A
Reserva
Mujeres
y Políticas Públicas en la gestión municipal
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
La contribución actual y potencial de las
mujeres al desarrollo político es una realidad, las mujeres en México
participamos en todos los ámbitos y los niveles de la función pública. A
codazos y empujones literalmente. ¿Qué falta entonces? Sólo procesos de
igualdad, condiciones equitativas normativas y estructurales –ya sabemos: los
estereotipos, la familia, los espacios preestablecidos, la violencia de género,
también institucional; el pichicateo de nuestros derechos humanos, incluso los
fundamentales, precisamente como los políticos -que a final de cuentas, han
limitado aún ahora el acceso a posiciones de decisión de carácter público ya
que subsiste una cultura política discriminatoria en el aparato público y no se
diga en los partidos políticos.
Algunas cifras: En los ámbitos públicos y
sociales, políticos, económicos, financieros, académicos y religiosos,
ideológicos, científico-tecnológicos, culturales, militares y de representación
social, las mujeres no alcanzan ni el 10%.
Indicador de la participación de mujeres en
puestos públicos de alto nivel 8.76
De casi 2 mil 500 municipios que tiene
México, sólo 129 son gobernados por mujeres.
El centro de estudios para el adelanto de las
mujeres y la equidad de género en su tomo “la participación política de las mujeres en el ámbito
municipal” (2008-2012) refiere la limitada participación de las mujeres en espacios
de poder y representación política da cuenta, entre otros, de los siguientes
problemas:
a) La persistencia de una cultura política
autoritaria y masculina.
b) La
falta de democratización al interior de las instituciones del Estado.
c) La
baja prioridad de la clase política para resolver los problemas y obstáculos
que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones respecto a los
hombres, lo que refleja una resistencia a integrarlas como sujetos políticas.
d) La falta de una masa crítica de mujeres en
puestos de toma de decisiones y autoridad, lo que les impide traspasar de las
necesidades prácticas a los intereses
estratégicos de género, a fin de transformar la cultura política.
De tal forma que, aun aquéllas mujeres que
logran llegar a ocupar ciertos espacios de poder suelen sufrir aislamiento y
ser excluidas de la toma de decisiones fundamentales, si no cuentan o no logran
obtener el apoyo mayoritario de los hombres.
Generalmente las mujeres son tratadas como
minoría, ignoradas, intimidadas, predominando un ambiente masculino en el que
la competencia y la agresividad son elementos básicos, características que
deben ser desarrolladas por quienes aspiren a formar parte de la clase política con poder para
definir y tomar las decisiones centrales de la agenda pública.
Por ello, es preciso subrayar que las
restricciones en la participación política que padecen las mujeres no están
determinadas por sus cualidades
individuales (aptitudes, personalidad y habilidades personales), sino que son
expresión de una cultura política androcéntrica que realza los valores
masculinos y establece oportunidades desiguales en el ejercicio de la
ciudadanía, cuyo resultado es la tendencia general de una participación
política de las mujeres que se concentra en las posiciones de base, mientras
que las de liderazgo, aquéllas de mayor estatus y altamente valoradas, sean
ocupadas en mayoría por hombres.
Ni duda cabe que la función pública ha sido
el espacio de poder que el patriarcado ha defendido con mas ahínco por lo que
implica el poder de decisión desde el ámbito normativo y el mando como atributo
de imperio que ha permitido determinar las acciones y políticas públicas,
marginando la participación de las mujeres pretendiendo conservar su estatus de
sometimiento a partir de la condición jurídica y social de la mujer y los
procesos demográficos y de desarrollo. Ambigüedad, menosprecio y ocultación
respecto de las mujeres.
El ejemplo más claros en la historia lo
tenemos durante la revolución francesa con Olympe de Gouge al cuestionar la
declaración universal de los derechos del hombre ¿y los de las mujeres? Como
respuesta de “los iluminados” la condenaron a muete en la guillotina.
En México las mujeres no ostentábamos
ciudadanía plena sino hasta 1953, la restricción legal no derivaba de una
prohibición expresa, simplemente no se las nombraba respecto de sus derechos
políticos; por fin después de una larga lucha feminista se modificó el texto
del Artículo 34 Constitucional: “son ciudadanos de la República los varones y
las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los
siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo
son, y tener un modo honesto de vivir”. A todo esto, todavía hay quien afirma
que nombrar en femenino no es trascendente.
E una mayoría de casos, son las mujeres
-cuando literalmente logran colarse en los escaños públicos- las que instan a
los gobiernos a que destinen una mayor proporción de los gastos del sector
público a los sectores sociales, concentrándas en particular en la erradicación
de la pobreza en el marco del desarrollo sostenible, para alcanzar los
objetivos de intensificación del desarrollo social. (Compromiso frente a la
feminización de la pobreza).
Innovar democráticamente, desde los gobiernos
municipales significa readecuar las estructuras de administración, los
mecanismos de interacción con la ciudadanía, y el marco institucional de
gobierno a un nuevo escenario, de tal forma que los resultados sean mejores
tanto en la calidad de las acciones y servicios del gobierno local, como en la
gobernabilidad democrática y en la confianza de la ciudadanía. La fuerza de una
experiencia innovadora está en el compromiso responsable de las autoridades y
en el impacto social de las acciones.
