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La comodidad de pertenecer al género masculino

Norma REYES TERÁN
Hoy, como en el siglo XVII, hablar de igualdad tiene connotaciones distintas, según se aplique a los hombres o a las mujeres. Hoy, como entonces, todo el mundo dice estar a favor de que no haya desigualdad, pero no todo el mundo está a favor de la igualdad. A pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universalmente reconocido por el derecho internacional que dio lugar en nuestro país, al pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley de unas y otros, es muy común encontrar oposición a cualquier medida que confiera a las mujeres un trato favorable para hacer efectiva, en los hechos, esta aspiración.
Así, la reacción beligerante que no inocente para denostar el sistema de cuotas, particularmente, las cuotas de género esconde un subtexto. El subtexto oculto es la dificultad que tiene un sector de la sociedad y una buena parte de los medios de comunicación para aceptar que la estructura social que obstaculiza el acceso de las mujeres a los recursos y al poder ha comenzado a resquebrajarse.
Lo que gobernantes y legisladores de todos los partidos políticos cuestionan en realidad, no es la medida política de las cuotas. Lo que los señores del poder, ponen encima de la mesa son las resistencias que suscita cualquier proyecto político que incorpora la igualdad de género como uno de los elementos centrales de la agenda pública.
Aquí y ahora el concepto de individuo continúa siendo restrictivo, en tanto que margina a la mitad de las personas. Aquí y ahora, la discriminación de las mujeres tiene indicadores y cifras rotundas que no se pueden maquillar ni ocultar: las posiciones jerárquicas superiores de las distintas instituciones públicas y privadas, así como de los medios de comunicación están ocupadas por (b) varones, el abandono del mercado laboral por necesidades familiares son realizados abrumadoramente por mujeres, de cada diez personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, siete son mujeres; la prohibición de ejercer el derecho de sufragio es para las mujeres indígenas; la violencia machista y sus nuevas formas como los asesinatos de la que son víctimas las mujeres, por citar solo algunos ejemplos de exclusión basada en el sexo.
Estos datos nos muestran una realidad que es necesario cambiar. Sin embargo, introducir la agenda política de las mujeres, pese a la contundencia de los datos, no es fácil. La cuestión central, tal y como ya sostuvo el filósofo cartesiano Poullain de la Barre (siglo XVII), es que los (b) varones son juez y parte. ¿Cómo asumir propuestas de igualdad como antes las cuotas y ahora la paridad cuando eso implica debilitar una parte de los privilegios domésticos y políticos de los varones?
Las demandas políticas, representadas desde hace tres siglos por el feminismo, han sido sometidas por las élites políticas, mediáticas y culturales masculinas a los dos mecanismos más violentos de control social: el silencio y el ridículo para descalificar las vindicaciones políticas de las mujeres. La clase política permanentemente elige ambas estrategias: la ridiculización de una medida política como las cuotas y/o la paridad y el silenciamiento de la demanda a través de la especulación errónea y la misoginia que manifiestan sin pudor alguno dirigentes de todos los partidos políticos en México.
Tras el inusual debate mediático sobre el sistema de cuotas y el uso de ese mecanismo de sanción social incorporado por la clase política se esconde el profundo temor que ciertos sectores conservadores tienen a los cambios sociales. No podemos obviar que en las últimas décadas se han producido transformaciones sociales de fondo que han modificado el imaginario colectivo; junto a ello ha cambiado la forma de pensar y de vivir de muchas mujeres, debilitando el entramado social y simbólico sobre el que descansan nuestras sociedades.
No obstante, para poder hablar de democracia plena es preciso que los partidos políticos cumplan con los supuestos de elección y participación. De ahí que las cuotas y la paridad deben considerarse un derecho constitucional que asegure la representatividad proporcional de los sexos; que garantice a las mujeres el ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía.
La principal justificación que tienen las cuotas o la paridad es que la experiencia histórica nos muestra una distorsión del mercado político, cuya desregulación supuestamente “neutral” frente a la desigualdad real entre hombres y mujeres, ha conducido al acaparamiento casi absoluto de los cargos de elección por los hombres y a una exclusión sistemática de las mujeres; es decir, las declaraciones jurídicas de igualdad, que implican tanto el derecho a gobernar como a decidir quién va a hacerlo, se han traducido en la práctica en que el derecho a gobernar es un privilegio mayoritariamente masculino.
Es importante señalar que el avance de los derechos de las mujeres no lo conceden gratuitamente los regímenes en turno; al menos nunca en la historia ha ocurrido así; por lo regular, los procesos mediante los cuales las mujeres han logrado conquistar su acceso a la educación o al sufragio son dolorosos, cuando no sangrientos, y entrañan para las actoras un sinnúmero de penurias que no debemos olvidar.
Entendemos la desazón que provoca cada protesta y exigencia de las mujeres, pero eso no le da derecho a la clase política a confundir nuestros planteamientos entre las telarañas de su ignorancia o tergiversarlos para mantener la comodidad que le da el tener privilegios de género.
No desconocemos que frente a los cambios el pensamiento conservador se siente cargado de razón y con legitimidad para reclamar la vigencia del viejo mundo. Pero lo cierto es que las mujeres no quieren vivir en la jaula patriarcal, aunque ésta sea de oro. Otro mundo es posible y las mujeres queremos vivirlo a pesar de la clase política.

