Somos mexicanas y mexicanos que ejercemos el periodismo en los estados de la república.
Nos hemos reunido durante dos días, por convocatoria de la Casa de los Derechos de Periodistas, para evaluar las causas del actual ciclo de agravios que afectan severamente esta actividad de interés público y nacional.
Escuchamos atentamente las visiones de este fenómeno así como sus planes y acciones que nos expusieron representantes de la Secretaría de Gobernación, del fiscal especial de la Procuraduría General de la República, de las cámaras del Congreso de la Unión, de la oficina en México de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y nacionales que protegen la libertad de expresión y de organizaciones de periodistas de las más activas en la defensa de nuestra profesión.
Confirmamos que, a pesar de condiciones distintas que tenemos para trabajar en cada entidad, padecemos circunstancias comunes derivadas de la vulnerabilidad estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, por la inexistencia de leyes que reconozcan nuestros derechos laborales y profesionales, por la debilidad jurídica para la protección del ejercicio, por malas prácticas de gobernantes, servidores públicos, elementos de las fuerzas de seguridad de todas las corporaciones y hasta de muchos empresarios de medios de prensa.
Advertimos que cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país. Especialmente en el corredor de tierra caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México así como en los estados de Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua, esto como consecuencia de las amenazas, agravios y asesinatos que cometen no sólo criminales de la delincuencia organizada sino también servidores públicos de todos los niveles.
Hoy hemos aportado un complemento a las diferentes concepciones que se tienen del fenómeno de las agresiones al ejercicio del periodismo, y es la de entender que ocurren más fácilmente porque la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos es más entre quienes realizan este trabajo en las entidades del país porque padecen las condiciones más difíciles, especialmente los periodistas y radios indígenas y los reporteros gráficos de todos los medios. Por esta visión afirmamos que se requieren, no sólo medidas de seguridad como reacción rápida ante amenazas o riesgos inminentes, sino también leyes, políticas públicas y planes nuestros para la protección correctiva y preventiva en todos los aspectos.
Nos preocupan sobremanera tres asuntos contingentes; la descomposición acelerada de las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz, el enfoque de las investigaciones por los feminicidios de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González en el Distrito Federal y las intenciones en el Congreso de la Unión de constreñir más la libertad de expresión y la libertad de prensa en las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y leyes orgánicas, como de la Armada.
Nos comprometemos a continuar impulsando, y extender a otros periodistas, las coincidencias que hemos encontrado en este seminario nacional para defender y proteger el ejercicio del periodismo en cada entidad, con especial énfasis a periodistas y medios en riesgo o más vulnerables.
Nos comprometemos a promover en cada entidad la construcción de comités de protección los propios periodistas, como primera instancia de auxilio, para atender colegas en riesgo y gestionar que sean atendidos sin dilación por los órganos de gobierno responsables de garantizar la seguridad.
Nos comprometemos a impulsar redes estatales de periodistas y de organizaciones, especialmente en espacios electrónicos, y promover uno o varias conexiones nacionales hasta contar con una red de redes de alerta temprana y de reacción rápida ante riesgos y amenazas.
Nos comprometemos a promover que los periodistas organizados sean reconocidos como interlocutores legales en cada entidad para trazar y verificar la aplicación de propuestas de ley y de políticas públicas tanto para la protección correctiva como preventiva, que eleven la fortaleza profesional del periodismo.
Solicitamos a la Casa de los Derechos de Periodistas continuar con sus tareas de gestoría, facilitación, creación de puentes y estimulo de sinergias entre los periodistas de todo el país entre sí y con entidades del Estado, con organismos internacionales y nacionales para proporcionar refugio, protección, asesorías y acompañamiento jurídico. Uno de las primeras acciones que le requerimos es un plan inmediato para realizar una jornada de cursos itinerantes de autoprotección, de prevención para impedir acosos y demandas judiciales cuando se ejerce el periodismo y para la asesoría legal y acompañamiento en aquellas entidades donde se promuevan leyes e instancias oficiales de protección.
DEMANDAMOS
Al gobierno federal una reunión inmediata con el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República para examinar el estado en que se encuentra el llamado mecanismo federal de protección a periodistas, para examinar los casos de riesgos que tenemos en diversas entidades de la república y conocer los avances en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas del año 2000 a la fecha.
Al Senado de la República iniciar un dialogo sobre la intención de crear una ley federal de protección de los derechos para el ejercicio profesional del periodismo y revisar la situación que guardan los dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y otros postergados.
