Soledad JARQUIN EDGAR
El país entero es hoy un polvorín. Por un lado la violencia derivada de la guerra contra el crimen organizado muestra su peor cara, los hechos cotidianos así lo revelan, el norte del país es una vena sangrante de forma permanente. Las contamos de uno en uno hasta llegar a más de 50 mil personas asesinadas. Por otro lado, en el sur de esta nación, los problema sociales también dejan muertes inexplicables, más sangre. En México entero los asesinatos contra mujeres siguen provocando ese goteo imparable de dolor. En Oaxaca, van 54 asesinadas entre diciembre de 2010 y este sábado 27 de agosto de 2011.
Al balance negativo de la violencia se aúna al crecimiento de la pobreza, otra forma en que el pueblo se desangra todos los días. En México, la gente se muere por falta de atención médica, fallece por hambre, de la misma forma en que se muere la niñez en algunos países africanos y que tanto nos indigna y sorprende. A las puertas de nuestros hogares la gente llega a pedir ayuda para pagar los servicios médicos, para regresar a sus comunidades, para comprar los útiles escolares de sus hijos o hijas. No hay crucero en las calles de casi todas las ciudades mexicanas donde los limpiaparabrisas no aparezcan, lo mismo que los malabaristas o los payasos o las que nos venden dulces, mujeres indígenas que cargan en la espalada un niño dormido, agobiado por el sol, el ruido y la contaminación. Paisajes urbanos de la pobreza extrema.
De qué hablan Felipe Calderón y los gobernadores de los Estados de todos los partidos políticos cuándo se congratulan de sus programas, de sus obras, de sus acciones si no pueden controlar la violencia sistemática y cotidiana. Si persiste la pobreza, la muerte por falta de hospitales, medicamentos o personal que atienda. Qué cara pueden poner las autoridades federales, estatales o municipales si la juventud no puede acceder a la universidad pública y si terminan una carrera universitaria y encuentro trabajo reciben salarios mínimos sin acceso a los derechos laborales o se les regatean.
Qué nos pueden responder esos gobernantes sobre el incalificable tráfico de personas, cuyas historias pasaron de una especie de leyendas negras a historias reales, con nombres y apellidos de las mujeres y las niñas que son vendidas dentro o fuera del país para alimentar las redes de prostitución, la aberrante esclavitud sexual que las más civilizadas sociedades de todo el mundo no pueden o se niegan a erradicar.
Quién de esas autoridades nos puede contestar sobre la cacería de migrantes o la violación sexual, la discriminación, los malos tratos de las autoridades a mujeres y hombres de todas las edades, porque se atreven a pisar un suelo extraño, personas que buscan nuevas oportunidades en países ajenos a los suyos y que son tratados y tratadas como si fueran delincuentes, criminales y no ciudadanos en tránsito, huyendo de la violencia, de todas las violencias, como de todas las pobrezas, como se ha dicho en el Seminario Internacional: Mujeres, Migración y Seguridad Ciudadana, celebrado este fin de semana en la ciudad de México.
Necesito, de verdad, que alguna autoridad diga cómo nos convertimos en un país sumamente riesgoso para el trabajo informativo. La prensa en México también se escribe con sangre, 72 asesinatos contra periodistas desde el año 2000, homicidios cruentos y violentos todos, llenos de tortura, como en tiempos de las dictaduras militares sudamericanas ¿de qué se trata?
Podrán esas autoridades respondernos por qué pasan los días y los meses, y hasta años, y muchas familias viven en vigilia permanente por el secuestro de un ser querido, mientras el resto tenemos miedo constante de pasar por ello, porque vemos crecer a la delincuencia, porque sabemos de la corrupción de los cuerpos de seguridad y también de su incapacidad para actuar.
A mi no me queda nada claro lo dicho por Felipe Calderón tras el atentado en un casino de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No puedo, porque yo también repudio la violencia y como a mí, a casi toda la gente nos enseñaron que la violencia no puede combatirse con más violencia. A Calderón –expertos y expertas- se lo dijeron una y mil veces, le explicaron que había equivocado la forma de enfrentar a los criminales, pero no hace caso, sigue empeñado en que esta es la obra de su vida.
