Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
El centralismo político pretende organizar y controlar, desde el centro del poder, la vida de la comunidad sustituyendo las formas espontáneas en los diferentes roles ciudadanos, en mecanismos y estructuras premeditadas y dirigidas, eliminando toda ideología diversa y por supuesto el pensamiento crítico divergente.
En una sociedad que se contempla como democrática, la jerarquía de la libertad exige defenderse tanto del abuso del más fuerte como del sometimiento a una hegemonía cultural e ideológica. La condición de ciudadanía da al sujeto derecho, voz y posibilidad de pertenencia al grupo humano, con ideas, acciones y reacciones propias.
La fragilidad de las democracias modernas, conlleva una profunda crisis de legitimidad del Estado. Se observa el agotamiento de las fórmulas tradicionales, frente a un electorado que se identifica con un discurso pragmático que pregona eficacia y dureza para resolver sus problemas inmediatos y cotidianos, frente a discursos ideológicos trasnochados, aburridos y repetitivos que encuentran rechazo unánime por parte de los grandes colectivos desilusionados.
La ciudadanía quiere mejores servicios públicos, trabajo seguro y decente, sueldos dignos y remunerativos, quiere tener una mayor incidencia en las decisiones de las cosas que lo involucran, quiere elegir con certeza a sus gobernantes, concejales, diputados y otros cargos de elección popular. La ciudadanía necesita saber que es protagonista de su propia historia y de su futuro. Así, para ficticios y revestidos personajes de falsos ropajes democráticos, el final está cerca.
Una objeción de conciencia colectiva contra una democracia anquilosada y centralista, nace y se desarrolla con una nueva mentalidad democrática que pugna por una sociedad participativa en las decisiones de los gobiernos y la creación de nuevas leyes que verdaderamente representen los intereses de los diversos sectores ciudadanos.
Los nuevos tiempos han dejado atrás la evocada democracia centralista, herencia totalitaria y populista de Estados dominantes que subestiman la inteligencia y la participación de las y los ciudadanos en la construcción de sus propios ideales realizables en libertad y una democracia descentralizada y eficiente.
Recapitulando sobre la democracia y sus significaciones, cuya característica predominante es la organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante.
En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social, entre habitantes libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
De forma clásica, la democracia ha sido dividida en directa e indirecta. En la democracia directa, el pueblo reunido en asamblea o concejo, delibera y toma las decisiones que van a regular la vida en sociedad, de forma horizontal. Mientras que en la indirecta o representativa, el pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones, de forma jerárquica.
Se distingue una tercera categoría atenuando a la democracia indirecta, donde el pueblo participa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través del plebiscito, referéndum, iniciativa popular y destitución popular o revocación de mandato.
En el plebiscito el pueblo elige «por sí o por no» sobre una propuesta. En el referéndum el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma (constitución, ley, tratado). A través la iniciativa popular un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o derogación de una ley. En tanto, mediante la destitución popular o revocación de mandato, la ciudadanía puede destituir a un representante electo antes de finalizar su período.
El sistema de gobierno de México adopta la democracia representativa, que se caracteriza por un menor activismo de los ciudadanos, el cual se reduce a elegir al representante popular el día de las votaciones, los promotores de esta visión se enfocan en el perfeccionamiento de los sistemas electorales: organismos autónomos, elecciones libres, equidad en la elección y representatividad en los órganos del Estado, entre otros.
Mientras la democracia participativa conlleva el activismo ciudadano, esto es, no solo elegir al representante, sino busca estar presente en la toma de decisiones, ser parte activa en las tareas del Estado, lo que implica estar más informado y atento a las acciones de los gobernantes.
El término de democracia participativa es un concepto intermediario entre democracia directa y democracia representativa. Se buscan los mecanismos políticos para que todos los ciudadanos puedan participar de la decisión política. Se expiden leyes que obligan al gobierno a organizar consultas populares y a tomar en cuenta las decisiones ciudadanas. Sin embargo, ese tipo de reformas políticas pueden generar también nuevas formas de clientelismo, lo cual constituye un riesgo permanente para la democracia.
La crisis política en países latinoamericanos, como México, deterioró la figura de la representación democrática a partir de que el Estado y sus leyes potencializaron el poder político de los partidos, incrementando profusamente su financiamiento, otorgándoles espacios de sobrerrepresentación y el monopolio electoral.
Asimismo, las prácticas gubernamentales que pervierten con insólito cinismo el quehacer político con pérfidas faenas de enriquecimiento descarado, tráfico de influencias, corrupción sin límites, ineficacia e impunidad. Ante tan perniciosos males, la solución propuesta, siempre desde la sociedad civil, es más democracia y la ciudadanización de la política. Se privilegia la reflexión muchas veces inmadura y desinformada, que solo con nuestra intervención desinteresada y limpia (mientras no seamos de la clase política nos conservamos sin mancha) alcanzaremos el bienestar y la armonía. Por otro lado, además la democracia participativa intentaría paliar los fenómenos de la apatía y el descrédito de la vida política.
México y Oaxaca, por supuesto no son la excepción, la ciudadanización en las decisiones y en el encargo público, no es un requerimiento consciente de la ciudadanía como ente colectivo, lo es para algunos grupos que han respaldado la utilización retórica que le permita al gobierno legitimarse mediáticamente, escamoteando la participación democrática de la sociedad civil en su conjunto, con el protagonismo conveniente de algunos intereses sectarios, incluso los del viejo y abominable régimen.
En el marco de la consolidación de una democracia participativa es esencial cambiar el concepto tradicional cerrado y aislado de gobernar, por uno actualizado, abierto, verdaderamente representativo, democrático y fundido con todos los sectores de la sociedad con el fin de preservar una amplia interpretación del interés público que abarque las necesidades de los seres humanos como un todo.
La ciudadanización implica participación no solo de las élites de activistas sociales mediáticamente populares, la sociedad civil es más, mucho más; no implica de manera alguna ser cooptada por los mecanismos soeces del gobierno que convenientemente utiliza como mecanismo de legitimación y desecha cuando le son incomodos.
Un gobierno que se llame democrático, como nombra al suyo Gabino Cué en Oaxaca, debe evitar seguir en el error de crear “burocracias ciudadanas” amamantadas por los procesos de transición social y que tarde o temprano se convierten en círculos de poder reaccionarios que terminan planteando como fin sus propios objetivos, haciendo uso infame de lo público y perdiendo la perspectiva de la justicia y la igualdad.
La democracia participativa es el poder de la ciudadanía, la ciudadanización de la libertad, que sin duda requerimos como individuos y como pueblo, sujetos capaces de futuro en el sentido pleno del término. Es nuestra tarea como ciudadanas y ciudadanos responsables de nuestro destino.
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