Fuente: MILENIO
El asalto a la razón
Carlos Marín
Santa María Quiegolani es el nombre del municipio zapoteco en que nació Eufrosina Cruz Mendoza, a quien el infame sistema de usos y costumbres impidió hace tres años convertirse en alcaldesa y que, quizá por eso mismo, desde el sábado reciente preside la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca.
De los 570 municipios que conforman la entidad, el que hace tres años la humilló es tan sólo uno entre los 418 en que los cacicazgos autóctonos y la “progresista” demagogia “indigenista” mantienen a millones de mujeres privadas de la protección del derecho civil que rige para la mayoría de los mexicanos.
Postulada que fue (se ufanaba: “Estoy cobijada por el PAN, pero soy una candidata ciudadana; no quiero etiquetarme a ningún partido”) por la alianza entre legítimos y espurios contra el PRI, Eufrosina encarna (sobre muchas otras vejadas por el machismo folclórico que anticiparon en Oaxaca una exitosa lucha por el respeto a la dignidad femenina) el inicio del derrumbe de la violación a los derechos humanos que representan los usos y costumbres.
A ese régimen están sujetos más de unos 13 millones de mexicanos (casi 12 por ciento de la población nacional) de 62 pueblos y comunidades indígenas, en su mayoría concentrados en Oaxaca (15 grupos étnicos, tales como zapotecos, chontales, mixtecos y triques; 16 lenguas autóctonas), Guerrero y Chiapas, que son los estados más pobres, con los índices de desarrollo humano y social más bajos de toda la República.
Las mujeres entre quienes Eufrosina se crió trabajan desde niñas: se levantan de madrugada, preparan el nixtamal, limpian la casa, hacen la comida, recogen leña, sirven al padre y a los hermanos y sufren la marranada (tolerada por el Estado, claro) de ser obligadas a casarse a los doce años con quien lo arregle su papá.
Resalta por eso que la chingona que preside la Mesa Directiva del Congreso oaxaqueño haya aprendido español en la primaria, que lograra le permitieran cursar la secundaria (yéndose con unos parientes hasta Tehuantepec) y que alternara sus estudios vendiendo fruta por las tardes; que consiguiera beca para estudiar la preparatoria en la capital y que se recibiera de contadora con el mejor promedio de su graduación.
Paradójicamente, el caso Eufrosina se da en la entidad pionera (gobierno de José Murat) de la institucionalización del presupuesto de género. Su promotora, Norma Reyes Terán (entonces directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña), veía muy bien que “sin políticas públicas con enfoque de género, nunca se podrá combatir de manera efectiva la pobreza”.
Hace un mes, la capital del estado decidió convertirse, a partir de 2011, en el primer ayuntamiento que aplicará el presupuesto de género porque, como sostiene la regidora Bárbara García Chávez, si no se apuesta por dar oportunidades reales a las mujeres, no se saldrá en ninguna parte de la mediocridad social y económica.
Ahora, con Eufrosina presidiendo a los diputados locales, es probable que entre las oaxaqueñas esté gestándose la versión femenina de Benito Juárez.
De los 570 municipios que conforman la entidad, el que hace tres años la humilló es tan sólo uno entre los 418 en que los cacicazgos autóctonos y la “progresista” demagogia “indigenista” mantienen a millones de mujeres privadas de la protección del derecho civil que rige para la mayoría de los mexicanos.
Postulada que fue (se ufanaba: “Estoy cobijada por el PAN, pero soy una candidata ciudadana; no quiero etiquetarme a ningún partido”) por la alianza entre legítimos y espurios contra el PRI, Eufrosina encarna (sobre muchas otras vejadas por el machismo folclórico que anticiparon en Oaxaca una exitosa lucha por el respeto a la dignidad femenina) el inicio del derrumbe de la violación a los derechos humanos que representan los usos y costumbres.
A ese régimen están sujetos más de unos 13 millones de mexicanos (casi 12 por ciento de la población nacional) de 62 pueblos y comunidades indígenas, en su mayoría concentrados en Oaxaca (15 grupos étnicos, tales como zapotecos, chontales, mixtecos y triques; 16 lenguas autóctonas), Guerrero y Chiapas, que son los estados más pobres, con los índices de desarrollo humano y social más bajos de toda la República.
Las mujeres entre quienes Eufrosina se crió trabajan desde niñas: se levantan de madrugada, preparan el nixtamal, limpian la casa, hacen la comida, recogen leña, sirven al padre y a los hermanos y sufren la marranada (tolerada por el Estado, claro) de ser obligadas a casarse a los doce años con quien lo arregle su papá.
Resalta por eso que la chingona que preside la Mesa Directiva del Congreso oaxaqueño haya aprendido español en la primaria, que lograra le permitieran cursar la secundaria (yéndose con unos parientes hasta Tehuantepec) y que alternara sus estudios vendiendo fruta por las tardes; que consiguiera beca para estudiar la preparatoria en la capital y que se recibiera de contadora con el mejor promedio de su graduación.
Paradójicamente, el caso Eufrosina se da en la entidad pionera (gobierno de José Murat) de la institucionalización del presupuesto de género. Su promotora, Norma Reyes Terán (entonces directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña), veía muy bien que “sin políticas públicas con enfoque de género, nunca se podrá combatir de manera efectiva la pobreza”.
Hace un mes, la capital del estado decidió convertirse, a partir de 2011, en el primer ayuntamiento que aplicará el presupuesto de género porque, como sostiene la regidora Bárbara García Chávez, si no se apuesta por dar oportunidades reales a las mujeres, no se saldrá en ninguna parte de la mediocridad social y económica.
Ahora, con Eufrosina presidiendo a los diputados locales, es probable que entre las oaxaqueñas esté gestándose la versión femenina de Benito Juárez.
