A Reserva
Ni gobernabilidad ni
restitución
Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Hace 50 días fue pública
la convocatoria que llamaba al Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia para el
estado de Oaxaca, propuesto por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, lo que implicó
expresamente el reconocimiento -a año y medio de su gobierno- que a pesar de su
legítimo triunfo, ha venido desacreditándose día a día por el desorden que
impera en su gabinete, su falta de autoridad frente a los grupos coaligados que
cada vez piden más prebendas y privilegios actuando sin control y sin rumbo,
totalmente desarticulados, sin eficiencia alguna, en concreto, un gabinetazo
que no ata ni desata y las diversas reacciones de los sectores sociales, que
manifiestan su descontento y hartazgo con el valido argumento de la falta de
gobierno y el cuestionamiento per se ¿dónde está el cambio?
La tan publicitada
convocatoria al Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia pareció un acto de
debilidad y un desesperado llamado a los diferentes grupos sociales a fortalecer
al “gobierno democrático” frente a su cada vez más disperso y desafiante equipo
administrativo que rebasa cualquier intento o buena voluntad –si es que
hubiere- de cumplir las promesas de cambio y transición democrática.
Por supuesto este llamado
a la concordia social no tuvo de ninguna manera eco entre los grupos más
ríspidos de la entidad, que lejos de agruparse alrededor del “gobierno ciudadano”
vieron una coyuntura para alcanzar, bajo presión, mayores y mejores canonjías.
Lo que parecía un llamado
a cesar las hostilidades de estos grupos que se manifiestan con movilizaciones
callejeras, bloqueos y paro de actividades, resultó a contrario sensu, la
oportunidad de demostrar su fuerza frente a la debilidad gubernamental,
generando incluso un caos social mayor, lo que ha incidido, por un lado, en más
poder de los grupos políticos al interior del gobierno y, por el otro, el
descaecimiento de la envestidura del gobernador al separar del cargo a
funcionarios de primer nivel sin explicar las razones -que sin duda hay de
mas-, dando la impresión que solo acata los designios de una tropa que decide
avasallando a la ciudadanía.
Claro es que algunos
sectores sociales dieron cuenta mediática del apoyo al gobernador, solo citaré
al rector de la Universidad Vasconcelos por sus argumentos específicamente
excluyentes de cualquier responsabilidad de su amigo gobernador, afirmando que
el acuerdo es claro, pues en él se expresa que las personas y organizaciones
tienen derecho a manifestarse, hacer peticiones, criticar, esto ante los
diversos rezagos históricos que registran la entidad, -como si la ingobernabilidad
fuera un fenómeno histórico sin temporalidad expresa y sin implicaciones
políticas determinantes y adjudicables-.
Así algunos organismos
empresariales y muy pocos de aquellas organizaciones sociales, que incluso
alguna vez le juraron lealtad y vistieron al gobierno de la paz y el progreso
como ciudadano y democrático.
Desde entonces, casi dos
meses después es obvio que la ingobernabilidad permanece asentada en actos y
eventos que solo remozan la falta de estructura en el ejecutivo, fortalecen la
impresión de autoritarismo y la sensación de desencanto social,
deslegitimizando al gobierno del “cambio”.
Me refiero a múltiples
casos concretos, solo algunos ejemplos palpables:
1. El desatino
intermitente en la obra del paso a desnivel en Cinco Señores en la capital del
estado, que polariza ánimos y manifestaciones que pretende, por una parte,
consensar opiniones lo que no ha podido lograr fundamentalmente por la negativa
del poderoso Alfredo Harp y del cuestionamiento permanente del grupo PRO-OAX, y
por otra, la manifestación brutalmente reprimida de los trabajadores oaxaqueños
de la construcción que legítimamente exigían su derecho al trabajo.
2. La amenaza cumplida de
la sección 22 de la SNTE que a pesar de las súplicas de Gabino Cué, su oferta
sin límites, su discurso público que exalta los “valores democráticos” y afanes
por la “educación de excelencia” en Oaxaca; que burla, es realmente una afrenta
a la población y al derecho fundamental de la niñez a la educación.
3. El terrible desatino al
asignar en un proceso viciado como titular de la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca a un personaje oscuro impuesto por Sergio Castro,
sujeto perverso que juega todas las cartas con cuantiosas apuestas para
permanecer impune y tener influencia política frente a cualquier color de
gobiernos estatal y municipal.
