es abismal, menos del dos por ciento de ellas ocupa un cargo de gobierno, en tanto que el resto son varones. Sólo el 37 de cada cien personas que ocupan un cargo en la función pública son mujeres. Sólo 44 municipios, de 570 que hay en Oaxaca, tienen instancias municipales de la mujer y no existe ninguna instancia pública estatal que salvaguarde a las mujeres que sufren violencia y todo lo que esto implica.
Estos datos nos muestran que existe un problema de desigualdad entre las mujeres y los hombres, que como vimos arriba termina con su existencia, es decir se configura lo que Marcela Lagarde llama feminicidio, porque se trata de vidas humanas que se terminan de forma violenta y que pudieron ser prevenidas, ahí la responsabilidad del Estado, por eso la antropóloga y feminista insiste que ante esa desatención, el feminicidio se convierte en un crimen de Estado. El problema que decía antes no se resuelve sólo con buena voluntad, se requiere más, mucho más, insisto porque tal parece que no se entiende. El presupuesto que se destina para atender la problemática de género es minúsculo, no así el dinero que se emplea en la asistencia social, lo cual, otra vez, reduce la existencia de las mujeres a un ámbito de vulnerabilidad, el de las “pobrecitas mujeres”.
Lo indignante es cómo por años y años a las mujeres se les regatean los recursos que permitan buscar soluciones de conciencia, de educación y que impulsen una nueva cultura social encaminada a terminar con la violencia que los varones ejercen contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres.
Así, en tanto el Instituto de la Mujer Oaxaqueña enfrenta el problema de tener menos personal y menos presupuesto en comparación con la administración anterior, lo que significa un retroceso, las organizaciones políticas recibirán este año más de 300 millones de pesos. Estoy hablando de organismos como el MULT, UGOCP, FALP, COCEÍ, ACO, FODO Y FOSDI, todas ellas dirigidas por hombres, incluso algunos de ellos son hoy diputados locales o funcionarios públicos.
La información que se dio a conocer esta semana (El IMPARCIAL/12 Julio 2011/Humberto Torres) enciende otra vez las alarmas porque se trata de organismos que exigen dinero al gobierno para la aplicación de programas, se responde a intereses de grupos, pero que generalmente esa gente que sirve de presión, nunca o casi nunca, recibe los beneficios. Peor aún, en tiempos del cambio, la transparencia y la democracia, nadie fiscaliza la aplicación de ese dinero público.
Eso sí, es común observar que en plantones y marchas, sean las mujeres quienes encabecen las movilizaciones, aunque de ellas, de sus problemas, sus demandas, no tengan ni la menor idea, los dirigentes como Gabriel Hernández, Uriel Díaz Caballero, Rosalindo Castro, Germán Mendoza Nube (ex dirigente magisterial), Alberto Reyna Figueroa (ex diputado local), Leopoldo de Gives (ex diputado), Pavel López (diputado del PRD), Oscar Cruz (Subsecretario General de Gobierno y Desarrollo Político), Lenin López (Subsecretario de Agronomía), Jesús Romero (Ex Diputado) Javier Villacaña (Diputado del PRI) entre otros.
Es indignante, sin duda alguna, que frente al grave problema de la violencia contra las mujeres lo que menos existe es un verdadero presupuesto a pesar, reitero, de los encendidos y alentadores arengas que se escuchan por acá y por allá, en la voz de toda la clase política, dinero y voluntad política parecen incompatibles cuando se trata de las mujeres.
Tan sólo este año, se ha hecho público, estas organizaciones político-sociales recibirán 325 millones de pesos, pero si se trata de las mujeres, si se trata de impulsar políticas para sensibilizar a la población en general sobre los alcances de construir una sociedad diferente, con igualdad real y no discursiva entre mujeres y hombres, no hay recursos y lo digo a ciencia cierta. El IMO tiene sólo 13 millones de pesos (de programas federales) para realizar esta tarea, es decir, el 4 por ciento del total de recursos que se darán a esas organizaciones y que lo sabemos no llegan a la gente.
Ya lo señalan los organismos internacionales, la violencia contra las mujeres no sólo impacta en el Producto Interno Bruto de las naciones, también detiene el desarrollo, genera pobreza, pero sobre todo, y lo más importante imposibilita a las mujeres a disponer de su ciudadanía y en los casos más extremos y los que tendríamos que lamentar como humanidad, es que esa violencia machista termina con sus vidas.
Es sólo cuestión de trocar el panorama. Imaginemos los resultados que se obtendrían si se pudieran destinar, de manera sistemática, campañas de concientización y educación, sobre una nueva cultura que posicione a las mujeres como verdaderas humanas, como verdaderas ciudadanas. Todos los días, por todos los medios, las mujeres (parafraseando una campaña que alguna vez realizamos en la Red Nacional de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe) y su derecho a vivir sin violencia, a la atención médica, a la educación, a la participación política y al trabajo digno, sin explotación ni las esclavitud que implica el neoliberalismo o la trata.
Eso cuesta, es más que voluntad política, es más que discursos y en tanto eso no cambie, en tanto se siga pensando que el machismo es una estructura inamovible, seguiremos contando las historias negras que durante los últimos tiempos hemos relatado. Es más que un catálogo de buenas intenciones en un Plan Estatal de Desarrollo, es más mucho más. Es más que repartir el dinero público entre las organizaciones para “desinflar la presión” -que curiosamente resultan un barril sin fondo-; no debemos al menos las mujeres quitar el dedo del renglón para que pronto se vea a las mujeres desde esa otra visión que hoy no pueden visualizar los gobiernos.
Frente a la emergencia del feminicidio, no olvidemos que en los últimos 12 años en Oaxaca han sido asesinadas casi 700 mujeres, se requiere más que buenos y encendidos discursos, más que buena voluntad eso de “queremos pero no podemos”, es indispensable erradicar las políticas de asistencia social que son solo migajas que no resuelven el problema de la desigualdad, incluso, es ir más allá de lo que la burocracia llama “presupuestos sensibles al género”, estamos frente a una emergencia social, y si les importa tendrán que asumir una conducta diferente, dejar de pulverizar el dinero en programitas y entre los barriles sin fondo, concentrarlo en una estrategia destinada a la ciudadanía de las mujeres, es decir, la apropiación y el ejercicio pleno de sus derechos. Así de simple y de sencillo.
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