Mujeres y Política
Retos de la reforma laboral
Soledad JARQUÍN EDGAR
La reforma laboral ha sido aprobada
en lo general y durante este proceso hemos recordado lo que significa y ha
significado para México el reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores.
Sus luchas permanentes y cómo este sistema ha cambiado a costa de lo que antes
era intocable, los derechos sociales. La corta memoria sigue presente.
En cosa de unos cuantos días
la iniciativa preferente de Calderón evocó también la relación de pertenencia
de algunos sindicatos con respecto a partidos políticos como el viejo PRI, sólo
que ahora con los diputados-líderes sindicales de la versión reloaded del priismo mexicano.
Pero para nadie es ajeno –aún
con la corta memoria- que en el corporativismo gremial-partidista están los
partidos de las izquierdas y las versiones de camuflaje como la que interpretan
la mayoría de las secciones del magisterio y la lideresa más fuerte de este
país, cuyo nombre no quiero repetir (las consabidas tentaciones del poder en
manos de unos cuantos abusados y abusivos).
Han sido días para un viaje a
la historia que está presente y que frente a la realidad parece que no se ha
movido nada hacia adelante por el contrario se retrocede cuando es mayor la
cantidad de personas cuyas posibilidades se reducen. Un viaje en el que podemos
mirar que seguimos en el mismo sitio, atados a un centro y dando vueltas en
círculos. Pero no es para asustarse, las instituciones gremiales también son
reflejo de lo que es este país o si lo quieren ver de otra forma son parte del
sistema político.
En suma, cada vez más personas
con un salario precario y con menos prestaciones, lo que tendrá que terminar de
ser cierta la promesa de una reforma laboral que responde al sector laboral y
no al empresarial.
Algunos puntos controversiales
aprobados en la reforma es la regulación del llamado outsourcing, modalidad de subcontratación que incluye periodos de
prueba sin indemnización si el patrón decide no continuar la relación; el
contrato de prueba por seis meses, el pago por horas (con un salario que no
debe ser inferior al de una jornada), el despido por aviso o de lo contrario se
tratará de un despido injustificado. Sin duda alguna, quienes saben del tema
tienen claro que se están legalizando prácticas que ya eran comunes en México.
Quien sí sabe del tema y
expongo aquí parte de sus puntos de vista es el laborista José Alonso Bouza Ortiz,
y explicó en una entrevista para el programa de la periodista Carmen Aristegui
en la cadena CNN, que tenía dos razones por las cuales nunca habría aprobado la
reforma preferente enviada por Felipe Calderón a sólo 90 días de terminar su
periodo presidencial y que no había pasado porque la entonces oposición priista
no lo había permitido.
Bouza Ortiz señala como erróneo
haber mantenido el asunto de los salarios caídos por un año, lo que favorece a
la clase empresarial quien ahora tiene en sus manos un despido a futuro fácil y
barato. Y por otro lado, este especialista sostiene que el pago por hora
también es un error y está planteado de forma “rara” y porque además el o la
trabajadora pierden otras prestaciones y sobre todo la estabilidad en el
empleo.
Bouza Ortiz señala que la
reforma lo que hará es depauperar más a la población que vive de trabajar y si
de lo que se trata es buscar una salida a la situación económica que vive el
país…“hay que pagar por producir y no pagar menos al que produce”. Fácil y
sencillo de entender.
El laborista, a quien citó de
una transmisión televisiva, también criticó el hecho de que los diputados no
tuvieron tiempo suficiente para analizar la propuesta de Felipe Calderón y en
sólo 5 horas les resultaría por demás imposible creer que lo iban a lograr.
De ahí que levantara tantas y
tantas sospechas en esa nunca entendida relación que parecen sostener a toda
costa el PRI y el PAN y surgieran preguntas que sólo puede responder el tiempo
¿Qué le estaban pagando a Calderón los diputados del PRI y del Verde? ¿Quién le
estaba haciendo el favor a quién?
A pesar de todo, la diputación
del PRI-Verde y del PAN, reiteran que los derechos fundamentales de la clase
trabajadora mexicana quedaron intactos. La verdad –reitero- la tendremos a la
vuelta de la esquina.
Ya veremos para qué o a quién
sirvieron los 351 votos a favor. Sí se equivocaron los 130 que votaron en
contra y si de algo servirán las abstenciones de 10 integrantes de la LXII
Legislatura.