Palabra de Antígona. El Aborto: tema en lo electoral

Sara Lovera

Ahora resulta que desde el conservador Partido Acción Nacional surge una metralla electorera, apuntando que hoy sí, está preocupado por la vida de las mujeres que acuden a realizarse un aborto poniendo en riesgo su vida.
Lo hace con datos no comprobados de la capacidad de atención de los hospitales del Distrito Federal y la creciente aparición de clínicas no reguladas que ofrecen el servicio y dónde realmente no sabes qué le pasa a las usuarias. Lo que sí sabemos es que en el Distrito Federal no hay muertes por aborto.
La verdad se trata de fuegos artificiales cruzados. La noticia de que los legisladores panistas María Joann Novoa y Oscar Castillo promoverán la prohibición de los anuncios publicitarios de clínicas particulares que sin autorización practican abortos en el Distrito Federal, corrió rápidamente en los diarios. Para mi es una cortina de humo y se trata del lanzamiento del tema que estará gravitando en el proceso electoral que ya nos acosa.
Tan igualita a las declaraciones de la candidata priista al gobierno del Distrito Federal, Beatriz Paredes, quien según nota de El Universal dijo que "defenderá las libertades de los capitalinos, como los matrimonio gays y la interrupción legal del embarazo". Beatriz Paredes, además, se asume como una política progresista e incluyente.
Ambos casos no son más que un distractor. Ni Paredes se enfrentará a la iglesia Católica, como ha sido demostrado desde 2008 en las entidades del país que le dieron calidad y derechos al cigoto con los votos de sus correligionarios, en el tiempo que ella era la jefa del PRI; lo que sí dice su declaración es que también abrió fuego para ganar los votos que le faltan y que la llevarán a un enfrentamiento con el PAN.
Lo importante de estos dos hechos es que se pretende hacer caer, con inocencia política, a la postura democrática y progresista del electorado de la capital del país y con quienes suponen que podría haber una relación, porque en efecto, nadie podría avalar el riesgo de las mujeres en una ciudad donde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se ha convertido en un derecho, mismo que seguramente ha salvado muchas vidas y ha evitado consecuencias recurrentes en la salud de las mujeres, a veces de pérdida de capacidades, porque es el aborto clandestino el que realmente pone en riesgo a las mujeres.
Si los datos manejados por los panistas son reales, que lo dudo, es verdad que urge, en primer lugar, averiguar si las clínicas oficiales del Distrito Federal no tienen capacidad para atender las solicitudes; si es cierto que las clínicas privadas operan de forma irregular y, finalmente, si existen indicios de riesgos y consecuencias para quienes hacen uso de un derecho.
Los panistas electoreros, sin embargo, nunca se han preocupado por la pérdida de vidas de las mujeres que interrumpen un embarazo en miles de sitios, clínicas y consultorios poniendo en riesgo la vida de las mujeres en todo el país. Ni les preocupa que los datos oficiales, muestran que hemos avanzado muy lentamente en atender el problema de salud pública que constituye la muerte materna, dónde una de sus causas es el aborto clandestino.
Por otro lado, la declaración de Beatriz Paredes es igualmente un asunto electorero, para confundir a las mujeres que hace más de 30 años han documentado, escrito, debatido sobre la ILE y la urgente necesidad de atender un problema de salud pública que significa que las mujeres mueran a consecuencia de abortos mal practicados.