Lo cierto es que no sirven de nada tres días de luto nacional, las condolencias ni la solidaridad de la clase política que se ha volcado en mensajes por todas las vías para hacerse presentes en el dolor de las familias de las víctimas, que fueron mujeres en su mayoría.
Tantos discursos, tantas palabras, tanta saliva carecen de sentido en tanto la impunidad persista. Ahí están los deudos de la niñez sacrificada en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y los funcionarios de primer nivel, los responsables siguen sonriendo y en sus cargos porque nadie les tocó un pelo, siempre hay una parte delgada por donde se rompen los hilos. Y como ellos, las familias de muchos jóvenes asesinados en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa y en casi todas las entidades del país, a quienes “los afectos” post mortem de Calderón no les sirven de nada.
Pregunto ¿cómo pasamos del crimen organizado al terrorismo, ese que actúa contra la sociedad indefensa? En qué país vivimos que Calderón ofrece “sustancial recompensa” para dar con los delincuentes, mientras por otro lado se reparten migajas disfrazadas de políticas públicas que no terminan con el flagelo de todos los flagelos: la pobreza. Por el contrario, estos programas acunan la desigualdad social, perpetúan la diferencia y la marginación.
¿Qué busca Calderón responsabilizando a Estados Unidos de lo que pasa en México? Y justifica o pretende justificar “su valiente” accionar frente a la delincuencia, aún cuando represente el asesinato cobarde de decenas de mujeres y hombres por parte de la delincuencia que se sigue riendo a carcajadas de la inoperancia de la guerra provocada por el gobernante panista, que recordemos, para gobernar entró por la puerta trasera de San Lázaro y seguramente se irá por la puerta trasera de los Pinos.
Resulta imposible creer en el dolor que protagoniza Felipe Calderón frente a las cámaras, sin duda ese rictus en su rostro y el tono de su voz los ensaya antes . Un dolor que en nada se parece al dolor-miedo que siente la ciudadanía que camina a toda hora en las calles de las ciudades, en las carreteras, en los campos de México. La gente está sola, rodeada de la incertidumbre, en un caldo profuso de impunidad que equivocadamente se combate con las armas, en una guerra que nos es ajena porque la ciudadanía no la quiso nunca y en la que hemos perdido la preciada la libertad, todas las libertades.
En esta esquina
Solo para recordar que este fin de mes se cumplen 15 años del ataque perpetrado por el EPR a las instalaciones de policía y de la Armada en la Crucecita, Huatulco. La otra cara de este país, el de la violencia social que recae amargamente sobre la población indígena zapoteca que habita la zona conocida como los Loxicha acusados de ser eperristas.
El recuento es doloroso, tras la militarización, la ocupación de policías judiciales y grupos paramilitares: 120 ejecuciones, más de 200 personas encarceladas, torturadas para arrancar confesiones de crímenes que no cometieron -siete de ellas aún permanecen en prisión-; cuatro años y medio de un plantón de mujeres en los portales del zócalo y luego en las viejas instalaciones de la que fuera una guardería, donde todavía “viven” un grupo de ellas, marginadas y sin los apoyos para su sobrevivencia y en espera de la libertad de sus compañeros, padres o hijos. Tres lustros atrás de episodios repetidos de violencia sexual contra mujeres que no se denunciaron por miedo y tras la amenaza del entonces titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
De la reparación de los daños nada, dice Juan Sosa, presidente del Consejo Directivo de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas. Ya pasó el tiempo y la injusticia persiste.
Los políticos de entonces, encabezados por el que fuera gobernador priista Diódoro Carrasco Altamirano, están hoy en la escena preelectoral en busca de un escaño en el Senado, con cuerda nueva, con color diferente, con partido distinto. Diódoro Carrasco, acostumbrado a mandar, sigue mandando, nadie le quita su origen caciquil. La gente en Loxicha tiene miedo, persiste para ellos la inseguridad, igual que para la población de todo el país, sólo que ellos tienen 15 años de vivir la injusticia de la persecución y lo mejor que tienen es que nunca se resignarán ante ella, porque como ellos mismos han dicho: la justicia que llega tarde no es justicia.
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