A Reserva
¿De qué lado estamos?
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Es evidente que la libertad de expresión, de libre asociación y el
derecho de manifestación, así como de libre tránsito y el resto de los derechos
fundamentales no son derechos absolutos, por tanto, están sometidos a la preservación
del orden público. Sin embargo, en una sociedad abierta y libre, la garantía
del orden público no es un bien jurídico absoluto.
En esta disyuntiva hay un elemento que no se debemos perder de vista: el
Estado, que es el garante de todos los derechos y libertades consagrados en la
Constitución y es quien debe actuar sin dar prevalencia a uno u otro derecho, tanto
la libertad de tránsito como la libertad de reunión y asociación, y su
consiguiente manifestación pública, son responsabilidad directa del órgano
gubernamental, que en todo momento debe proveer a la sociedad de las garantías
necesarias para que sus derechos no se vean vulnerados. Ni uno ni otro.
En este sentido es que el gobierno debe adoptar las medidas pertinentes para
posibilitar, tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes
como la protección de derechos y bienes de la titularidad de terceros. Difícil,
cierto pero posible, se requiere de talento y de estrategias eficientes de
concertación y, en su caso, el uso de los mecanismos legales que tiene a su
alcance.
En efecto, en principio estamos ante un derecho indeclinable en una
sociedad democrática, que es de titularidad individual y de ejercicio
colectivo, el derecho de manifestación pudiera parecer la forma más eficaz de
la exposición de las ideas o de “la protesta” y
la “defensa de intereses” generales o sectoriales con publicidad en
lugares de tránsito público, ocasionando conflicto en perjuicio de terceros.
En la actualidad el ejercicio del derecho de manifestación colectiva,
también se ha interpretado como un “cauce del principio democrático
participativo”, principio que por demás se argumenta por los gobiernos de
transición que pujan desde sus campañas por ganar las simpatías ciudadanas en búsqueda
de legitimidad. Esto de alguna manera pone camisa de fuerza para actuar dentro
de la legalidad en aras del bienestar general, considerando, equivocadamente,
que se deben favores electorales que hay que pagar con impunidad.
Aún con los abusos que ha implicado el derecho de manifestación -del que
sin duda es responsable el Estado por las omisiones permanentes que rompen el
Estado de Derecho y las concesiones que como pago de tanto ha otorgado a
sectores como el magisterial en Oaxaca-, causando terribles daños al tejido
social, polarizando a la ciudadanía con encono y rencillas cada vez más
profundas e intransigentes, es imprescindible recordar que para muchos grupos
sociales este derecho de manifestación, es en la práctica uno de los pocos
medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y
reivindicaciones.
Incluso es pertinente recordar que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha insistido en que “la protección de las opiniones y de la libertad de
expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertades humanas”.
Oaxaca como referencia, resulta un caso inédito e inusitado, donde la
experiencia ciudadana está en permanente confrontación en relación a sus
derechos -manifestación y libre tránsito- de manera específica y en términos
generalizados el derecho de manifestación
se asocia ipso facto con el movimiento magisterial.
No hay duda de que en Oaxaca “las manifestaciones callejeras” son una
molestia colectiva que se asume cada vez con menos tolerancia, con indignación
y repudio hacia los gobiernos, tanto estatal como municipal, es evidente que se
altera el orden público y se arriesga la seguridad ciudadana, lo que al parecer
se le olvida a los gobiernos que es el límite del ejercicio de los derechos
constitucionales.
Así el ejercicio del derecho de manifestación ha de ser pacífico y es
contraria a ello una situación de violencia generalizada. Si los sucesos de
Mitla versus Sección 22 no se consideran violentos, entonces ¿qué debemos
esperar?
La prudencia ha estado del lado de la ciudadanía, frente a la indulgencia
abusiva y hasta la promoción del gobierno de grupos políticos fundamentalmente
aliados a la coalición gobernante que de pronto alzan sus banderas para
confirmar sus privilegios y reacomodarse frente al actual proceso electoral.
Claro que el hartazgo in
crescendo hace oír las voces
alteradas y violentas de grupos políticos hegemónicos que atropellan buenas
voluntades, que aprovechan la ocasión
para exacerbar los ánimos pidiendo
incluso a la autoridad administrativa y a sus agentes una represión que
resultaría, sin duda, excesiva e indiscriminada por la ineficiente y abusiva
policía con la que cuenta Oaxaca. Hay que pensarlo, porque eso daría pie a que
se restringiera el derecho de manifestación de quien ahora lo pide, nadie esta
exenta o exento de ser sujeto de golpes, tortura o en su momento detenido
injustamente.
Es el profesionalismo pertinente, la responsabilidad y el tino
democrático de los gobernantes, distinguir y aislar las manifestaciones
violentas o delictuosas, que están fuera
de la protección del artículo 9º de la Constitución.
Ugartechea: enmascarado
Lo que resulta una aberración es la ocurrencia del presidente municipal
de la capital oaxaqueña, Luis Ugartechea, y su campaña denominada: “Quiero mi
ciudad sin bloqueos”, ocurrencia familiar ideada desde la ultratumba panista,
grupo que se encuentra en abierta desventaja, ya fuera el calderonismo y por su
suegro el secretario de gobierno, Jesús Martínez Álvarez, pretendiendo
posicionarse en la clase política gobernante coaligada, donde fue impuesto por
algún tatamandón del PRI y no haya su lugar.
Esta insulsa campaña, aparte de confrontar al otrora amigo y cómplice
político Gabino Cué, pretende legitimar la inacción de su gobierno municipal y
-ahora sí- deslindarse del llamado
movimiento democrático magisterial de Oaxaca, lavarse las manos como
Herodes, cuando Ugartechea fue de los promotores de este movimiento en el
fatídico 2006.
Al parecer esta campaña no ha prosperado a pesar del hartazgo ciudadano. Por
un lado sus firmantes están en el propio gobierno municipal y en la clase
oligárquica empresarial y, por el otro, funcionarios municipales andan
peregrinando en las escuelas privadas recolectando firmas. Y si fueran a las
escuelas de la sección 22 ¿saldrían de ahí?
Como presidente municipal puede promover una iniciativa de buen gobierno
que reglamente las marchas y manifestaciones en la vía pública, en lugar de
ponerse la máscara de ciudadano y actuar como opositor de su propio gobierno
promoviendo firmas ante la inacción gubernamental ¿Qué le pasa?
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