BÁRBARA García Chávez
Tutelar un Estado que fue francamente vapuleado por irracionales y cínicos gobernantes, que violentaron los derechos humanos de la manera más cruenta e identificable, como ha sucedió en Oaxaca durante las pasadas administraciones priistas, utilizando como argumento de la alternancia, con el recurso redentor del consuelo y el castigo, la bandera de la revancha y poniendo látigos en manos de los ofendidos. Pero sin propuestas que alberguen visones de mejores tiempos, sin acciones que modifiquen de fondo el estatus de pobreza, ignorancia y más y mejores oportunidades hacia una vida digna. Parece que Oaxaca se conformará con la promesa de la justicia vengadora, del cadalso que solo decapita a los bellacos del pasado reciente. ¿Será suficiente? ¿Será lo que anhelan hombres y mujeres de este estado?
Revisando el pasado encontramos gobernantes todos pertenecientes al “infame” PRI, los últimos cuarenta años hubieron diez gobernadores, incluyendo a los tres interinos, hoy presente en el panorama actual uno de ellos, Jesús Martínez Álvarez -a quien su sobrina putativa diputada panista le pretende regalar la reforma constitucional que lo habilite a reelegirse como gobernador-. Los nombres corresponden al fundo priista que aun tienden su estirpe política unos todavía en el PRI, otros le dieron vuelta convenientemente al manto tricolor.
Unos mejores que otros, Víctor Bravo Ahuja, Alfonso Gómez Sandoval, Pedro Vásquez Colmenares. Otros terribles y autoritarios, como Manuel Zárate Aquino que fue obligado a abandonar el Estado en 1977 y sustituido por el militar Eliseo Jiménez Ruiz, a quien el partido de Estado premió por el certero asesinato de Lucio Cabañas en Guerrero, nombrándolo gobernador interino de Oaxaca, Estado que militarizó dando rienda suelta a las persecuciones, detenciones, torturas, aprehensiones y desapariciones, especialmente de jóvenes estudiantes. Entonces la UABJO se vistió de luto, las calles de protestas y las cárceles de ideas e ilusiones.
Heladio Ramírez López rompiendo la cadena aristocrática, que entonces lo recibió con un enorme titular que decía “Noche negra para Oaxaca”, representando los intereses campesinos, los asuntos de tierras, sobre todo si se trataba de grandes propiedades, de haciendas importantes, como las de Diódoro Carrasco Palacios, a quien favoreció desde la CNC y por supuesto a su hijo que desde pequeño trabajó para él y más grandecito le enseñó los gajes del oficio de hacer política, le asignó la sucesión de la gubernatura. Diódoro hijo ascendió al trono.
El gobierno de Diódoro Carrasco se caracterizó por el espaldarazo que le dejó Salinas de Gortari, a quien también le aprendió a tratar a los indígenas rebeldes, basta recordar los sucesos en la Sierra Sur, en la zona de Loxicha, que llevó a las mujeres a permanecer plantadas en las puertas de palacio de gobierno por más de cuatro años. Persecución, arrestos, desaparecidos y asesinatos de decenas de mujeres y hombres zapotecas asentados en los loxicha. La relación política del actual gobernador del cambio que lo responsabiliza, ya la conocemos, y no desaparece su responsabilidad en esos acontecimientos, solo porque guarde silencio. ¿O sí?
José Murat y Ulises Ruiz Ortiz, significaron la desfachatez, corrupción, desvío de recursos, falta de obras, discrecionalidad fraudulenta, terrorismo de Estado, impunidad, violación flagrante y conculcación criminal de los derechos humanos y libertades ciudadanas ¿Quién no lo sabe? Es una verdad conocida y reconocida en Oaxaca y en el mundo ¿Qué no?
Tal vez nuestra memoria es corta o moldeable, tal vez la retórica de los discursos que nos repiten una y otra vez lo que ya sabemos, nos confunden o cuando menos pretenden manipular nuestra memoria, confundir las necesidades apremiantes de justicia, sí, pero sobre todo y ante todo, de justicia social; es decir, bienestar, seguridad, empleo decente, remuneración digna.
En pocas palabras, nos urge de verdad saber qué vamos a vivir mañana, que nuestras hijas e hijos van a regresar sanos y salvos a casa, que habrá para comer, que la calle no es el sitio más peligroso porque está oscuro, porque ver a dos o más personas que se acercan nos da miedo, tanto como ver aparecer a un policía, creer firmemente que en mayo no se suspenderán las clases en las escuelas y podremos ir a trabajar sin que nadie impida el paso, aparte de la certeza de que niñas y niños de Oaxaca son los mas impreparados, en fin.
