Los uniformes…el retroceso
Soledad JARQUIN EDGAR
Este jueves se dio a conocer la denuncia de una mujer maya que fue torturada psicológicamente y sufrió durante horas la amenaza de ser violada sexualmente por un grupo de policías dentro de una celda en la prisión municipal de Tulum, me pareció que volvimos irremediablemente al pasado donde los derechos humanos ni siquiera era posible concebirlos en el imaginario colectivo.
Este dantesco capítulo de justicia a la mexicana, también me recordó aquellos días terribles vividos por chilenos y argentinos en los tiempos de las dictaduras militares y que terminaron sacrificando la vida de cientos de hombres y mujeres jóvenes, pasando claro está por la tortura que significa la violencia sexual.
Tuve una certeza, muy amarga, desalentadora porque estos hechos bochornosos siguen pasando en México, un país envuelto en la violencia donde la población resulta la principal afectada por el daño colateral que cobra cada día la vida de personas inocentes, que son desechados como si fueran basura en las calles, como sucede en diversas capitales del país y que “la autoridad” en turno señala, con el dedo índice y un tono de menosprecio en la voz, que se trata de delincuentes. Claro, sin que exista investigación real sobre estos asesinatos.
La agresión cometida por policías, hombres y mujeres: Gisela Morales Reyes, Selena Torres Hernández, Liborio May May y Martín López Dorantes y otros cuatro cuyos nombres se desconocen, al interior de la cárcel municipal de este municipio quintanarroense, es sin duda, reitero, una muestra más de los retrocesos que en materia de derechos humanos sufrimos en México, violencia que se incrementa contra las mujeres y que no es sino una demostración de la falsa supremacía varonil sobre ellas. Me pregunto hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde lo vamos a permitir. El hecho es grave y tiende a repetirse.
Es indignante, no tengo la menor duda que una buena parte de la población está consternada con lo sucedido y que se agrava porque la joven Gabina Pat Díaz sufre una segunda violación a sus derechos humanos frente a la negación de justicia, sus agresores apenas fueron amonestados administrativamente y como si nada hubiera pasado gozan de libertad y tal vez a estas horas ya hayan huido, mientras en el resto del país y el mundo seguimos con la indignación a flor de piel.
Es decir, el gobierno del Estado de Quintana Roo incurre en omisión y dilación de la justicia, le da tiempo a los agresores para marcharse y no ser castigados por lo que hicieron y de esta forma, el gobierno estatal y municipal, incluso, son cómplices, contribuyen a que exista impunidad, el daño más grande que se hace a las víctimas de un delito.
Lo sucedido a Gabina Pat Díaz, de 24 años, es una muestra, de lo que en este país pasa todos los días, donde las mujeres son sistemáticamente agredidas, peor aún si su origen es autóctono, dramático en extremo si son pobres, la famosa trilogía: mujeres, pobres e indígenas. La misma que habla de que todo eso ha sido superado, lo cierto es que persiste, ahí está.
Cuando un grupo de amigos y amigas comentamos sobre este hecho, me decían que este tipo de acciones que nos avergüenzan se cometen porque existe el permiso de las autoridades. Tienen razón, si los gobiernos o quienes están al frente de ellos no quisieran que estas atrocidades, esta violencia de género, se cometiera habría justicia. Así de simple.
Me pregunto cuántas veces más estos mismos policías cometieron delitos semejantes o peores contra otras mujeres y que hoy lo sabemos gracias a la valiente denuncia de Gabina Pat, quien ha dado su testimonio ante los medios de comunicación a pesar del riesgo que puede ocasionar la ausencia de justicia. Vendrán, lo sabemos, días difíciles para esta joven detenida sin justificación alguna y molestada por quienes debieran proteger su vida.
La tortura a la que fue sometida, cuando le quitaron la ropa, la esposaron y prácticamente la colgaron de los barrotes de la celda, para luego insultarla y permanentemente amenazarla durante horas con que la iban a violar, es, insisto, un indicio de la gravedad que enfrentamos en este país en relación a la falta de garantías a los derechos humanos.
