LETRAS VIOLETA . Aborto y pederastia

Soledad JARQUIN EDGAR

En México, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos ha resultado el más difícil de obtener. En 1953 y tras una batalla de varias décadas las mujeres finalmente obtuvieron el derecho a votar y ser votadas, es decir, obtuvieron la ciudadanía.

La constitución contempla la igualdad de la mujer y el hombre y existen reglamentaciones locales, nacionales e incluso internacionales que favorecen la no discriminación de las mujeres, se reconoce –al menos en el papel- la condición de igualdad, la no discriminación, estos son derechos humanos de las mujeres, de ahí que los estados del país y a nivel general tengan leyes para garantizar –dicen- una vida libre de violencia de género contra ellas.

Sin embargo, los derechos íntimos, los del cuerpo se siguen regateando a las mujeres en todo el país. Entre 2008 y 2010, 17 entidades hicieron reformas constitucionales que reconocieron la personalidad jurídica del ser humano desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural. Salvaguardando excepciones en algunos casos. En Quintana Roo, por ejemplo son cuatro las excepciones que no penalizan el aborto, las mismas que operan en algunas entidades como Oaxaca, una de ellas, es que el aborto no es delito cuando el producto es resultado de una violación y existen mecanismos –reitero en el papel- que deben garantizar ese derecho a abortar.

Sin embargo, no todo el país está en esa condición y es claro que las mexicanas no cuentan con esas garantías para una vida libre de violencia, que de acuerdo con la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, tendría que estar ya caminando. Por eso decimos que son las propias instituciones gubernamentales las que violentan la vida de las mujeres y las niñas, un ejemplo es la impunidad, esto es el no castigo para los victimarios o las penas de prisión irrisorias como las impuestas esta semana al pederasta Jean Succar Kuri, por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.

Cierto que ninguna penalidad le devolverá a esas niñas, hoy adolescentes o jóvenes, una vida sin la posibilidad de recordar todos los días la tortura sexual a la que han sido sometidas, tendrán, como dice una especialista que aprender a vivir con ello. Lo cual, pienso, es inadmisible.

El empresario de origen libanés marcó con la tinta indeleble de su saliva la vida de esas niñas y por eso resulta inadmisible, el castigo de 13 años y 45 días de presión impuestos, peor aún es increíble conocer que esta es la sentencia más alta impuesta en el país en castigo por los delitos cometidos.

Esta declaración sobre la penalidad más alta nos habla de lo que planteaba antes, la impunidad y las penalidades bajas son una forma de violencia institucional contra las mujeres y las niñas, son una como una llave maestra que permite a las personas, como Succar Kuri y las redes de pederastas que hay a su alrededor, seguir cometiendo estos delitos relacionados incluso con la trata de mujeres, niñas y niños. Abominable sin duda lo que ha hecho el juez Gabriel García.

Y es odioso, pues en contraparte, la derecha y los conservadores de partidos políticos de todas las fracciones políticas del país, ganaron la partida cuando en 17 entidades se reconoció la personalidad jurídica del no nacido y se violentó el derecho a decidir de las mujeres.

El ejemplo lo vemos en entidades como Baja California, Guanajuato, Querétaro y otros muchos estados donde las mujeres reciben 25 años de prisión tras sufrir un aborto, sea o no provocado, pues consideran que el aborto es un delito de homicidio agravado en razón de parentesco.

Lesly, una joven bajacaliforniana pelea con uñas y dientes tras recibir una sentencia de 23 años, aún cuando se violaron sus garantías al debido proceso y en cambio, con todas las agravantes del caso, Succar Kuri tendrá que pagar sólo 13 años 45 días tras haber lesionado –insisto- para siempre la vida de varias niñas.

En el siglo XXI las mexicanas hemos vivido los peores reveces de la historia en la conquista de nuestros derechos, coincidencia no es el arribo de la derecha, representada por Acción Nacional al gobierno de varias entidades, pero sobre todo a la presidencia de la República, eso mientras a las y los priistas se les olvidaron sus aportaciones históricas para el cacareado “avance de las mujeres” y ni que decir de los llamados partidos de izquierda, que entre tantas mezclas se olvidan de sus principios.