Esta afrenta que
conjuntamente con la Cámara de Diputados se cometió en principio contra la
representación democrática y la participación ciudadana, ha deteriorado aún más
la relación con la sociedad civil, esa que presumía Cué como signo de
legitimidad.
4. La permanente
ineficacia de la y los integrantes del “gabinetazo del cambio” que frente a los
pomposos anuncios y la implícita publicidad de actos contundentes e históricos,
han decepcionado sistemáticamente la confianza ciudadana con resultados
insólitamente negativos y perjudiciales que son síntoma de ingobernanza.
5. La falta de aptitud en
el gasto público que incumple con los
compromisos y genera inconformidad permanente ante la cínica ineptitud de
funcionarios como es el caso más escandaloso de Salomón Jara Cruz, secretario
de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca , militante petista y pejista,
quien irresponsablemente regresó millones de pesos del ejercicio 2011 por su
aberrante ineficiencia y descomunal prepotencia, y como él mismo dice a voz en
cuello: “aquí estoy porque Gabino se lo debe al López Obrador y si algo no le
gusta pues que se lo diga a AMLO, a ver si se atreve…” y por lo que se ve
Gabino Cué no se atreve.
6. El último suceso que
llama la atención es el reciente Acto de Reconocimiento de Responsabilidad del
Estado en Hechos del 2006-2007, derivado de la recomendación 15/2007, emitido
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Informe de Investigación
1/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los eventos
políticos-sociales suscitados en la entidad durante este periodo.
Acuerdo que nuevamente
refrenda sus características de culto a su personalidad y el exceso mediático
al hacer de una obligación que, además fue punto medular de su campaña, la
panacea que pretende remediar la ingobernabilidad reconocida y el deterioro
evidente de su “gobierno del cambio”.
En
este acto como monarca justiciero el gobernador pretende convencer de un nuevo
proceso integral de reconciliación y reconstrucción del tejido social entre la
sociedad oaxaqueña, -a ver si este si le pega- otra vez recurriendo y
encumbrando al origen de todos los males que no ha podido ni castigar ni
revertir las condiciones político-sociales que heredó.
Ante solo algunas víctimas del 2006, algunos funcionarios públicos y la espuria
institución defensora de Derechos Humanos, el mandatario oaxaqueño afirmó, en
airado discurso, que ahora sí asume el firme compromiso para hacer justicia y
ofrecer garantías para evitar que estos hechos se repitan y queden impunes. Al
parecer se le olvidó la exoneración que la justicia federal a los malos
ulisistas por inconsistencias de la Contralora y del Procurador de justicia.
Y otra vez hace un llamado
exasperado “a la reconciliación de la sociedad oaxaqueña, a las organizaciones,
partidos políticos, sindicatos y líderes sociales. Juntos debemos construir las
condiciones de paz y concordia social, que hagan propicio el progreso del
estado” y, amorosamente, recurrió a sacar enconos del corazón y pretendiendo la
ciudadanización de su gobierno remitió inconsistentemente a la sociedad la
protección de los derechos humanos, que es solo debe garantizar un verdadero
Estado de Derecho.
Hubo en este “magno e
histórico” evento grandes ausencias, tanto en la representación de las y los
afectados por la brutal represión de Estado en el 2006, considerando que la
APPO tiene escisiones precisamente en el rubro de restituciones e
indemnizaciones lo que seguramente ocasionará próximas inconformidades
traducidas otra vez en manifestaciones callejeras; tampoco hicieron acto de
presencia las organizaciones sociales que venían acompañando al gobierno
democrático y ahora se sienten traicionados por la franca utilización en
materia precisamente de derechos humanos y la imposición del “defensor”.
Por
supuesto, como siempre se encontraban flanqueando al gobernador Alfredo Lagunas
Rivera presidente del Tribunal Superior de Justicia, también designado a modo
en agradecimiento a su suplente en el senado, y claro, la Comisionada de los
Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, quien
hasta ahora sigue fungiendo sin competencias legales establecidas y más parece
que sirviéndole a Cué Monteagudo de máscara frente a terribles atropellos que
violentan derechos humanos flagrantemente.