No vemos claro, pero sí escuchamos que ahora tenemos un “mejor gobierno” que ya es democrático, porque se ha ciudadanizado, ahora la ciudadanía participa, cuantas personas pensarán ¿por qué a ellas no les han preguntado qué quieren o qué opinan?
Tal vez se escuche en los medios de comunicación el nombre de una organización que se dice participar, proponer y hasta formar parte del gobierno de la paz y el progreso, y se sigue escuchando que hay que castigar a los culpables que ya se fueron -dice Gabino- que hay que festejar que dos o tres que ni se conocían ya están en la cárcel. ¿Y luego?
En referencia al papel no muy loable que algunas organizaciones sociales juegan en el proceso de la alternancia, mas no de la transición democrática, cito a Rafael Merchán:
“La participación ciudadana es un valor agregado, para cualquier gobierno que emprende un proceso democratizador sin proyecto verdaderamente alterno, puesto que…cada uno de los individuos y grupos que participen en los procesos de toma de decisión, van a estar concentrados en defender sus intereses particulares y por ende va a ser supremamente difícil la construcción de una racionalidad colectiva que se sobreponga a la racionalidad individual. Si las demandas son amplias y los bienes que se van a repartir son escasos, la única forma de que la decisión sea lo suficientemente legítima y racional es que ésta obedezca a un criterio colectivo que, al menos parcialmente, trascienda las visiones, expectativas y necesidades estrictamente particulares".
Un gobierno verdaderamente democrático debe, en primer lugar, solventar la necesidad de estabilidad, que implica una mejora en las condiciones sociales y económicas de muchos sectores. Esa mejora es vital para la credibilidad y la representatividad de las instituciones sociales. Los grupos sociales que están llamados a apoyar políticamente los regímenes requieren de mejoras en las oportunidades para elevar su calidad de vida. Si esas condiciones están ausentes, los gobiernos pueden mantener la legalidad formal de los sistemas, pero pierden el apoyo social en la aplicación de muchas medidas políticas.
Por supuesto es determinante la participación ciudadana con o sin membrete, la que se representa individual o colectivamente, la que ve saldadas sus expectativas sin recurrir necesariamente a la vinculación mediática o la que refiere a una articulación entre la presencia efectiva en la calle y su sustento en unos cuantos lideres que argumentan mayor representación implícita, lo que permite a ciertos reclamos y movilizaciones colectivas, aspirar a ser la expresión mayoritaria de la opinión que debe ser escuchada por las autoridades o incluso se impone a ellas.
En este sentido, los medios de comunicación determinan la existencia y la fuerza de los organismos ciudadanos; si bien es cierto en el espacio público se libra una lucha importante por influir en la audiencia, la calle es el foro, pero solo si los medios lo informan, el resultado se refleja en la opinión del informador y su relación con la fuente. Sin esta relación, los movimientos ciudadanos se diluyen, no existen.
Los espacios que otorga el gobierno por la paz y el progreso a “la ciudadanía”, acomodo y prerrogativas, se derivan de una ecuación que poco tiene que ver con su legitima representación: por una parte, la oposición que mostraron durante los gobiernos del mal, y por otro lado, la disposición de halago, sumisión y el servicio mediático de su supuesta representación. Así podrán adjudicarse una digna participación ciudadana democrática en varias instancias de gobierno, comisiones, consejos e incluso suscribirse en las nóminas del Gobierno estatal.
Por último, refiriéndome al más reciente esfuerzo ciudadano, la demanda que hacen varias organizaciones sociales al gobernador Gabino Cué, de formar la “comisión de la verdad”, entiendo que debería ser de la sociedad civil para que se caracterice como ciudadana; de otra manera podría caer en la inacción y corrupción de las instancias de gobierno que maniobrarían las actuaciones jurídicas restando efectividad a la búsqueda de la verdad.
Por lo tanto, esta comisión tendría que ser autónoma y sus miembros honoríficos, un vocero debidamente consensuado y acordar a quiénes, qué acontecimientos, y qué periodos serán objeto de escrutinio y sanción; y claro, tendrán que vincularse con instancias de reconocimiento jurídico nacional e internacional. Si no es así, da lugar a pensar que se trata de acomodos políticos.
A veces la democracia entendida como ciudadanización del gobierno, la relación institucional con algunos grupos ciudadanos, pierde la perspectiva de la ciudadanía –como sujeto difuso- y quien la representa, disminuye peligrosamente la gobernabilidad.
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