Con todo afecto para el equipo de Revolucionemos Oaxaca
Soledad JARQUIN EDGAR
El Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemoró este jueves 25 de noviembre, deja muchas reflexiones. Porque a pesar de que son años y años en los que grupos feministas, después las académicas y más tarde la burocracia de género, han visibilizado este aberrante problema de la violencia de género hacia las mujeres, las cifras permanecen y nos da la impresión de que han aumentado.
Cierto, hoy más mujeres se han concientizado y denuncian, porque no están dispuestas a permitir seguir siendo golpeadas, vituperadas, forzadas a tener relaciones sexuales o no están dispuestas a sufrir maltrato psicológico o económico.
Pero muchas otras aún no están en condiciones de romper con la violencia, lo cual no es culpa de ellas, sino de esta sociedad y de las instituciones que desde niñas les negaron sus derechos fundamentales.
Al leer, en estos días, un manifiesto publicado por feministas, una puede encontrar que el origen de esa violencia hacia las mujeres está en el valor que las instituciones, es decir, gobierno, familias, iglesias y hasta los medios de comunicación, dan a las mujeres. Daré algunos ejemplos, con las cifras que en estos días han ido y venido:
INEGI (2008) señala que más de 30 millones de mexicanas sufrieron alguna forma de violencia y que más del 80% de los asesinatos de mujeres ocurrieran en sus hogares.
La Secretaría de Salud reportó que 4 de cada 10 mexicanas que acuden a los servicios públicos de salud han sido agredidas por su pareja en algún momento de sus vidas (Segunda Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres)
3 de cada 10 mexicanas viven algún tipo de violencia —física, sexual, sicológica y económica—, por parte de sus actuales parejas (Segunda Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres)
El 60% de las mujeres que acuden a clínicas y hospitales públicos sufren violencia dentro y fuera del hogar (Segunda Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres)
El 70% de las mujeres mexicanas viven en la pobreza, el 87% de las familias monoparentales son sostenidas por ellas (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer).
Es violencia institucional, dicen las feministas, lo que provoca que en México, las mujeres sin escolaridad alcance al 9.6 del total de la población de 15 y más años. Y la cifra de hombres sin escolaridad sea de 7.2 de esa misma población.
Que el ingreso promedio por hora trabajada para las mujeres es de 29.02 pesos y para los hombres es de 30.25 pesos.
Datos de las procuradurías estatales, entre enero de 2007 y diciembre de 2009 se documentaron 2, 620 feminicidios, en menos de la mitad del país; todos estos asesinatos por el solo hecho de ser mujeres.
Es violencia institucional que mueren anualmente unas mil 200 mujeres por causas relacionadas con embarazo, parto, puerperio y aborto, todas muertes evitables. Oaxaca aporta en promedio 70 de esas muertes.
Por tal situación, plantean grupos de mujeres y feministas en un desplegado, es urgente que el Estado Mexicano modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de agilizar los mecanismos de protección contemplados en la misma, específicamente la Declaratoria de Alerta de Género.
Estos datos nos hablan claramente de que sí las mujeres recibieran más educación, mejores salarios o salarios iguales a los que reciben los varones, si se respetaran sus derechos, no hubiera impunidad y se castigara a los agresores, en tanto que a ellas se les da protección y ayuda a salir adelante, el problema se reduciría en gran medida. Entonces, es cierto, si las que las instituciones son las responsables de favorecer una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Cómo? Simple y sencillamente con mejores leyes, leyes que eviten la impunidad de los agresores, con leyes que consideren a las mujeres ciudadanas de primera y no de segunda.
Leyes que sancionen a quienes golpean dentro de sus hogares, pero también a quienes acosan sexualmente a las mujeres, tanto en la calle como en el trabajo. Leyes e instituciones que no permitan más asesinatos contra mujeres y también homicidios por negligencia u omisión.
Necesitamos un país más igualitario, donde la violencia no sea algo común, donde este problema social deje de ser considerado “normal” o cotidiano. Vivir dentro de la violencia no es normal, se puede detener, mediante educación, que los violentadores aprendan que las mujeres no son objetos sino que son sujetos de derecho, pero para ello se necesitan también funcionarios que entiendan los “miedos” que muchas mujeres tienen cuando retiran sus denuncias.
Hace años en una entrevista, me contaba una señora que el agente del ministerio público le recriminó que hubiera denunciado a su marido sólo porque le había pegado en la espalda con un palo. Ella, una indígena zapoteca, le respondió: muy bien señor, la próxima vez que mi marido quiera golpearme lo voy a traer para que usted ponga su espalda. Así, entenderá por qué denuncié a mi marido.
La respuesta es ejemplar. Los servidores públicos deben entender sin problema que las mujeres piden justicia, porque tienen derecho a vivir sin violencia, desafortunadamente seguimos viendo que la ignorancia supina de algunos funcionarios, su misoginia y el machismo acendrado les hacen actuar en contra de las normas que juran defender cuando llegan a los cargos públicos.
Si alguien, piensa todavía que las mujeres son las responsables de padecer la violencia, tendrán que acudir con el violentador para recibir algunos palos en la espalda. Lo que sí es cierto es que el Estado debe ser determinante en las acciones que realiza para garantizar la salud de las mujeres y de la propia sociedad.
Es necesario visibilizar el problema, dar respuestas claras a las víctimas, tratamiento y reclusión a los agresores hasta que puedan reinsertarse en la sociedad, pero sobre todo, educar a las mujeres (y a todos los hombres), desmontar el discurso del patriarcado que tiene sus raíces en el machismo y en la falsa, muy falsa, creencia de su supuesta inferioridad de quienes conforman más del 51 por ciento de la población, como ayer mismo nos informó el INEGI.
Bien por las diputadas y diputados locales o federales que pugnan por mayores castigos; sí, es una buena medida, pero lo más importante es que todas accedan al goce pleno de sus derechos, como la educación, trabajo y salarios dignos, servicios públicos como el alumbrado que reduce las agresiones en la calle, transporte público seguro, si logramos eso, se reducirá sustancialmente la violencia y el riesgo de las mujeres a ser asesinadas por sus parejas; una mujer bien preparada y educada, consciente de sus derechos, pero sobre todo respaldada por las leyes y por quienes les brindan atención en las instancias públicas, puede detener al agresor en la calle y en el trabajo y en su hogar.
Entonces, parar la violencia, el Feminicidio, está en las manos de toda la sociedad.
