Frente a las próximas elecciones ¿Son los
derechos humanos una prioridad para los candidatos y la candidata presidencial?
Ciudad de México a 7 de mayo de
2012
Señores candidatos, señora candidata:
Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas y Todos”[1] hemos
documentado graves violaciones a los derechos humanos, desde poco
más de 20 años. Nuestra labor y trayectoria nos ha llevado además, a
ser testigos tanto de avances y compromisos asumidos, como de abusos y acciones
incumplidas en materia de derechos humanos.
No obstante, en los últimos años se ha
constatado que sucesos como desapariciones forzadas, feminicidios,
discriminación en el sistema de justicia, discriminación por parte de las
autoridades e instituciones públicas, abusos de las fuerzas de seguridad
pública, agresiones a defensoras y defensores, omisión de las autoridades en la
implementación efectiva de medidas de protección, afectaciones a derechos
laborales, abusos contra las personas migrantes, violaciones a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas; por mencionar algunos, han aumentado
en frecuencia y gravedad.
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la agudización de
la violencia contra las mujeres. De acuerdo con el informe de ONU mujeres, la
tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidios, aumentó
68% entre los años 1985 a 2006. El Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, por su parte, registró en los últimos cuatro años
3139 muertes violentas contra mujeres, en tan sólo 13 Estados del país. Lo
anterior, sin contar que en Chihuahua la discriminación de género se traduce en
la forma de violencia extrema a la que fueron sometidos cuerpos de
mujeres (tortura, mutilación, quemaduras, violencia sexual, entre otras).
Adicionalmente, se han identificado graves problemáticas que impactan en el
acceso a la justicia para mujeres, como los feminicidio[2], las
desapariciones de mujeres y niñas, y la criminalización de las mujeres en
varios estados del país por ejercer su derecho a decidir sobre una maternidad
libre y voluntaria.
Otro tema de preocupación consiste en el
aumento considerable de actos ocasionados por las autoridades mexicanas que
afectan derechos básicos de transmigrantes, migrantes, solicitantes
de asilo y personas refugiadas. También llamamos su atención
sobre la grave situación de secuestros de personas migrantes en tránsito,[3] sobre la vulnerabilidad intrínseca en
que se encuentran las/ los niños y adolescentes migrantes no acompañados, y de
aquellas personas que trabajan en el sector de servicios y en trabajos
informales, centros de entretenimiento en donde viven en condiciones de sobre
explotación laboral o son víctimas de trata de personas.
Por otra parte, la situación de vulnerabilidad y discriminación en la que
viven los pueblos indígenas en México, es reflejo del desprecio, el despojo, la
explotación y represión que a lo largo de los años el Estado ha ejercido contra
quienes ahora se ubican en los peores índices de desarrollo humano. La falta de implementación adecuada de un marco
legal, incluyendo la reforma Constitucional al Artículo 1, agrava el
problema estructural de la discriminación en un contexto donde, los derechos de
los pueblos indígenas son considerados oficialmente protegidos por estas
normas, pero las instituciones replican patrones históricos de discriminación.
Finalmente, la falta de políticas públicas que atiendan
estas causas estructurales de la pobreza extrema, que generen una verdadera
política benefactora y de desarrollo no solamente ayuda asistencialista, se
mantiene como el mayor obstáculo para erradicar la marginalización y
discriminación.
Ahora bien, en lo que respecta al
tema ambiental, debe decirse que en México, la destrucción ecológica, la
deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación
irracional de recursos naturales y la contaminación de agua y aire, entre
otros, son situaciones que vulneran no solo nuestro derecho a un medio ambiente
sano sino una serie de derechos humanos vinculados.
A pesar de la existencia de una gran
variedad de leyes y normas en materia ambiental suaplicación y efectividad es
deficiente y en ocasiones nula. A pesar de recientes reformas en materia de
acceso a la justicia ambiental, los mecanismos existentes no son efectivos
sumado a la falta de voluntad política de los
gobernantes para acatar las decisiones judiciales.
En un clima adverso para el trabajo de las
defensoras y defensores de derechos humanos, muchos de nuestros colegas han
sido objeto de amenazas, hostigamiento, criminalización, detenciones
arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidio. Creemos fundamental que las
propuestas que sean impulsadas desde sus plataformas, retomen la obligación que
tiene el Estado mexicano de garantizar un ambiente de trabajo propicio para la
defensa de los derechos humanos, y de impulsar acciones que pongan fin a la
impunidad que rodea todas estas agresiones.