Dejo este tema para la reflexión y para recordar que en Quintana Roo, el aborto es legal o no punible, al menos por cuatro razones, según el Artículo 97 del código penal:

I.- Cuando sea resultado de una conducta culposa (imprudencial) de la mujer embarazada.

II.- Cuando el embarazo sea resultado de una violación, que haya sido denunciada ante el Ministerio Público, y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación.

III.- Cuando a juicio de cuando menos dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, o

IV.- Cuando a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario para evitar un grave peligro para la vida.

Y digo esto por una información que leí esta semana de un medio electrónico de Quintana Roo, dónde se dice que el aborto es ilegal en casi todos los casos en Quintana Roo. Ya vimos que no.

Pero la derecha sigue en sus intentos, este jueves en San Lázaro, según comentaba la diputada Enoé Uranga, las diputadas federales del PAN, ante la inicial ausencia de la mayoría de diputadas del PRD y PT, la falta de toma de postura de las legisladoras del PRI, las panistas, aprovechando su mayoría coyuntural, intentaron votar el dictamen referente al 4° Constitucional respecto al aborto.

Por fortuna, como señala Enoé Uranga logró convencer a la panista Leticia Quezada para que retirara el tema.

¨Pero como dice la diputada, no es un interés legítimo lo que lleva a proponer este tema, sino la medición de fuerzas políticas en tiempos electorales y el aborto se convierte en “rehén de los intereses”, no sólo de los partidos sino de las distinta corrientes dentro de los partidos.