Y no debe ser considerado como un hecho aislado. Para muchos varones el uso de uniformes, armas y vehículos de las distintas corporaciones policiacas y militares representa una supremacía que les sirve para subordinar al resto de las personas, más aún cuando se trata de mujeres. Cuando actúan de esa manera, los militares y los policías, e convierten en delincuentes, igual que esos que el gobierno federal de Felipe “El Valiente” Calderón combate en las calles.
A lo largo y ancho del país existen casos concretos y deleznables, por ejemplo, recuerdo ahora, a las tres adolescentes tzeltales violadas en Chiapas por militares (1994); en Guerrero fueron denunciados los casos de Atlixtac de Álvarez contra dos mujeres indígenas tlapanecas, fueron violadas por cinco soldados en diciembre de 1997; en abril de 1999, otras dos mujeres fueron agredidas en Tlacoachixtlahuaca por militares; en 2002, fueron denunciados dos episodios más, en febrero contra una mujer en Barranca Bejuco, Acatepec y otra más en marzo en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, en estos casos intervinieron ocho y 11 soldados respectivamente.
En 1997, en Oaxaca unas 20 mujeres zapotecas de Loxicha también denunciaron agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y policías del Estado, años antes los mismos hechos ocurrieron entre mujeres de la etnia Triqui por parte de elementos del ejército. En Castaños, Coahuila, soldados del ejército mexicano violaron a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia en julio de 2006.
En Veracruz está reciente aún el caso de una anciana violada por militares en 2007 y otros hechos ocurridos entonces en la misma Sierra Zongolica. En Atenco, Estado de México, en 2006, 23 mujeres fueron agredidas sexualmente por agentes policiacos. En Michoacán, se registró la denuncia de cuatro adolescentes en 2007, que habrían sufrido violencia sexual por parte de militares.
El estado de guerra que hoy vivimos, representa para muchos de estos malos servidores públicos la oportunidad para subyugar y mostrar su fuerza sobre las mujeres, en esa intención de denigrarlas por el concepto que sigue prevaleciendo en relación a la supuesta disminución de las mujeres, en especial entre las mentes que las consideran objetos que pueden usar y desechar cuando se les da la gana amparados en sus uniformes de botones dorados y condecoraciones por sus “heroicas” acciones. Se trata de tomar a las mujeres del bando “enemigo”, como han explicado las expertas en género, como botín de guerra.
En Quintana Roo la violación a los derechos humanos se ha convertido en los últimos meses en una constante, es la nota permanente. No sólo hay represión a las y los informadores y comunicadores, que sufren el golpeteo de una u otra forma, campañas completas de terror, que pasan por la decisión de algunas y algunos de los trabajadores de salir de la entidad y dedicarse a otra cosa.
Un botón de muestra de la violación permanente a los derechos humanos y la inacción del estado, es el alto grado de discriminación, agresiones y detenciones arbitrarias como la que se cometió contra Gabina Pat, insisto por ser mujer, indígena y pobre.
Pero lo peor, dicen las voces de aquella entidad, es que hay un silencio terrible de los responsables de los derechos humanos o actúan con torpeza, es como si no existieran y cuando el asunto se vuelve una noticia nacional es porque ha pasado mucho tiempo. La única esperanza que persiste es que aún hay una sociedad organizada que responde, a veces, desde otras entidades para detener tantas arbitrariedades.
La valiente denuncia de esta indígena maya, debe indignar a toda la población mexicana y seguir el caso hasta sus últimas consecuencias, hasta que la víctima reciba justicia y sus agresores sean detenidos, sancionados y encarcelados por el abuso de poder y la tortura a que sometieron a la joven de apenas 24 años. No sé qué le pasó al muchacho que gobierna Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, pero mientras el madura, otros le comen el mandado y mandan en su entidad aunque tengan que pasar por encima de los derechos de la población.
Bien haríamos en no quitar la vista de Quintana Roo durante los próximos años.
@jarquinedgar
Canalgentelibre.com
