Cuerpo Quebrado, una obra de teatro realizada bajo la técnica Butoh, recuerda la historia de tres prisioneras políticas embarazadas que desaparecieron entre los años 1974 y 1976, tras ser detenidas por la Dirección de Inteligencia Nacional durante la dictadura militar en Chile. Apenas tres de los miles de crímenes que ocurrieron en esos años contra quienes pensaban distinto.
La obra que presenta en Oaxaca, la Compañía Ruta de la Memoria es, sin duda, un recordatorio de la violencia de género a que fueron sometidas las mujeres y es resultado de una investigación sobre la vida de Michelle Peña, Cecilia Labrín y Rainalda Pereida.
Sin emitir palabras, los cuerpos de las actrices Isadora O´Ryan, Karla Padilla, Natalia Cuéllar, que además dirige, y Álvaro Pizarro, que interpreta un feto que también sufre la violencia de la dictadura, revelan en convulsivos movimientos cómo los cuerpos de las víctimas son quebrados, fueron rotos y es en silencio, porque aunque gritaran ya nadie las escucha, como entonces nadie escuchó sus gritos, excepto sus familias que nada saben hasta hoy de sus hijas; sus cuerpos vacíos habrían sido tirados desde un helicóptero al mar, como se relata en la obra mediante el apoyo de video, musicalización e iluminación. De sus hijos o hijas, que ahora tendrían entre 30 y 37 años de edad tampoco nada se sabe.
Cuerpos que se estiran y encogen, mientras sus rostros tienen ese rito macabro que revela el dolor de la tortura sexual a la que son sometidas estas “tres putas comunistas” a las que sus torturadores les piden que hablen, que hablen…La obra que nació en 2007, habla sí, desde entonces pero por ellas y habla de las miles de víctimas de este tipo de aberrantes castigos a las que se somete a las mujeres en situación de guerra, a veces interna, y recuerda que la violencia sexual cometida por militares, paramilitares o enemigos sigue pasando, los cuerpos de las mujeres convertidos en botines de guerra, el trofeo para quien vence, como con Helena de Troya hasta las Triquis, la etnia mexicana que sobrevive cada día en la violencia interna, allá en la empobrecida región mixteca oaxaqueña y que revela la desatención de los gobiernos: estatal y nacional.
Sí, a las mujeres Triquis, las actrices y actores chilenos de la Compañía Ruta de la Memoria les dedicaron la primera de otras representaciones que harán en Oaxaca durante los próximos días, porque guardadas todas las proporciones, sin duda el método de tortura sexual, sistemática y metódica, también se aplica en México y un botón de muestra son las mujeres Triqus.
Desde hace tres años, esta compañía de teatro rescata para la memoria de América Latina la tortura de las mujeres embarazadas, algo de lo que en el país sudamericano no se habla, es a través de esta puesta escénica cómo las y los jóvenes chilenos conocen parte de la verdad, se enfrentan a su pasado inmediato y asumen una nueva postura frente a esa realidad, “muchas y muchos son hijos de torturadores, rompen con sus familias, se cambian el apellido… el problema para sus padres torturadores, es que ellos piensan que lo que hicieron no estuvo mal”, explicó la directora y actriz Natalia Cuéllar.
Natalia Cuéllar, joven actriz, víctima de la dictadura militar chilena, ya que su familia tuvo que exiliarse y terminó viviendo desde los ocho meses de nacida hasta entrada la adolescencia en México, sostiene que Cuerpo Quebrado es una forma de darle voz a las mujeres que ya no la tienen y es también una lección que los países de la región deben aprender, sobre todo, cuando como ahora se hacen pactos con la derecha.
Difícil panorama en México, la izquierda partidista como hemos dicho se ha derechizado, no hay un contrapeso real y el otro bando, el del hegemónico PRI, ya está en el otro sexenio, en otro sueño y al igual que la izquierda partidista o institucional también realiza componendas con la derecha, igual que en Chile.
