Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
Esta semana, durante su visita en México, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, planea abordar los temas de seguridad, derechos de las personas migrantes, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas, así como la discriminación y la libertad de expresión.
La gira de trabajo inicia en Oaxaca. El gobernador Gabino Cué, quien sin duda tiene excelentes enlaces internacionales, ofrece a la Alta Comisionada de la ONU, con apoyo de algunas organizaciones civiles aliadas a la alternancia desde su actividad social e incluso insertando algunos activistas en la nómina oficial, un magno evento protocolario, en presencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación denominado “Por un Oaxaca a favor de los Derechos Humanos y la no Discriminación”, donde se presenta la iniciativa de Ley para la igualdad y la no discriminación del Estado de Oaxaca, así como el anuncio de un organismo autónomo contra la discriminación.
En Oaxaca, a siete meses de ser gobernada bajo el lema “Por la paz y el progreso”, es hasta este acontecimiento coyuntural que reviste de importancia mayor el asunto de los derechos humanos y no discriminación; me refiero a las actuaciones más que a los pronunciamientos que sin duda han rebasado con mucho las acciones públicas de verdadero impacto en los diferentes sectores de la población. ¿Por qué no contempló la reforma legislativa cuando menos la adición constitucional relativa a la no discriminación? ¿Los derechos humanos de las y los oaxaqueños están verdaderamente garantizados?
Arrastrando el pasado reciente –siete meses atrás- la primera disposición del gobernador en esta materia fue el nombramiento de la comisionada de los derechos humanos, que jurídicamente no es recomendable toda vez que una autoridad garantista no debe quedar sujeta a los designios y criterios de la actividad gubernamental, que no sólo duplica las funciones institucionales de la instancia formal de protección de los derechos humanos, en ocasiones las sobrepasa; las funciones de esta comisionada desde la cuestionable cercanía a la autoridad suprema del ejecutivo, pierden gran parte de su legitimidad.
El rezago que muestran las 40 mujeres asesinadas en este corto plazo, superan con mucho cualquier otro tiempo reciente, demuestra cuando menos la ineficacia de políticas y acciones públicas dirigidas a resguardar la vida e integridad de las mujeres, demostrando la molicie del ejecutivo y la pereza legislativa.
Es evidente la creciente inseguridad que padece Oaxaca, resultado de las pésimos gobiernos anteriores, que no ha podido revertir la nueva administración, al contrario se ha robustecido la delincuencia, continuando la corrupción e impunidad, haciendo crítica la situación de terror con el aumento incontrolable de secuestros y levantones, a lo que de viva voz el Procurador de Justicia, Manuel de Jesús López, el pasado 23 de junio, frente al gobernador Gabino Cué argumentó que en razón de los secuestros no se hacía nada por falta de recursos. ¿Cómo entonces suscribió el gobernador de Oaxaca el Acuerdo Nacional para prevenir y castigar el secuestro?
Los conflictos agrarios, los problemas de límites territoriales y el abandono de los gobiernos, los de antes y el de ahora, han motivado los frecuentes asesinatos en comunidades de la sierra sur que han dejado a unas 650 viudas, madres de tres hijos en promedio, que viven en extrema pobreza, invisibles para las políticas públicas y los programas de beneficio social; la ausencia del ministerio público aumenta la impunidad, incrementa la violencia y el encono social frente a la inacción de las autoridades.
En relación a los derechos humanos de los migrantes, Oaxaca es protagonista en el tránsito migratorio de la frontera sur; donde se les da un trato inhumano, principalmente a su paso por los municipios istmeños, incumpliendo flagrantemente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares suscrita y ratificada por México, que establece en su Artículo 7º:
“Los Estados parte se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”.
Es cierto que la migración en el contexto jurídico es competencia federal, en este sentido argumenta el padre Alejandro Solalinde –defensor de los derechos de los migrantes- que el gobierno federal ha omitido su responsabilidad, sometiéndose a los intereses norteamericanos, convirtiendo en un teatro sus compromisos frente a la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos de los migrantes, por lo que –dice Solalinde- tendría que desaparecer el Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo, no deja de haber responsabilidad del gobierno estatal respecto del resguardo de la seguridad y la garantía de sus derechos fundamentales, de lo que hasta ahora no hay indicios de acciones de justicia y prevención frente al secuestro y asesinato de migrantes.
El marco jurídico internacional contra la discriminación aparece formalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948; sucesivamente otras convenciones y tratados que nuestro país suscribe y ratifica, obligándose a cumplirlos.
En México el antecedente de mayor trascendencia y peso en esta materia es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece expresamente este principio antidiscriminatorio, lo anterior a raíz de que en el año 2001 se reformó su artículo 1º para que se prohibiera toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
A raíz de la reforma, en 2003 se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en el marco de ésta, 17 entidades estatales han creado paulatinamente leyes locales contra la discriminación, se trata de Tamaulipas, Nayarit, Distrito Federal, Zacatecas, Baja California Sur, Estado de México, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Durango y Yucatán.
Oaxaca hasta hoy había legislado en el rubro de derechos, igualdad y no discriminación, publicando en administraciones anteriores la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura; Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar; Ley de Atención a Personas con Discapacidad; Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
Sin embargo, es evidente que para la clase política, la de antes y la actual, la necesidad social y jurídica de crear la ley armonizando la legislación local con la nacional y los tratados internacionales, pasó desapercibida, tal vez se han negado a reconocer la discriminación, pero las acciones civiles de feministas, de la comunidad de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, han dado paso al derecho fundamental de no ser discriminados.
Bueno, pues al parecer los derechos humanos y la cultura de igualdad y no discriminación en Oaxaca estarán hoy vigentes en el discurso y los medios lo convertirán en una verdad…mientras tanto hombres y mujeres oaxaqueñas esperamos se hagan realidad.
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