Por Sara Lovera
En noviembre, desde el día 2 hasta más allá del 25, en todo el mundo se hacen balances y recuentos sobre la violencia contra las mujeres.
Las heladas cifras y la estadística deshumanizada es un mapa, también un referente para estos balances que cada año confirman, desgraciadamente, que la violencia contra las mujeres realmente existe y está ligada de manera directa a la discriminación.
Hasta ahora, en ningún país del mundo ha desaparecido la desigualdad entre los hombres y las mujeres, a pesar del desarrollo y la inmensa cantidad de disposiciones legales, acciones sociales y lo que se llama políticas públicas, que en realidad es la voluntad de los gobiernos para contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, cuyo desequilibrio es la fuente originaria de esa violencia definida como de género, porque actúa contra las víctimas por el sólo hecho de ser mujeres.
Se dirá que exagero, voy a la estadística. Sólo entre el primero de enero y el 30 de octubre pasado, 650 mujeres fueron ejecutadas en los campos de violencia que abrió el señor Felipe Calderón en México, es decir, los órganos oficiales y los observatorios civiles señalan que entre 2007 y 2010 creció el asesinato de mujeres 600 por ciento.
A esta cuenta, proveniente del Gabinete de Seguridad Nacional, hay que agregar la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, las muertes por aborto clandestino e inseguro, que son como 500 al año; la muerte de mujeres productivas y bellas, madres y trabajadoras, por los cánceres femeninos (de útero y de mama) que suman alrededor de tres mil al año. Y, además, la muerte de mujeres productivas en atropellamientos callejeros, carreteros y de caminos que sólo en el Estado de Veracruz cobran vidas femeninas constantemente.
Por lo menos la muerte materna y por cánceres femeninos, son una responsabilidad gubernamental. La demagogia dice que hay servicios médicos dentro o fuera de la seguridad social. Lo cierto es que se necesitan hasta tres meses para obtener un servicio y se les expulsa del IMSS, contra la ley, a pesar de tener un cáncer agresivo.
En fin, que hacerse cargo plenamente del significado de la violencia contra las mujeres, nos revela el grado de autoritarismo feroz con que se pretenden resolver los conflictos; el atraso gigante de los órganos de justicia y la incapacidad para reconocer que no es con las armas como puede atemperar la situación actual de crimen organizado.
Me preocupan dos cosas: hay una ola mediática tremenda para fijar una situación que no por real, no debe ser parte de la atomización de la lucha social. Ahora le llaman algunas mentes sagaces: juvenicidio. Por la lamentable suma de homicidios a personas entre los 14 y 26 años.
Nunca vi, en los últimos casi 20 años, una tan tremenda indignación, de tirios y troyanos. Pero todavía tampoco veo sumadas miles de voces que se indignen por el feminicidio que según esos datos es grave e inaceptable: asesinadas o ejecutadas por el crimen organizado fueron 73 en 2006, cuando Felipe Calderón todavía no lanzaba su irresponsable “guerra”; otras 93 en 2007, 106 en 2008, 341 en 2009 y 650 en los primeros 10 meses de este año.
Por supuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional habla de menos, pero reconoce un aumento de mujeres asesinadas por criminales (de esa guerra) de cien por ciento.
También el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) estima que el asesinato de mujeres en campos, carreteras, lugares de enfrentamientos, donde hay policías, soldados y sicarios, entre otros, es el 1.9 por ciento de todas las ejecuciones, lo que significaría que de esas 30 mil ejecuciones, 600 corresponden a mujeres.
Apenas el pasado 28 de octubre, al balear un autobús de personas que trabajan en las empresas maquiladoras de exportación en Ciudad Juárez, resultaron asesinadas cinco trabajadoras; una mujer en la calle con su hijo o hija en Coahuila apenas la semana última, y las mujeres caídas en la fiesta juvenil de Horizontes en la misma ciudad el 23 de octubre.
Por tanto, las reflexiones de noviembre no pueden ser la repetición atomizada, los eufemismos que compartimentalizan la violencia contra las mujeres, ningún modelo de atención o de prevención tiene sentido si no existe un estado democrático capaz de parar el autoritarismo que viene de Los Pinos, para aplastar la posibilidad de cambiar las cosas.