La importancia decisiva de la transición
democrática y la alternancia política reviste posibilidades para introducir desde
el nivel municipal la innovación de la perspectiva de género en las políticas
públicas y la institucionalización de programas de acciones afirmativas, como
medidas dirigidas a remover las discriminaciones existentes y a impedir la
realización de nuevas discriminaciones.
La perspectiva de género en las políticas
públicas locales facilita una nueva forma de mirar y pensar los problemas, las
necesidades y demandas, los procesos sociales y los objetivos del desarrollo
local. Significa, entonces actuar firmemente por y con las mujeres, si con argumentos pero con
la seguridad que dan las alianzas, fundamentalmente con la sociedad civil
organizada, con otras mujeres que respalden y legitimen la representación pública de la o las
funcionarias.
Se requiere cuando menos:
• Una metodología de trabajo a favor del
principio de equidad de género y en contra de la discriminación-subordinación
de las mujeres.
• El reconocimiento de la heterogeneidad de
las necesidades y demandas de la población, considerando las de los hombres y
mujeres sin confundirlas como lo mismo, así como el reconocimiento de las
consecuencias diferenciales de las políticas y programas en la vida de las
mujeres y los hombres.
• La posibilidad de establecer una nueva
relación de calidad entre el gobierno local y las mujeres, que privilegie la
identidad ciudadana de las mujeres, sus derechos humanos y su papel de actores
estratégicos del desarrollo local.
Así la innovación democrática en este sentido
hará una gestión municipal diferente con enfoque de género, solo entonces podrá
lograrse la ampliación real y permanente de las opciones de las mujeres
respecto de su acceso igualitario a las oportunidades de desarrollo, a la vez
que potencia también a las organizaciones sociales bajo sus condicionantes
socioeconómicos, culturales, étnicos, etc., como actores estratégicos de la
política pública local.
La incorporación de la perspectiva de género
en la gestión municipal, y la institucionalización de las políticas públicas en
todas las áreas y componentes de la organización política-administrativa
municipal contribuye a romper barreras culturales y a redistribuir el poder
entre los géneros en un esfuerzo decidido por fortalecer la equidad social y
lograr las metas del desarrollo humano.
Combatir el problema de la desigualdad
corresponde a todas las autoridades municipales, y no sólo a las que se
encargan de las cuestiones relacionadas con las mujeres. Las políticas de
igualdad son efectivas cuando implican a todas las personas con responsabilidad
política y técnica, y cuando pretenden atacar los distintos aspectos de la
desigualdad.
Perspectiva de género, transversalidad e
institucionalidad, triada que debe cubrir ciertos requisitos básicos:
1. Un posicionamiento de jerarquía dentro del
organigrama, con el propósito de evitar la marginación y el aislamiento de la
instancia específica de las mujeres, con el fin de que pueda ejercer influencia
y desarrollar la capacidad de sensibilización, coordinación y transversalidad,
sobre las áreas y órganos de la institución municipal.
2. Un piso de recursos propios garantizado
dentro del presupuesto municipal, de manera que inserte a las políticas y
acciones de equidad de género tanto para la instancia en particular como la
creación de un presupuesto con perspectiva de género debidamente
transversalizado.
3. Una cultura institucional de género
dispuesta a la articulación de consensos abierta al pluralismo político y a las
alianzas por encima –y a pesar– de las divisiones partidarias, las contiendas
electorales, los desacuerdos y distanciamientos de militantes feministas.
Las políticas públicas locales de equidad de
género han cosechado los logros de las múltiples luchas de las mujeres a lo
largo de más de un siglo, por lo que deben asumir el reconocimiento de las
desigualdades y discriminaciones que aún sufren las mujeres más o menos de
acuerdo a las tradiciones municipales.
Todo lo logrado y todo lo que falta por avanzar,
se expresa desde la esfera municipal
marcando la diferencia, algunos, con el enfoque y relación tradicional de los
gobiernos municipales hacia las mujeres, concebidas solamente en sus roles de
madre, esposa, ama de casa, como beneficiarias pasivas de la asistencia social
y como incondicionales voluntarias sacrificadas por el bien de los demás; cuyas
acciones van de la ‘protección’ a la mujer que se encuentra en grave
precariedad personal y social, protección con un fuerte contenido paternalista,
imbuido de concepciones morales y religiosas tradicionales y planteada más
desde la salvaguarda de la familia que desde los intereses propios de la mujer.
Otros ayuntamientos menos de los que
quisiéramos, pasan al concepto de ‘igualdad de oportunidades’ y a la
articulación de una política de carácter integral, dirigida a todas las
ciudadanas y que tiene como base la consideración de las mujer como sujeto de
pleno derecho en todos los ámbitos de la vida social.
Ahora, resta reflexionar de qué tipo de
instancia municipal formamos parte o en todo caso en que rango se encuentra
nuestro gobierno municipal…
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