Mujeres y Política
La Impunidad
Soledad JARQUÍN EDGAR
El proceso electoral dejó lejos de las miradas la cotidiana
realidad. Pero insisto, en las aguas flotan los cadáveres de las pésimas
acciones humanas.
La violencia contra las mujeres es un problema estructural,
es verdad. Cuando un hombre agrede a una mujer, sin duda, impera ese
patriarcado que nunca se ha ido a pesar de todos los avances de la humanidad y
que nos muestran que seguimos anclados a lo peor que tenemos como personas.
Emplear la supuesta superioridad mental, más que física, inferioridad de facto
por ser mujer, para golpear, violar, secuestrar, obligar a desempeñar
actividades en contra de la voluntad de las otras y hasta asesinar, ahora con
más saña que antes.
La multiplicación de estos casos que nos llenan de
indignación, es uno de esos principios de ese machismo y misoginia de las que
no hemos podido desprendernos a pesar de todos los avances en todos los
sentidos, de las ciencias, las artes y en suma de nuestras gloriosas culturas.
Esta violencia que se manifiesta en agresiones físicas,
emocionales, patrimoniales, económicas, sexuales y hasta en el feminicidio son
resultado de un planteamiento de desigualdad profunda entre el ser mujeres y el
ser hombres, no se trata de un asunto natural, por supuesto que no, es una mala
invención humana y por eso puede cambiar, como plantea el feminismo. De ahí que
las feministas del mundo hayan ido planteando toda clase de mecanismos,
iniciativas, propuestas públicas, ideas, quehaceres en la pretensión de cambiar
desde lo profundo esta desigualdad a través de una suerte de educación nueva
para mujeres y hombres, que transformen la formas de relación y donde cada uno
y cada una tenga su propio nombre y por tanto se les nombre; su propio espacio
y libertad. Así de simple.
Sin embargo, es ahí donde todo se detiene, los hechos nos
dan la razón. Entonces, no hay duda, la otra pata que ancla a muchas mujeres a
vivir lejos de la violencia machista es una y es institucional, se llama
IMPUNIDAD.
Me refiero con ello a ese principio que en 2005 promulgó la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y señala en uno de sus
documentos que la impunidad “Constituye una infracción de las obligaciones que
tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas
respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que
las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y
condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y
la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a
conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
repetición de dichas violaciones”.
La impunidad que incluso tiene un día mundial y que
curiosamente se conmemora el 23 de noviembre, es decir, dos días antes del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, fecha tomada por
feministas latinoamericanas para recordar a las hermanas Mirabal víctimas del
dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo, a principios de la década
de los 60.
Es esta impunidad provocada por esta “infracción de las
obligaciones que tienen los Estados” es la que hoy viven las familias de las
mujeres triquis que han sufrido violencia patriarcal, machista, misógina… como
es el caso de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas en julio de hace
cinco años en la zona de la mixteca oaxaqueña; es la misma sensación de
impunidad que viven las familias de Teresa Bautista y Felicitas Martínez,
jóvenes encargadas de algunas secciones de la Voz que Rompe el Silencio
estación radiofónica de San Juan Copala, misma zona de la mixteca donde se
asientan el pueblo Triqui.
Es la impunidad que desde el 11 de julio de 2006 lacera los
cuerpos de 14 mujeres de la zona de tolerancia en Castaños, Coahuila, violadas
sexualmente por 12 elementos del ejército mexicano. Mujeres de entre 18 y 40
años. Una impunidad permanente por una justicia a medias que luego se convirtió
en justicia a la cuarta parte de los violadores que hoy purgan castigos carcelarios
que, por si fuera poco, les fueron reducidos en la segunda instancia. Es la
profundidad de la desigualdad.
Impunidad que se refleja también en la pobreza. Justina es
un ejemplo claro y certero de lo que hace esta falta de justicia. Se trata de
una mujer zapoteca originaria de Loxicha, cuyo esposo está detenido y a quien
atropelló un automóvil. La ayuda no llegó y ahora, gracias a ese mutis de la
comisionada de Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas, le cortaron la pierna.
Ahora pide caridad, “estado de bienestar” al que algunas políticas públicas se
insertan y el funcionariato reduce a las
mujeres.
Impunidad en el caso de “Rosa” violada por su médico, el
ginecólogo Aníbal Hernández Guerra, en el istmo de Tehuantepec en 2010, sin que
hasta el momento haya sido molestado y ¿saben cual es el fondo del asunto aquí?
La victima tiene una sospecha: la repartición de dinero y la otra y peor razón
es que no le creen. Tal parece que los responsables de investigar, esos que
dicen ser los abogados del pueblo y que cobran mes a mes en la procuraduría,
estuvieran para creer y no para investigar.
Impunidad del tamaño de 45 vidas, es decir tendríamos que
escribir al menos más de 40 veces la misma palabra, se trata de las víctimas de
feminicidio cometidas en contra mujeres oaxaqueñas en lo que va del año, el
segundo del gobierno de Gabino Cué y que sumadas a todo el ejercicio de
este gobierno suman 140, según el
recuento de Consorcio-Oaxaca. Y mire el tamaño de la impunidad, en sólo CUATRO
casos el victimario o presunto responsable fue detenido, en otros CUATRO casos
se tiene el nombre del sujeto, en UNO más el asesino se suicidó y en TREINTA Y
SEIS casos más nadie sabe nadie supo quién asesinó a estas mujeres, esto según
el reporte hemerográfico. Seguramente hay otros detenidos y tendrá tiempo si le
interesa en informarlo la PGJE de Oaxaca, pero la IMPUNIDAD seguirá siendo
grande porque mientras la justicia no enseñe los dientes nadie le tendrá miedo
y seguiremos como en los tiempos de las cavernas.
No hay duda, en el año de la NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES,
como decretó verbalmente el ciudadano gobernador de Oaxaca, Gabino Cué
Monteagudo, se carece de recursos suficientes para emprender acciones
preventivas; la diputación permanece adormilada, primero porque el tema les
tiene sin cuidado, puras declaraciones sin fondo y las iniciativas de ley les
machucan los dedos pero no les duelen, total ni de su familia son estas
mujeres; la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE) carece
de personal capacitado científicamente y suficiente para esclarecer los
asesinatos, permea la corrupción y se castiga a inocentes para llenar los
huecos, eso habla de quien la dirige, las oficinitas que crean para atender la
violencia de género sirven para crear una élite de privilegiadas y para darle
trabajo a quienes no precisamente están ahí porque saben del tema sino porque
consiguen un lugar en la vida mediante eso que el feminismo reprueba: sus
cuerpos.
Y ahora sí, habrá quien disfrute el 80 aniversario de la
fiesta del pueblo oaxaqueño, la Guelaguetza y poco le importará a quienes toman
las decisiones que impere la IMPUNIDAD. Parafraseando a German Dehesa pregunto no
cómo durmieron sino ¿vivirán tranquilos?
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