A reserva Esta fuera de la ley señor Ugartechea

Bárbara García Chávez

La premisa constitucional mandata expresamente a las y los servidores públicos a hacer sólo aquello que la ley les autorice. Sin embargo, quienes gobiernan, como el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea, insiste al igual que el gobernador de la paz y el progreso, en pasarse por alto tan significativa consigna legal.
Hacer sólo lo que la ley les autorice implica una garantía de certeza jurídica para los gobernados, toda vez que si no se cumple, dejan a la población gobernada al arbitrio de sus ideas ocurrentes y violando los derechos humanos, la seguridad jurídica, que al parecer por ignorancia muchos gobernantes creen que sólo se violentan cuando existe excesos policíacos y de orden exclusivamente penal.
Pues no es así señor primer concejal. Los derechos humanos se clasifican en derechos de protección a la vida, a la igualdad, a la seguridad y certeza jurídica, y a los derechos políticos. Estoy segura que si Luis Urgartechea no lo sabe -por que hay quien con desfachatez afirma no tener porque saber todo-, si tiene uno o varios sapientes asesores que si no lo hacen entrar en razón es porque de plano no quieren o bien, lo quieren exhibir.
El desconocimiento de la ley no obsta su cumplimiento, menos cuando se trata de un gobernante que se nombra así mismo democrático y declara cínicamente, una y otra vez, que actúa en el marco de la ley.
El cinismo suele traducir la actuación pública en autoritarismo, discrecionalidad y por supuesto en este caso fuera del orden normativo legal. Le recuerdo al presidente municipal que fueron temas abordados por él, cuestionando estos mismos procederes del gobierno que le antecedió, prometió ser diferente, gobernar con la ley en la mano y la justicia en el corazón. ¿Tal parece que se le olvidaron las palabras que aquel indígena mixe pronunció en 2006 y que citó al inicio de su discurso de toma de protesta? Creo como muchos y muchas ciudadanas, que la demagogia priva en sus discursos y la ilegalidad en su actuación.
Su beligerante desprecio demostrado hacia grupos de personas que le solicitaron audiencia desde que era presidente municipal electo, su falta de sensibilidad democrática, tolerancia y disposición frente a quien no piensa como él o su coalición, echa por tierra su tan cacareado discurso ciudadano y cercanía a las expresiones de participación ciudadana.
Veamos un recuento menor de los actos del gobierno de Luis Ugartechea que rompen sistemáticamente el Estado de Derecho a tres meses de tan esperada gestión.
Empecemos por el primer día en su toma de protesta. La Ley Orgánica Municipal vigente establece la obligación de tomar protesta el 1 de enero a las 10:00 de la mañana; decidió hacerlo a las 12 del día, argumentando haber llegado a un acuerdo. ¿Quién le dijo que el cumplimiento de la ley esta sujeta a acuerdos?
Ese mismo día, en la primera sesión ordinaria de cabildo, propuso y fueron autorizadas por su cabildo las ya pactadas comisiones, desconociendo abruptamente las Ordenanzas Municipales en aras de la supuesta gobernabilidad a capricho de los grupos y partidos coalicionistas.
Desobedeciendo flagrantemente las Ordenanzas, desapareció por decreto, sin argumentación jurídica y trasgrediendo la estructura orgánica administrativa, la Coordinación de Desarrollo Municipal, al parecer por ocurrencias de alguna funcionaria que se encaprichó con una coordinación a modo y si no está en la ley, ni modo, para eso son gobierno ¿Qué no? Ser autoridad les permite todo, máxime que son de estirpe…el regalito fue entonces para la hija de la diputada del PAN, Clarivel Rivera Castillo, de nombre Verónica López Rivera, quien trabajaba en SEDESOL, pues ahora quiso su Coordinación de Desarrollo Social.
¡Ah! y también desapareció de un plumazo la Dirección Municipal de Difusión y Promoción de las Ciencias y las Artes: matando dos pájaros de un sólo tiro -le dio gusto a su funcionaria vip y se deshizo de una molestia política que es una piedra en su zapato-.
Así no es señor Ugartechea, es al revés, primero cambia la ley y luego adecua sus acciones a ella. Sus asesores legales deben ponerle al tanto, esta incurriendo en responsabilidad por el inadecuado ejercicio de la administración pública y, por si fuera poco, también esta contraviniendo lo establecido en el presupuesto de egresos municipal aprobado en tiempo y forma por el anterior cabildo y no reformado a propuesta de la Comisión de Hacienda, lo que pudo hacer hasta febrero pasado…se le fue el tiempo en esa constante demostración de prepotencia y fanfarronería.
Y ni que hablar de esa primera incursión en el abuso de fuerza que el gobierno estatal implementó durante el desalojo de comerciantes el pasado diciembre previo a la fiesta de Rábanos, uso de fuerza excesiva acordado con el munícipe citadino, en un desplante absurdo permisivo de la anterior administración provisional acatando su intervención.
Una más es el permanente abuso de los y las agentes de Transito Municipal que siguen, igual que en el gobierno priista anterior, sin portar gafetes que los identifiquen, violando nuestros derechos humanos coludidos en jerarquía piramidal hasta llegar a Ugartechea, quien no dice nada y deja pasar. ¿Por miedo a la mafia policiaca o por comodidad?
Esperemos que actúe de distinta manera en lo que a la titularidad del Instituto Municipal de las Mujeres se refiere, ya es tiempo del cambio reglamentario de la directora general, recordándole que la mayoría somos ciudadanas y exigimos acciones y políticas públicas con perspectiva de genero, que tiene la obligación de implementar la transversalidad en el gasto público y sólo vemos un trato asistencial implementado como si las mujeres fuésemos perse un grupo vulnerable y no mayoría capaz pensante y con las agallas de encontrar lo que nos corresponde .
Los últimos sucesos violatorios de la ley y reglamentos municipales, son los relativos a la atribución que se otorgó el cabildo instalado por la propuesta del presidente para nombrar administradores en las agencias municipales conflictuadas, por supuesto a modo de los intereses panistas, de esto no existe precedente político y menos jurídico, pues Ugartechea se adjudica poderes que le corresponde al Poder Legislativo, en relación a ayuntamientos de usos y costumbres fundamentalmente; generando serios conflictos y polarización innecesaria en la población.
La inconformidad ciudadana la pretende resolver con insulsas promesa populista, sin justificación alguna, que no sea una medida populista y poco viable de recibir y dar lectura en sesión de cabildo a todas las peticiones ciudadanas para su respuesta; al parecer quiere decir que el cabildo será una especie de tribuna popular, donde ya no haya cabida para su quehacer fundamental que es el debate y la creación de normas reglamentaria, ahora será el espacio de gritos y susurros donde los grupos de presión decidirá a través de la presión lo que se apruebe o no. Vaya democracia representativa, otra vez encima de la ley.
Así van las cosas del poder municipal, rompiendo leyes imponiéndose como reyes.