En medio de la disputa política y de jornadas electorales interminables, en la región de la Mixteca oaxaqueña, el pequeño grupo también se divide el poder: es el pueblo Triqui, donde las separaciones internas y la intromisión externa han provocado mucho más daño del que se puede creer, frente a eso durante décadas no hay ninguna respuesta concreta de las autoridades ni estatales ni federales, el lodo de la impunidad crece y llega a ser como en Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Perú, Brasil en América, o en otros continentes del orbe como Rwanda, Croacia, Iraq y Bosnia… donde ellas son el trofeo para los vencedores.
Las mujeres tienen al menos cinco décadas denunciando ser objeto de abuso sexual por parte de militares, grupos paramilitares, policías o de los hombres de los grupos en pugna en la pequeñísima zona de conflicto: MULT, UBISORT y MULTI, por citarlos según fueron apareciendo.
Los crímenes, violaciones, despojos, migraciones forzadas han sido en las últimas décadas lo cotidiano entre las mujeres triquis, hay testimonios de mujeres que revelan cómo antes de asesinar a sus parejas, éstos son obligados a observar la violación sexual de sus compañeras. Ellas, fueron obligadas por mucho tiempo a guardar silencio, por un tiempo hablaron, denunciaron sus casos, ahora ya no quieren hacerlo dicen que sólo se exponen, la gente se burla y la autoridad no hace nada para detener a los responsables.
La violencia en la Triqui crece, ahora no sólo las violan, también las asesinan o desaparecen. Como relata la obra Cuerpo Quebrado sucedió en Chile. Esto pasa en México, en este México convulso, recrudecido hoy por la presencia del ejército en las calles de todo el país, en una guerra interna declarada por Felipe “El Valiente” Calderón al llamado “crimen organizado”, una cadena de equivocaciones que se paga con la sangre de muchas personas inocentes. Frente a tanto horror que pasa en todo el país, resulta invisible lo que sucede en la Triqui.
Hace un tiempo hice un recuento de lo que se ha publicado, lo que se ha denunciado y está en los medios, de estos hechos cometidos en contra de mujeres por militares, paramilitares, cuerpos de policías y otros grupos; entonces encontré unos 80 casos entre 1956 y 2008, es posible que sean muchos más. En Oaxaca, los casos más emblemáticos se cometieron contra mujeres zapotecas de Loxicha y sigue ocurriendo entre las Triquis, que ya tienen en su haber 34 años de denuncias y también de impunidad.
El recuento que no haré ahora es muy largo, pero refleja esa injusticia interminable que brindan el fuero “social”, el machista y misógino de quienes estarían obligados a hacer justicia. Por un lado, el fuero militar sigue protegiendo a los torturadores de mujeres y se busca que así siga, al menos así lo refleja la iniciativa enviada hace unos días por Calderón; y por el otro, cuando los delitos contra estas mujeres, son cometidos por civiles, las autoridades hacen caso omiso, amenazan a las víctimas sobre todo si son indígenas como sucedió con las Loxichas en 1998; llevan la justicia a cuenta gotas, por otro camino tortuoso y largo para cansar a las víctimas.
Ejemplo: las hermanas González, tres indígenas tzeltales violadas en un retén del ejército Mexicano en 1994, a quienes hace unos días el gobernador Juan Sabines ofreció, en una conferencia de prensa, reparar el daño con una “indemnización” de 500 mil pesos a cada una, dinero miserable que no paga ni pagará el silencio de 16 años del gobierno chiapaneco y menos aún el dolor sufrido por las que entonces eran unas adolescentes. ¿Se podrá reparar semejante daño de esa manera?
Otro: la indígena tlapaneca Teresa de Jesús Catarino, violada junto con otras tres mujeres, una de ellas su hija, que en 1994 tenía 30 años, las otras dos eran sus vecinas, también madre e hija de 14 años. Los autores de esa tortura fueron soldados mexicanos, brutalidad que sucedió en Barranca de Guadalupe.
Hace ocho años, en 2002 pasó lo mismo con otras tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, sobre su caso el 8 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), resolvió dos sentencias contra México por violar la integridad personal y las garantías judiciales de una debida investigación de las dos mujeres, por lo que pidió sea reabierto el caso.
