julio de 2012
(Del Pacto Nacional
por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres)
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Concluyó la reunión
del Comité de Población y Desarrollo de la CEPAL en
Quito, luego del análisis de las principales problemáticas que enfrenta la
región latinoamericana y caribeña en temas de población y desarrollo y aspectos
relacionados. El documento final de consenso, que solo contó con la reserva de
la delegación de Costa Rica, será diseminado en los próximos días.
Asimismo, se eligió
la nueva Mesa Directiva del Comité. Estará bajo la Presidencia de Ecuador, y
deberá asumir la importante tarea y responsabilidad de liderar el proceso de
transición del Comité hacia Conferencia Permanente sobre Población y
Desarrollo.
Ecuador será
acompañado por 6 gobiernos que asumieron las Vicepresidencias: México, Brasil,
Uruguay, El Salvador, Belice, Jamaica, Bolivia y Cuba, que asume la
relatoría.
Igualmente importante fue la participación de las redes y organizaciones de
mujeres vinculadas al proceso de la Conferencia de El Cairo y sus seguimientos,
quienes presentaron el siguiente documento de posición que fue aclamado por las
y los asistentes. Nirvana González, Coordinadora de la Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, le dio lectura.
Por el pleno cumplimiento del Programa de
Acción de El Cairo hacia la Agenda de Desarrollo más allá de 2014
Las mujeres en América Latina y El Caribe,
en todas nuestras diversidades, organizadas para dar seguimiento al
cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo, CIPD, reafirmamos el llamado a nuestros gobiernos para
garantizar y profundizar la democracia, a través de Estados Laicos y Soberanos,
con plena participación social. Tenemos que lograr que en esta región los
compromisos asumidos por los Estados se traduzcan en el ejercicio pleno de los
derechos humanos, individuales y colectivos.
Nuestra región está aún lejos de cumplir el
Programa de Acción de la CIPD. Si bien se han dado avances, estos han sido
desiguales e insuficientes. Nos alarman los marcados retrocesos que, en
violación del principio de progresividad, ocurren en varios países.
El proceso de El Cairo más allá de 2014 es
la oportunidad histórica para que los Estados revisen el cumplimiento de sus
compromisos, identifiquen y avancen en los nuevos desafíos, reconociendo la
deuda aún pendiente en la garantía de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos. En este contexto, como sociedad civil, hacemos un enérgico
llamado a los gobiernos para que la nueva agenda integre:
1. Los Derechos Humanos como el marco de
todas las políticas y programas de desarrollo.
2. La centralidad de los derechos sexuales
y los derechos reproductivos de todas las mujeres, incluidas niñas,
adolescentes y jóvenes, dentro de las políticas de salud, población y
desarrollo.
3. La participación plena y efectiva de las
personas destinatarias de las políticas de salud, población y desarrollo, en
especial de aquellas a las que tradicionalmente se ha discriminado.
4. El reconocimiento de las inequidades.
Vivimos en la región más desigual del mundo, donde las mujeres han soportado
injusticias estructurales y persistentes. Por lo tanto, la priorización
política y presupuestaria debe atender las necesidades de las mujeres, a lo
largo de todo el ciclo de vida, así como las especificidades de aquellas que
forman parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de migrantes, en
situación de pobreza estructural, viviendo en ámbitos rurales, con capacidades
diferenciadas, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero, trabajadoras
sexuales, y que viven con VIH-sida.
Como parte del proceso de evaluación del
Programa de Acción de la CIPD, los gobiernos deben identificar temas emergentes
y prioritarios que les permitan actualizar la Agenda y, en este marco, exigimos
que se comprometan a:
1. Garantizar que la evaluación Cairo más
allá de 2014 sea un proceso entre gobiernos y organizaciones de la sociedad
civil, con énfasis en los espacios colectivos de mujeres, en sus diversidades
culturales, étnicas, sociales, de jóvenes y feministas.
2. Asegurar el acceso universal y sin
barreras, a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrales e
integrados, adecuados para las mujeres a lo largo de su ciclo vital.
3. Realizar todos los esfuerzos para
garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, incluyendo la educación en
sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, a técnicas de
reproducción asistida y el acceso al aborto legal y seguro. En este sentido, se
vuelve imperativo la revisión de aquellas legislaciones que penalizan la
interrupción voluntaria del embarazo. Promover el desarrollo así como el acceso
a los avances científicos en materia sexual y reproductiva.
4. Eliminar las muertes maternas evitables
y reducir la morbilidad materna extrema.
5. Reconocer a las y los jóvenes en sus
diversidades como sujetos de derechos, así como establecer mecanismos para su
participación en el diseño e implementación de políticas públicas. En este
sentido, debe asegurarse el acceso a servicios de salud y educación en el
ámbito de la sexualidad y la reproducción.
6. Prevenir, sancionar y erradicar la trata
de personas y la explotación sexual, en especial de niñas, niños y
adolescentes.
7. Reconocer los derechos laborales de
aquellas mujeres mayores de edad que ejercen el trabajo sexual.
8. Respetar los derechos de los pueblos, en
especial de las mujeres indígenas y afrodescendientes, en lo que se refiere al
derecho a la tierra, al territorio y a la soberanía alimentaria, respetando el
derecho al consentimiento previo, libre e informado en todo aquello que
involucre sus vidas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, y una
vida libre de violencia.
9. Implementar políticas y programas que
aseguren el acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación
integral en sexualidad, basada en derechos humanos, en la equidad de género y
en las caracteristicas culturales, a través de metodologias adecuadas, dentro y
fuera de los centros escolares.
10.Fortalecer las capacidades de las
instituciones gubernamentales en la recopilación y análisis de datos
estadísticos cuanti y cualitativos desagregados por edad, grupos etáreos, sexo,
raza y etnia, situación geográfica, para su uso estrátegico en la formulación
de políticas y programas de salud, educación y desarrollo.
Exhortamos a nuestros gobiernos a dar
respuesta a las demandas de la sociedad civil contenidas en diversas
declaraciones construidas a lo largo de estos años: Panamá, Ocho Ríos,
Montevideo y las declaraciones de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la diáspora y de las Juventudes Rumbo a Cairo (1).
El movimiento feminista y de mujeres ha
sido protagonista crucial de este proceso, y desde este lugar reiteramos que
esta plataforma existe para cambiar la vida de las mujeres. Es por esto que
rechazamos y rechazaremos cualquier violación a los derechos sexuales y a los
derechos reproductivos, y exigimos a los Estados renovar su compromiso con el
total cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD.
Mi cuerpo, mi territorio
(1).
Declaración de Panamá (2009) resultado del proceso de revisión de Cairo +15;
Declaración de Ocho Ríos (2012) y Compromiso de Montevideo (2012) resultados de
las Consultas de Sociedad Civil en el marco del proceso de revisión de la
implementación de la Plataforma de Acción de la CIPD, más allá de 2014.
Declaración de Centroamérica y el Caribe y la Región Andina de la Red de
Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora sobre Cairo +20 y
más allá, así como las Prioridades de las Juventudes Rumbo a Cairo.