Finalmente hacemos hincapié sobre la falta
de mecanismos para una verdadera participación en espacios de diseño, monitoreo
y evaluación de políticas públicas por parte del gobierno en coordinación con
la sociedad civil. En este sentido, es necesario un reconocimiento
del Estado Mexicano de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos,
en el marco de una democracia participativa.
Ante lo anteriormente expuesto, hacemos un
llamado para que hagan un compromiso explicito en relación con el respeto a los derechos
humanos y los deberes que tiene el Estado mexicano, frente a las obligaciones
que éste ha adquirido a través de la suscripción y ratificación de los
distintos instrumentos internacionales, en el entendido de que los derechos
humanos constituyen el parámetro de legitimidad de cualquier Estado democrático.
Adicionalmente, les instamos a que lejos de
abordar el tema de derechos humanos como una bandera política o un mecanismo
para incrementar la simpatía, fijen posturas y compromisos claros, accesibles y
permanentes en los siguientes asuntos cruciales que a nuestro entender
constituyen una agenda mínima para asegurar la vigencia de los derechos humanos
en México:
1. DERECHOS CIVILES: JUSTICIA Y
SEGURIDAD PÚBLICA
1.1 Otorgar autonomía al Ministerio
Público, las defensorías públicas y los servicios periciales a todos los
niveles.
1.2 Garantizar el principio de Presunción
de Inocencia, y eliminar el arraigo.
1.3 Investigar y sancionar todos los casos
de graves de violaciones a los derechos humanos del pasado y recientes sin
importar el cargo de los responsables.
1.4 Reformar el Código de Justicia Militar
para acotar el fuero castrense, en concordancia con las sentencias emitidas
contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1.5 Retirar de manera progresiva a las Fuerzas
Armadas de las tareas de seguridad pública y procuración de justicia que hoy de
facto desempeñan, con un plan calendarizado para tal efecto.
1.6 Dejar atrás la retórica de guerra que
estigmatiza a las víctimas de la violencia y entiende las violaciones a
derechos humanos como daños colaterales, destruyendo así el tejido social.
1.7 Fortalecer la menguada autonomía del
sistema ombudsman.
2. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES,
CULTURALES Y AMBIENTALES
2.1 Garantizar la primacía de
los derechos económicos, sociales y culturales, por encima de intereses
privados, transnacionales y de acuerdos económicos multinacionales, a la luz de
los estándares internacionales de derechos humanos.
2.2 Adecuar la política social para que
todas las personas tengas acceso a servicios básicos, de manera integral.
2.3. Atender a las necesidades en materia
de educación que existen actualmente cumpliendo con las obligaciones que el
Estado tiene ante este derecho para que sea una educación: accesible,
disponible, aceptable y adaptable al contexto de las personas.
2.4. Integrar el
tema ambiental como eje transversal y definir indicadores de cumplimiento
ambiental para cada dependencia de la Administración Pública Federal.
2.5. Cumplir con los compromisos
internacionales que ha adquirido el país en materia de biodiversidad,
bioseguridad, desertificación, sustancias dañinas y áreas naturales protegidas,
y rendir cuentas públicas periódicamente.
2.6. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de
decisiones gubernamentales sobre el aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales, para que exista representatividad de los dueños de la
tierra, comunidades rurales e indígenas, y que sus recomendaciones se reflejen
en los programas gubernamentales.
3. DERECHOS HUMANOS LABORALES
3.1. Diseñar y ejecutar un programa
nacional de empleo digno, con salarios satisfactorios y equitativos,
cuyo objetivo sea garantizar la plena vigencia de todas las libertades
sindicales, derecho de negociación colectiva y huelga; y los de seguridad
social y pensiones.
3.2. Lograr que el salario suficiente sea
una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure a los trabajadores y
trabajadoras una vida digna.
3.3. Defender y promover el derecho a la
Contratación Colectiva legítima y el acceso a una justicia laboral imparcial,
pronta y expedita.
3.4. Salvaguardar el derecho a la seguridad
social, incluidos los derechos de pensiones y jubilaciones y los servicios de
salud para todos los trabajadores y las trabajadoras.
4. DERECHOS DE LAS MUJERES
4.1 Garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres ampliando la cobertura de servicios de salud y
planificación familiar, y despenalizando el aborto.
4.2 Diseñar políticas públicas para
erradicar la violencia de género, basadas en transformar las instituciones de
procuración e impartición de justicia existentes.
