A Reserva
La pobreza en Oaxaca ¿Y el cambio?
Bárbara
GARCÍA CHÁVEZ
Paul Spicker
(1999) identifica once maneras diferentes de interpretar la pobreza sobre la
base de: necesidades insatisfechas, estándar de vida, insuficiencia de recursos,
carencia de seguridad básica, falta de titularidades, múltiples privaciones,
exclusión, desigualdad, pertenencia a una clase social, dependencia y
padecimientos inaceptables.
Tradicionalmente
la pobreza se ha entendido como la insuficiencia de ingresos y muchas de las
interpretaciones del fenómeno enumeradas por Spicker encuentran sustento en
esta concepción, que ha quedado corta ante la realidad social.
Referirse en
la actualidad a la pobreza es referirse no solo a la falta de ingreso
suficiente, mas ampliamente, a la carencia de capacidades vinculadas a los
procesos de crecimiento humano, tales como educación, salud, trabajo, género,
grupo etáreo y posibilidad de participación política, entre otros.
La lucha
contra la pobreza debe procurar la solución de los problemas económicos y
elevar las condiciones de vida que impacten necesariamente el desarrollo humano
mediante eficaces políticas de estado, desde la institucionalidad democrática.
En un estado
como Oaxaca, con alto índice de comunidades indígenas, con rezagos mayúsculos
que aún y a pesar del “cambio” se encuentra tasada en los últimos lugares
nacionales de crecimiento y desarrollo, las poblaciones rurales no son
preocupaciones que estén presentes en la actual agenda gubernamental del actual
gobierno.
Tampoco son
temas muy presentes en las acciones de gobierno los procesos educativos y de la
salud.
Los acuerdos
políticos-financieros del gobierno gabinista con la descalabrada sección 22 del SNTE al frente de la educación oficial en
Oaxaca han sido más importantes que el impulso “en función del desarrollo”; son
inexistentes las campañas de
alfabetización y casi nula o en retroceso la calidad de la educación quedando a
la deriva en este rubro el rico potencial humano de nuestros pueblos frente al
posible aporte al desarrollo económico, social y cultural.
En cuanto a
generar posibilidades educativas en niveles superiores, se tendría que crear
una propuesta que diversifique los estudios tecnológicos y universitarios
“incorporando nuevas carreras y oficios indispensables para el desarrollo
económico y social”.
Solo basta
voltear a las regiones más pobres de la entidad –la sierra, la mixteca- para
corroborar los índices de atraso educativo, que como siempre se agudiza en la
población femenina.
Respecto de
la salud, fundamental en el desarrollo de los pueblos, no se adjudica el estado
oaxaqueño como tarea fundamental ningún programa de abastecimiento de agua
potable y de otros servicios de saneamiento. Tampoco se encuentran referencias
a dos grandes preocupaciones, -consecuencia inmediata de la pobreza- la
desnutrición y la protección de la salud materno infantil.
El
gobernador y sus amigos, aquellos que ostentan por designación puestos de poder
casi monárquico, no hacen referencia directa a la lucha contra la pobreza o a
las inequidades que afectan la distribución de la riqueza en nuestro estado,
sino apenas una imprecisa referencia a “elevar el nivel de vida”, argumentando
cínicamente los avances del gobierno de la prosperidad, inventando cifras y
estadísticas que ofenden a la ciudadanía, afirmando la creación de miles de
empleos o la disminución de la migración o difundiendo programas inaccesibles
que generan esperanzas golpeadas.
Una de las
más importantes ausencias de acciones serias es la pobreza y la discriminación.
Resulta políticamente intolerable y moralmente inaceptable que algunos sectores
de nuestra entidad se encuentran marginados y no participan de facto en
acciones que además son anunciadas con platillos y tambora, pero que no llegan
a ser realidad ni en su mínima expresión.
Tal es el
caso de la inacción política que asegure la certeza jurídica y seguridad del
pueblo loxicha, que aún se encuentran presos sin un debido proceso desde hace
16 años, autoridades municipales de ese tiempo.
O la
cacareada paz en la región Triqui, cuando siguen persiguiendo y asesinando a
sus dirigentes históricos y continúa desplazamiento de hombres y mujeres, y donde ellas siempre son
las más afectadas.
O el tan
anunciado año de la no violencia hacia las mujeres, cuando el número de
feminicidios mayor que en los peores años del autoritarismo de Ulises
Ruiz, precedente necesario de una alerta
de género.
Un tema
fundamental resulta la protección de los derechos humanos. No deja de llamar la
atención las constantes declaraciones que al respecto hace Gabino Cué
Monteagudo en un excesivo alarde mediático:
“Reafirmamos
nuestro compromiso de proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad o
marginalidad...”
¿Será
precisa esta aclaración? ¿es necesario seguir poniendo de manifiesto que todas
las personas gozan de los mismos derechos humanos?
La
asignatura de acciones frente a la violencia, implícita en la actualidad en el
contexto nacional y su réplica en las entidades federativas, que se excusan
algunos gobiernos locales y otros más como Oaxaca niegan el fenómeno o cuando
menos lo minimizan. De cualquier forma
la violencia permea en las capas de la geopolítica oaxaqueña y viene acompañada
del fenómeno de criminalización de la pobreza y actúa como otra de las cargas
que los pobres llevan sobre sus espaldas.
En
sociedades en las que la violencia está generalizada, esconderla con discursos
soeces no la disminuye solo genera más corrupción y mayor impunidad.
No se nos
debe olvidar que de acuerdo a los tratados y postulados internacionales, de los
que el gobierno mexicano forma parte, de cuya responsabilidad son subsidiarios
los gobiernos estatales, la eliminación de la pobreza es parte esencial de la
promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye
responsabilidad común de los gobiernos.
Sin duda,
existe una relación cierta entre la superación de la pobreza y la gobernabilidad
democrática, sin embargo, la base del razonamiento de la lucha contra la pobreza
es la más elemental dignidad humana que justifica por sí misma su erradicación,
más aún cuando se la califica como crítica, lo que sucede hasta hoy
ineludiblemente en Oaxaca.
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