De la Cámara de diputados del Congreso de la Unión iniciar el dialogo para saber el estado que guarda la iniciativa de reforma a su reglamento interior para convertir en comisión ordinaria, capaz de dictaminar leyes, a la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas.
Al gobierno y Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que intensifiquen sus procesos, tanto legislativo como de políticas públicas, para la construcción de garantías, mecanismo y protocolo de protección para que la capital del país se consolide como el sitial para el refugio de periodistas en riesgo.
Demandamos la atención también de los gobiernos estatales a coadyuvar pronta y diligentemente con las instancias federales de protección o de organizaciones civiles para atender casos de periodistas o medios de prensa en riesgo con medidas cautelares y de seguridad, sin poner reparos arguyendo –como ha ocurrido en Jalisco y otros estados-- que se invada la soberanía o que quieran cobrar dinero por las medidas cautelares que proporcionen.
Demandamos de los Congresos estatales a descongelar iniciativas o acelerar procesos sobre leyes de protección y/o fomento de los derechos del ejercicio del periodismo en cada entidad y que consideren una la realización de una reunión cumbre de las legislaturas interesadas en acelerar esos trabajos.
De todos los colegas en cada una de las 32 entidades de la república requerimos una actitud más definida y solidaria con el auxilio y protección de periodistas y medios en riesgo y para mejorar las condiciones del vulnerabilizado ejercicio profesional del periodismo en todo México.
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2011
Chiapas: Ángeles Mariscal, Colegio de Periodistas y Comunicadores de Chiapas./ Distrito Federal: Luis Alberto García, independiente; Genaro Bautista, Agencia Internacional de Prensa Indígena; Matilde Pérez, Sitrajor; Jaime Eduardo García, independiente; Jorge Islas, independiente; Alejandro Olvera, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión; Mariela Paredes, Contralínea; Cristina Renaud, independiente; Omar Raúl Martínez Sánchez, Fundación Manuel Buendía, CDP; Amado Avendaño Villafuerte, independiente, CDP; Agustín Miguel Badillo Cruz, Contralínea, CDP; Judith Calderón Gómez, Sitrajor, CDP; Balbina Flores Martínez, CDP; Manuel E. Fuentes Muñiz, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, CDP; Perla Gómez Gallardo, CDP; Sara Lovera López, CDP; Rogaciano Méndez González, SNRP, CDP; David Peña Rodríguez, CDP; José L. Reveles Morado, CDP; Amalia Rivera de la Cabada, Sitrajor, CDP; Rogelio Hernández López, CDP; Edgar Omar Viniegra, CDP; Jaime Guerrero, CDP; Amalia Zavala Soto, CDP. / Estado de México: Marycarmen Aguilar, Comunicadores y Periodistas Asociados; Evelia Barrón, Colegio de Periodistas del Estado de México; Edmundo Cancino, Frente por la Defensa de los Periodistas; María Castillo, SNRP; Mario Eduardo Bernardo. SNRP; Martha Guerra, independiente; Carlos Hernández, Agencia CNM; Christofer Hernández, Agencia CNM; Alejandro Olivas, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa; Fernando Olivas, SNRP; Héctor Peñaloza, Frente de Periodistas del Estado de México; Carlos Sánchez, Nuevo Enlace; David Serrano, SNRP; Jorge Villa, independiente./ Guerrero: Franco Gabriel Hernández./ Hidalgo:; Carlos Camacho, independiente; Eduardo Gómez Mora, Asociación Nacional de Locutores de México; Rodrigo Huerta, SNRP; Eduardo Mejía, colegio de Profesionales de la Comunicación del Estado de Hidalgo; Alberto Witvrun, independiente. / Michoacán: Jesús Lemus, independiente. / Morelos: Maciel Calvo, Red de Reporteros de México; Estrella Pedroza, Red de Reporteros de México; Pedro Tonantzin, Red de Reporteros de México; Diana Valderrábano, Red de Reporteros de México. / Oaxaca: Melquiades Cruz, Agencia Internacional de Prensa Indígena; Franco Gabriel, Agencia Internacional de Prensa Indígena; Beatriz López, SNRP; Antonio Loredo, SNRP; Jorge Rodríguez SNRP. / Quintana Roo; Nombre reservado. / San Luis Potosí: Gerardo Alméndarez, Colegio de Periodistas de San Luis Potosí. / Tamaulipas: Nombre reservado.
Responsable de la difusión: Rogelio Hernández López, Casa de los Derechos de Periodistas.