No es algo que se haya hecho como discurso. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se ha ocupado en los últimos años de una manera científica y responsable, podría decir que hasta moderada, a mostrar sin aspavientos todas las consecuencias de la prohibición y cómo las vidas que están en riesgo permanente, son de mujeres pobres, sin información y sin posibilidades de acceder a un aborto seguro.
El aborto clandestino sigue siendo un problema fundamental de la salud de las mujeres. Los avances logrados se deben a mujeres de la sociedad civil. Lo conseguido en el Distrito Federal es incontrovertible. Ahora resulta que el tema es electorero en esos dos sentidos. Y tampoco el PRI ha querido comprometerse con la vida de las mujeres.
El asunto es bien claro. Es urgente, por tanto, sacar de todos los lugares donde hay información sustanciada y científica, para mostrar que tan indiferente es para el conservador PAN y el dizque "nuevo PRI", un problema al que sólo las feministas y personas aliadas, a lo largo de la historia reciente, les ha importado y han puesto en juego todas sus capacidades para tratar de frenar, nada menos y nada más, que las muertes evitables de miles de mujeres, quienes de todas formas abortan.
También son históricas las denuncias y casos documentados de cómo la ILE, por casos de excepción, podría atender a las niñas y mujeres violadas que deben acceder a un aborto legal, y que los gobiernos panistas, principal, pero no únicamente, niegan ese derecho y han condenado a muchas mujeres a seguir un embarazo producto de una violación. Otras muchas mujeres han sido molestadas, encarceladas, marginadas por interrumpirse un embarazo. Con frecuencia padecemos de una desmemoria inaudita.
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus aliados "progresistas" no hay acuerdo en atender esta problemática con altura de miras, compromiso y justicia para las mujeres. Lo resuelto en el Distrito Federal es un avance verdadero, no demagógico y no electorero. Se hizo sin los cálculos políticos de ofrecer una buena cara a la jerarquía católica y sus aliados; incluso poniendo en riesgo votos y simpatías.
Lo que se debe tener en claro, en este momento, es no caer en la trampa electorera, ni de un lado ni de otro, y defender como parte de la agenda democrática los avances que tenemos. En todo caso es tiempo de no bajar la guardia, mostrar a quienes pretenden gobernarnos que el problema de salud de las mujeres existe, que las libertades reclamadas y, a veces atendidas, incluyen esta libertad central como un asunto democrático, donde no caben intereses coyunturales que nos distraigan y nos hagan olvidar que en este país la ILE es una parte central de la lucha histórica por lograr el equilibrio entre hombres y mujeres, entre el poder y las mujeres. No es cosa de declaraciones, como las de la señora Paredes.
Los panistas deberían morirse de vergüenza ante la violencia y los asesinatos de mujeres; la mísera atención en los hospitales y la tremenda sangría que significa la muerte de mujeres productivas, jóvenes, madres de familia que dejan en la orfandad a miles y miles de niños y niñas, sin considerar que la atención a mujeres por las secuelas del aborto, también significan un enorme gasto para el sistema de salud.
Lo cierto es que el tema ya saltó en este proceso electoral, en el que habrá sin duda decenas de cortinas de humo que distraerán la atención del problema fundamental: el respeto a los derechos, las leyes, la enorme tarea de frenar toda injusticia y discriminación a las mexicanas. Veremos si los progresistas entienden, con claridad, como conducirse en estos tiempos y aprenden a mirar profundo este problemas de justicia social como otros que involucran a la mitad de la población.

saralovera@yahoo. com.mx