En la población de Castaños, Coahuila, soldados violaron a 14 mujeres, sólo 13 casos han sido llevados a la corte. Los hechos ocurrieron en 2006. Las mujeres reconocieron a 12 soldados entre los autores de la violencia sexual, el proceso fue emblemático porque esta vez no hubo fuero militar, el caso fue llevado a una corte civil por primera vez en la historia mexicana. El resultado es tan malo como en los otros casos, tres soldados fueron sentenciados a pagar con penas carcelarias, uno de ellos alcanzó fianza y fue liberado, así que sólo dos permanecen detenidos. El resto quedó libre, tres nunca fueron apresados, están prófugos, y un cuarto fue detenido seis meses después de los hechos pero no fue juzgado, bastó el dicho de un jefe militar para salvarlo de ser sometido a un proceso judicial que duró poco más de un año: el fuero tras el fuero.
Podría seguir con esta larga lista. Otros permanecen en silencio, sigue pasando en las comunidades indígenas, pero también en áreas urbanas. Hay miedo entre las víctimas, no quieren denunciar, sobre todo porque cuando la justicia no es expedita y rápida todo cambia y la violencia sexual carga, en pleno siglo XXI, con el peso de muchos convencionalismos machistas y misóginos, que sirven para justificar esta violencia.
En la Triqui, la sangre sigue manchando los cuerpos de muchos hombres, pero también de muchas mujeres, como en el caso del narco, esta lucha interna por el pequeño poder ha dejado cientos de huérfanos. Como responsables, señalan a grupos paramilitares que están al servicio de cada una de las tres organizaciones que se disputan el poder y la intromisión nunca acertada de las autoridades, que nada hacen para haya justicia.
Así, personas acusadas se violación y asesinato resultan ser autoridades o “líderes” que nunca son molestados, mientras tanto varias niñas y mujeres esperan justicia tras sufrir violaciones tumultuarias; otras niñas y mujeres han quedado con lesiones discapacitantes para el resto de sus vidas; las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez siguen desaparecidas desde el 5 de julio de 2007 y quienes fueron acusados como sus captores tienen el fuero de la impunidad.
Lo mismo sucede con las locutoras de la Voz que Rompe el Silencio, Felicitas Martínez y Teresa Bautista, asesinadas en 2008; este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado contabiliza que “al menos” 30 personas fueron asesinadas en emboscadas, entre ellas tres mujeres, la defensora de derechos humanos Beatriz Cariño, cuando viajaban en una caravana pretendiendo romper el cerco que había en la población de San Juan Copala. También murió Jyri Antero JAAKKOLA, observador de derechos humanos de nacionalidad finlandesa.
El 16 de octubre fueron emboscados y asesinados Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo; la hija de Teresa de tres años de edad tiene una lesión en la cabeza, Jordán Ramírez Sánchez -esposo de Teresa- y Domingo Ramírez están heridos. Estos hechos ocurrieron el sábado 16 de octubre pasado. Teresa, como otras 133 personas que fueron desplazadas recientemente de la agencia municipal de San Juan Copala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares desde 7 octubre, no hubo respuesta de las autoridades de Oaxaca.
Este mismo sábado, el dirigente del MULT, Heriberto Pazos Ortiz, fue asesinado en la ciudad de Oaxaca, poco después de las 11 horas. Pazos, a través del MULT, impulsó en los años ochenta la salida del Ejército de aquella zona, el mismo que ahora las Triquis no quieren que vuelva más, pero también era acusado de sembrar la violencia por los otros dirigentes de UBISORT y MULTI.
Sin duda, estas mujeres, como en el caso de Chile, son víctimas de la misma violencia machista que fomenta las guerras y la violencia sexual; víctimas también de la violencia misógina que no se escuchó a tiempo, la violencia del desprecio… la violencia institucional. En Chile como en la Triqui hay muchos cuerpos quebrados, rotos…
