Soledad JARQUIN EDGAR
A cuatro años, que se traducen en 48 meses, 17 mil 520 días y 420 mil 480 horas, nada se sabe de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez desaparecidas en la mixteca oaxaqueña un 5 de julio de 2007. En ese entonces, Virginia tenía 20 años y su hermana Daniela apenas 14.
Su desaparición es parte de una cadena de agravios cometidos contra mujeres triquis, que se recrudecieron a partir de 2006, cuando las disputas por el territorio triqui entre los grupos políticos que se fueron conformando a lo largo de las dos últimas décadas del siglo pasado se hicieron más cruentas, crueles y manoseadas por políticos sin escrúpulos, creando una secuela dolorosa de asesinatos, desapariciones, despojos, violencia sexual, migraciones forzadas y otros incontables actos que no terminan, donde las mujeres como Daniela y Virginia se convirtieron en el botín de la guerra inter-étnica.
Cuando la familia de las hermanas Ortiz Ramírez demandaron justicia, la respuesta fue que habría justicia, que habría investigaciones, pero estas nunca se realizaron y el caso quedó cerrado, según declaró a los medios un 8 de enero de 2008, el entonces procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Después, el servidor público me diría que no, que el caso no estaba cerrado.
Pero en el territorio Triqui nada se movió para detener a los señalados como responsables de la desaparición de las dos jóvenes que habían salido de El Rastrojo, pequeña comunidad, donde su madre Antonia Ramírez las vio por última vez cuando abordaron un taxi colectivo. Estas dos jóvenes se sumaron a la lista de mujeres desaparecidas en Oaxaca, que entre mayo de 2006 y marzo de 2007 era de 43.
La región triqui ocupa aproximadamente
Incluso, algunas de las mujeres que hoy siguen pidiendo justicia para sus familiares han sido las víctimas de otras agresiones físicas, sexuales, emocionales y de manera permanente de la discriminación por ser mujeres, pobres e indígenas, condiciones sociales que siguen marcando sus vidas de una generación a otra.
Daniela y Virginia son hijas de Antonia Ramírez y Amado Ortiz, quien alguna vez fue un dirigente triqui perseguido por el ejército mexicano cuando éste ocupó el territorio de ese grupo étnico oaxaqueño. Era el principio de la década de los ochenta, cuando Antonia fue tomada de los cabellos, arrastrada fuera de su casa y amenazada con ser ahorcada si no les decía dónde estaba su esposo. Ella no se rindió y recibió amenazas de muerte por parte de Eugenio Flores, quien era –explican- “guía de los militares”, un señalador. Antonia, para salvar su vida, tomó a sus hijas e hijos y junto con otras mujeres se refugió en las montañas por un tiempo.
Después volvió a su comunidad, pero la tranquilidad se interrumpió de nuevo cuando las disputas entre la población Triqui volvieron a recrudecerse. El jueves 5 de julio de 2007, Daniela y Virginia salieron de El Rastrojo para viajar a San Marcos Xinicuesta, municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, donde Virginia era maestra bilingüe y recogería sus pertenencias pues había obtenido su cambio a Llano Nopal, una población muy cercana al Rastrojo donde vive su familia.
Antonia las vio subir a un taxi que las llevaría a Putla a donde nunca llegaron y la pesadilla empezó porque al no regresar sus hijas dos días después, como lo habían planeado, llamó desde una caseta al teléfono celular de Virginia, le contestó un hombre; pensó que se había equivocado y al mismo tiempo estaba asustada, así que otra de sus hijas volvió a llamar y esta vez la respuesta vino de una mujer, quien dijo no conocer a Virginia y le colgó. Antonia, señaló en una de las entrevista que realizamos con ella, que las personas que contestaron el teléfono estaban en un lugar donde se escuchaban muchas voces, música de banda y parecían estar borrachos.
Después de estos hechos, esperaron unos días más, pero al no tener respuesta de sus hijas, el 13 de julio, la familia Ortiz Ramírez puso una denuncia en la subdelegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Putla, por lo que se abrió la averiguación 187/2007. En esa instancia gubernamental nadie investiga los hechos, el documento formará parte de otros muchos expedientes que retratan la violencia que se registra en aquella parte de la entidad. Pareciera que la impunidad es el destino.
Siguiendo su propia intuición y alentada por la esperanza sigue preguntando entre la gente. Dos personas conocidas le informan que vieron a sus hijas y acuden de nuevo ante la autoridad. Los testigos cuentan que vieron que Daniela y Virginia eran llevadas en una camioneta color azul, con los ojos vendados y custodiadas por Francisco Herrera Martínez, Timoteo Alejando Ramírez, José Ramírez Flores y Miguel Ángel Velasco Álvarez, quienes les apuntaban con armas. Todo fue asentado en el oficio de investigación 295 de la misma dependencia. Afirman que de esto fueron testigos mientras esperan un taxi foráneo en Huajuapan de León.
Es preciso señalar que Timonteo Alejandro Ramírez, uno de los dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), “líder moral” y uno de los impulsores del Municipio Autónomo de San Juan Copala, era señalado también como uno de los siete hombres que participaron en la violación tumultuaria contra una menor de edad en 2006, finalmente fue asesinado en su casa junto con su esposa Cleriberta Castro en mayo de 2010.
Acompañada de sus sobrinas Emelia y Adriana Ortiz, Antonia inicia el peregrinar para que las autoridades locales hagan su trabajo, les pide que investiguen los hechos y que detengan a los hombres que fueron señalados por los testigos. Antonia, Emelia y Adriana siempre regresan con la misma promesa: vamos a investigar; pero un día el Procurador de Justicia, Martínez Ramírez admite que no entrará (a la región Triqui) para no arriesgar la vida de los policías y señala –con ironía- que si la familia averigua algo que por favor le informen.
Al inicio de este gobierno, las familiares de las dos jóvenes desaparecidas pidieron al hoy secretario particular de Gabino Cué Monteagudo, Benjamín Robles Montoya, su intervención; en junio pasado la llamada desesperada de Emelia Ortiz se volvió a escuchar ante el gobernador en el Salón de Escudos del palacio de gobierno –durante una reunión con feministas- pero no hubo interés, Gabino Cué y el procurador Manuel de Jesús López no comentaron nada al respecto.
Sin duda, la falta de respuesta de las autoridades al negarse a investigar la desaparición de las hermanas Ortiz Ramírez, así como otros casos de violencia sexual, despojos y emigración forzada cometidos contra las triquis de todas las edades, es un acto de omisión que ofrece impunidad a los agresores y validan la relación desigual y asimétrica para las triquis.
Lo que sí ha pasado es el tiempo de espera de Antonia Ramírez, que tal vez sin saberlo, confirma lo que apuntaba Simone Beauvoir: la humanidad otorgó superioridad no al sexo que engendra sino al que mata.
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