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| Mujeres de Tamazulapan Mixtes. Foto: Marcela RODRÍGUEZ |
Sembrar
banderas y tal vez algo más
Daniela RAMÍREZ CAMACHO
Muchas mujeres trabajamos en el ámbito de la justicia,
familiarizadas con leyes y normas, los estándares más altos en derechos
humanos, y desde ahí buscamos ampliar los derechos reconocidos a las mujeres y
su efectiva garantía.
Hay quienes de principio desconfían del sistema de
justicia; desde el feminismo se ha criticado no sólo que la mayoría de sus
operadores son hombres, y que los problemas de las mujeres no suelen ser vistos
ni intervenidos, sino que el sistema de justicia en su integridad está sesgado
con una visión que corresponde principalmente a hombres, heterosexuales,
blancos o que aspiran a cierta blanquitud, y que son de una clase social
privilegiada.
A sabiendas de esto, muchas nos debatimos entre el
construir por un lado nuevas formas de relacionarnos entre personas más
equitativas y justas, y por otro, presionar
para modificar y hacer valer leyes, y modificar las conductas y actitudes
machistas que permean a las y los operadores de justicia, y de las estructuras
de gobierno en general.
Por eso continuamos testarudamente señalando que las
mujeres continúan viviendo actos de injusticia y enfatizando que estos actos
son ilegales. Como diría la feminista colombiana Julieta Lamaitre Ripoll:
“decir que es ilegal hacerle eso a otra persona, hacerle eso a las mujeres, es
como sembrar banderas en el territorio enemigo”, y por qué no tal vez son
banderas y algo más, los cimientos de un cambio de consciencia en la sociedad.
Comenzamos este 2014 con una triste lista de mujeres
mal atendidas en los servicios públicos en Oaxaca, a quienes era negada la
atención en la hora del parto y terminaban pariendo en los patios, banquetas y
baños de los centros de salud. Otras historias se centran en actos de
negligencia médica que tienen dramáticos desenlaces como mujeres discapacitadas
o fallecidas.
Estas historias efectivamente son la punta de un
iceberg, pues no conocemos la totalidad de casos semejantes de negación de
servicios de salud, ni de mujeres que mueren en las etapas de embarazo, parto o
pos parto por causas relacionadas por su embarazo o su manejo (mortalidad
materna) pues persisten hasta la fecha dificultades para su monitoreo y
registro.
Tampoco conocemos la totalidad de casos de mujeres que
durante estas etapas enfrentan complicaciones con secuelas para su salud, a
veces permanentes (morbilidad materna). Sí sabemos que por cada mujer que muere
por complicaciones en embarazo, parto o posparto, aproximadamente otras 30
sufren de infecciones, lesiones o discapacidades. (Relator Especial sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental, Informe sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, 13 de septiembre de 2006. Parr. 7-10.
Disponible en: http://www.unfpa.org/derechos/documents/informe_mortalidad_000.pdf)
Y también sabemos que en 2011, el registro de
mortalidad materna en Oaxaca arrojó una cifra de 75.8 muertes maternas por cada
100 mil nacimientos vivos. (Observatorio de la Mortalidad Materna en México,
Indicadores 2011. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances México.
Disponible en: http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Indicadores%202011%20%2829%20de%20julio%29.pdf).
Las cifras son alarmantes.
Frente a este escenario, decimos que la violencia
ejercida en contra de las mujeres por el sistema de salud es injusta y es
ilegal. La negación de acceso a los servicios públicos, ya sea por la actuación
y decisión del personal o por las condiciones geográficas o económicas que limitan
a las mujeres acceder a los servicios públicos constituye una violación a su
derecho a la salud, a no ser discriminadas y a vivir una vida libre de
violencia.
La mala praxis médica o cualquier acto que constituya
violencia obstétrica, es decir el maltrato, la humillación, el no dar
información completa hacia las mujeres, realizarles tratamientos o
intervenciones innecesarias, y no respetar los tiempos y posibilidades de un
parto biológico constituyen violaciones a los derechos de las mujeres.
No decimos esto sin sustento. A pesar de que el
Congreso Oaxaqueño congeló la iniciativa de tipificar como delito en el Código
de Procedimientos Penales de la entidad, existe un amplio marco jurídico internacional que da sustento a la
protección de las mujeres contra la violencia relacionada con su salud en general,
y su salud reproductiva en específico.
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en su artículo primero señala
que se entiende como violencia contra la mujer: “cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Dicha
Convención impone a los Estados obligaciones positivas para erradicar todas las
manifestaciones de violencia contra las mujeres, y establece que se debe prestar especial atención cuando la mujer que
es objeto de violencia se encuentra embarazada.
No hay duda, estas historias son historias de
violencia.
Al haber mujeres que sobrevivieron la violencia
ejercida por el sistema de salud, y aquellas cuya vida fue arrebatada, las
autoridades gubernamentales están obligadas a responder con actos de justicia y
reparación, que involucren acciones dirigidas a la no repetición. Pese a las
dificultades del proceso, el machismo y racismo que persiste en el aparato
estatal, seguiremos insistiendo. Quizás logremos no sólo sembrar banderas, sino
también nuevas consciencias y nuevas realidades más justas y dignas para todas
y todos.
Foto: M