Pero es cierto, la falta de
tiempo, las prisas incomprendidas de un presidente que está por concluir su
sangriento periodo impidió escuchar a los que saben del tema y 500 diputados
fueron acorralados para no dar marcha atrás, pero nada justifica si esta
reforma no da los resultados que esperan.
El diputado Martín Vásquez
Villanueva sin duda dio la cara, lo que no es común que hagan los diputados, y explicó
a través de su Facebook la razones de la reforma basado en un juego de “mitos y
mentiras contra hechos concretos” y rechazó que sea una imposición de los
capitales o un acuerdo entre el PAN y el PRI, por el contrario apunta responde
a las necesidades laborales del México actual: facilita la creación de empleos,
moderniza las relaciones laborales y regula la contratación.
Otro punto a favor, desde la
perspectiva del diputado federal, es que la reforma laboral no desconoce los
derechos de los trabajadores, y sí reconoce los derechos de los trabajadores
del campo y las empleadas domésticas, lo que constituye un acto de justicia
social.
Recalcó que el PRI no
traiciona a la clase trabajadora sino que busca garantizar más empleos y
mejores salarios y, además, garantiza el respeto a los derechos colectivos e
individuales de los trabajadores como lo establece el artículo 133 de la
Constitución Mexicana.
En otro de los mitos y
mentiras contra la realidad, Vásquez Villanueva apunta que no se atentó contra
los derechos de los sindicatos, porque se mantiene inalterable el derecho de
huelga, salvaguarda estatutariamente el libre ejercicio del voto y asegura la
libertad de asociación de los trabajadores.
Apunta también que mediante el
reconocimiento del outsourcing se
obligará a patrones y subcontratistas a cumplir con la responsabilidad en
materia de seguridad social y sanciona el uso de la subcontratación laboral.
No hay de otra. Veremos qué
sucede. Veremos si esto que por un lado se considera el constreñimiento de
derechos y por el otro se observa como una modernización del sistema laboral después
de 40 años, da buenos resultados, es decir, que haya más trabajo y mejores
salarios. ¡Vaya responsabilidad!
Lo que sea, hay algo que es
claro y por lo que la madrugada de este sábado, entre el sismo y la
somnolencia, ya era denunciado por feministas: la reforma carece de perspectiva
de género, lo cual no es raro y denota que voluntad política, entendida como
una nueva cultura democrática que incluya a las mujeres.
Pueblo sin ley
Se dilataron 12 meses en
discutir la ley que tipifica el feminicidio y todo parece indicar que será 60
días después cuando finalmente se firme el decreto, es decir en los primeros 10
días de octubre, explicó a esta periodista el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Juan Mendoza Reyes.
Pero hay una condición para
que el gobernador Gabino Cué Monteagudo firme su propia iniciativa y es
quitando el artículo 134 del Código Penal, situación que ha provocado profundo
malestar entre las integrantes de la Comisión Permanente de Equidad de Género,
porque –para acabar pronto- la Junta de Coordinación Política decidió no subir
estas modificaciones, provocando una aceptación tácita de las observaciones
enviadas por el gobernador, trasgrediendo así el trabajo de la propia comisión,
que durante 15 horas y junto con la Consejería Jurídica del gobierno estatal
habían llegado a un acuerdo salvaguardando a las víctimas y a sus familias,
como relató en una conversación periodística la diputada del PRI Delfina
Prieto.
¿Será un problema de
discriminación al trabajo de las diputadas? Habrá que ver y visto desde ese
sitió hay razón para estar molestas, porque pasaron sobre un acuerdo para darle
la razón a quien se equivocó, con “improvisaciones y ocurrencias” y “torpezas
jurídicas” como le han llamado la diputada del PRI, Mercedes Rojas y la
feminista Yésica Sánchez Maya al trabajo de la Consejería Jurídica, quien tuvo
que revisar la iniciativa antes de que llegara al congreso local.
Así que, si no deciden otra
cosa en unos 10 días habrá delito de feminicidio firmado por el Ejecutivo. Lo
cual urge, si no que miren la cifra de mujeres asesinadas en Oaxaca. En suma 14
meses después de que ingresó la iniciativa habrá decreto.
@jarquinedgar
