Bárbara GARCÍA CHÁVEZ
¿Será necesaria una instancia procuradora de la defensa de los derechos del contribuyente?
En principio debe quedarnos claro que contribuyente es aquella persona que paga tributo.
Tributo es la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, en especial al gasto del Estado.
Todas las personas físicas y morales que tengan una actividad económica, la cual le reditúe un ingreso, son sujetos al pago obligado, determinado y supervisado por las autoridades federales hacendarias.
La mayoría de contribuyentes en México conoce poco y entiende menos las cuestiones tributarias y sus principios jurídicos, sin embargo perciben con justa razón que el pago de impuestos al gobierno sólo debería representar para los contribuyentes el mínimo sacrificio posible, pues sí, tal como lo afirma Hugo Carrasco Iriarte en su Diccionario de Derecho Fiscal.
Muchas veces se considera injusto pagar al gobierno, argumentando que quienes gobiernan no garantizan nuestro bienestar y el de nuestras familias; que pagamos en exceso, porque lamentablemente a las recaudaciones no siempre se les da una eficiente administración y no representa utilidad social, en virtud de esto, los contribuyentes adoptan una actitud negativa en el cumplimiento de sus obligaciones.
Ante la noticia del nombramiento de la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECO) -el pasado 28 de abril- aprobado por el Senado de la República, estaremos de acuerdo quienes aseguramos, por convicción, que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado de todas las maneras posibles, a partir de leyes e instituciones que den validez y certeza a la ciudadanía.
Primero, sin duda, por el cumplimiento de la ley, pendiente por casi cinco años, y, segundo, porque dicho nombramiento recae en una mujer que requisita curricularmente toda expectativa humana, académica y laboral. Es un acierto la designación da la procuradora Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, quien declaró: “Es un día muy especial para los mexicanos porque ya podrán contar con un abogado patrono ante el fisco para una defensa sin costo, sobre todo porque será en beneficio de los que menos tienen para pagar un servicio de asesoría”. (El economista.net/28 abril 2011).
Como todos los procesos que implican la supervisión de las funciones del Estado, este tuvo fuertes detractores, los que gobiernan a partir de la imposición y quienes no toleran ser admonicionados frenaron lo que hoy, por fin, es realidad.
La creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente fue aprobada en abril del 2005 por el Legislativo federal y en septiembre del 2006 se publicó el decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que en su artículo tercero transitorio disponía que dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia debería elegirse el primer Procurador de la Defensa del Contribuyente.
No fue así, pues el entonces presidente Fox la vetó haciendo 24 observaciones, todas pretendiendo acotar y disminuir las competencias de autonomía, de verificación, promoción y defensa gratuita de contribuyentes, su facultad de emitir recomendaciones y consideraba inconstitucional la participación del Senado en el nombramiento de quien sería la o el procurador y consejeros independientes.
El Senado sólo aceptó las dos primeras observaciones pero rechazó las demás.
La vigencia tuvo que esperar un largo litigio legislativo y la controversia constitucional que culminó en septiembre de 2009 en que fueron publicadas las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que a pesar de las reducciones en sus competencias es un avance importante, que requerirá voluntad y esfuerzo tanto de la titular como de los responsables implicados, toda vez que de hecho en el Presupuesto de Egresos 2011 no se considera ninguna partida para este organismo, por lo que la Procuradora Bernal deberá convencer con argumentos sólidos y tejiendo alianzas por la defensa de los derechos de los contribuyentes, especialmente de quienes no tienen recursos para pagar despachos fiscales costosos, que son la gran mayoría.
La Procuraduría que será instalada a partir de septiembre próximo, será el vínculo de las autoridades fiscales federales con los contribuyentes inconformes, su propósito es impartir justicia en temas fiscales.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que rige las funciones de la procuradora, las atribuciones que le otorga son:
- Consultas y asesorías sobre cualquier acto que haya generado duda en el contribuyente a causa de autoridades fiscales federales, las cuales serán impartidas gratuitamente.
- El contribuyente podrá ser representado por la misma Procuraduría incluso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hasta la resolución de la controversia, evitando así que el contribuyente recurra a instancias que pueden ser innecesarias y procesos incluso ilegales. Esto mediante el ejercicio de las actividades a que haya lugar y anteponiendo los derechos del representado hasta la total resolución de la controversia.
- Dar solución a los actos de las autoridades fiscales federales que violan los derechos de los contribuyentes.
- Pretende erradicar la inequidad que pudiere existir en el proceso tributario hacia los contribuyentes.
- Promover la educación tributaria, a través de la divulgación de las disposiciones fiscales, así como los mecanismos e instrumentos con los que el contribuyente cuenta para hacer frente a controversias en materia fiscal.
- Tiene la facultad de imponer multas en los supuestos que la propia ley determina.
Si, existe un genuino interés por avanzar en la transparencia, equidad y construcción de confianza fiscal, éste tema atañe a millones de contribuyentes cautivos, especialmente a quien más necesidades tiene y menos posibilidades de defensa posee; esta procuraduría será un vestigio de justicia y auxilio para miles de ciudadanos y ciudadanas que nos sentimos extraviados en los trámites y números fiscales. Que así sea.