4.3 Garantizar acceso efectivo a servicios
obstétricos de emergencia, atención previa y durante el parto con perspectiva
de género, que reduzcan las muertes prevenibles de mujeres por causa de
embarazo o parto.
4.4 Prevención del embarazo no deseado
mediante la planificación de la familia y la educación sexual, así como reducir
las tasas de mortalidad derivada de la maternidad mediante asistencia prenatal
y servicios que eviten poner su vida en riesgo.
4.5 Implementar e instrumentar de manera
efectiva los mecanismos de protección, contemplados en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como las órdenes de
protección y la alerta de género para los casos de desapariciones de mujeres,
violencia sexual y feminicidios.
5. DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
5.1. En materia de pueblos indígenas, se
garanticen por todos los medios posibles, el derecho a su libre determinación,
a su territorio, a los recursos naturales y a la consulta efectiva.
5.2 Cancelar los proyectos de desarrollo de
gran escala que hayan sido diseñados sin consultar a las y los afectados, y
afecten las tierras y los territorios de los pueblos indígenas.
6. DERECHOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
6.1 Garantizar la seguridad e
integridad de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, a
través de medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar delitos
cometidos en su contra por razón del trabajo que realizan
7. DERECHOS POLÍTICOS Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
7.1 Garantizar la pluralidad de los medios
de comunicación masiva, y el funcionamiento de radios comunitarias, a través de
un marco legal preciso y razonable,
7.2 Reconocer e implementar los mecanismos
de participación ciudadana: referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
7.3 Fortalecer la transparencia y el acceso
a la información pública gubernamental en todos los niveles.
8. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES,
PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIO Y REFUGIADAS
8.1 Promover reformas legales que aseguren
el pleno goce y ejercicio de derechos fundamentales de personas migrantes,
solicitantes de asilo, refugiadas y sus familias; incluyendo la garantía de no
repetición y reparación en casos de secuestro y desaparición forzada.
8.2 Diseñar, implementar y
evaluar una política migratoria con una perspectiva de derechos
humanos, desvinculada al tema de la seguridad nacional y pública, que tenga
como finalidad la atención integral y no la administración control y detención
de flujos migratorios.
Señores candidatos, señora candidata: El debate en puertas les ofrece una
oportunidad para posicionarse con claridad en los temas más acuciantes de la
agenda de derechos humanos y despejar de ese modo las incógnitas que dejan sus
respectivas plataformas electorales.
El respeto a los derechos humanos no debe
ser una dádiva ni un elemento marginal de sus programas de gobierno, sino un
componente transversal que oriente la acción gubernamental de forma integral;
sobre todo ante una coyuntura como la presente, marcada por la crisis de
violencia y la falta de justicia. Por ello, les exhortamos a que en las
campañas ya iniciadas se definan aclarando al pueblo de México cuáles son sus
planes y perspectivas sobre la agenda pendiente de los derechos humanos.
Cordialmente,
Red Nacional de Organismos Civiles de
Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” Conformada por las
siguientes 71 organizaciones en 22 estados de la República:
Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia
Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense
de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la
Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala,
Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a
Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos
y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador,
A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las
Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos
Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal);
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C.
(Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.);
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis);
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.);
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos
Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos
Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
(León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca,
Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de
Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante
(DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD)
(Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREALDF) (Distrito
Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara)
(Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de
Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco,
Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.),
Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa,
Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca,
Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera
por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en
Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para
la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo
(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión
Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal);
Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan,
Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C.
(Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque,
Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de
Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.);
Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C.
(Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC.
(Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental,
A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C.
(Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa,
Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores
Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo,
Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos
Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.);
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto
Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano
de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el
Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de
Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los
Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos.
Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de
Derechos Humanos. UIA – León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio
de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.);
Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y
Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión
Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A.
C. (Distrito Federal).
[1] La Red “Todos los derechos para Todas
y Todos” A.C. está integrada por 71 organizaciones no gubernamentales, en 21
Estados de la República. Ver: www.redtdt.org.mx
[2] El OCNF ha definido el término feminicidio como
los asesinatos de mujeres que resultan de la violencia ejercida contra ellas
por su condición de género. Es decir, se trata de asesinatos violentos de
mujeres cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este
género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad
sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado
quien, por acción y omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la
vida y la seguridad de las mujeres.
[3] Para mayor información puede consultarse el Informe Especial sobre
Secuestro de Migrantes, elaborado por la CNDH en 2011. Ver: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2011_secmigrantes.pdf
