Mujeres y política
Estado de impunidad
Soledad JARQUÍN EDGAR
Hay una fina línea entre la violación de un derecho
humano -los que tienen obligación de garantizar- y la comisión de un delito
grave. Se viola el derecho a la salud, a través de la violencia obstétrica en
Oaxaca, lo que cuesta la vida de mujeres, vivir con una discapacidad y en
ocasiones que sus hijos e hijas también pierdan la vida.
En la calle se viola el derecho a una vida libre de
violencia de las mujeres y se cometen más violaciones a sus derechos humanos en
las instituciones donde dicen procuran justicia para ellas, incluyendo las
autoridades municipales, como sucede en San Juan Cotzocón.
Se abusa sexualmente de niñas en un albergue y las
autoridades siguen cometiendo delitos al “multar” al profesor por haber sido
denunciado y a la madre de una de las dos menores por denunciar, porque así son
los usos y costumbres, además de permitir que el delincuente siga trabajando en
otra escuela donde las niñas y los niños corren peligro frente a un posible
acto de violencia sexual.
Esto es Oaxaca, donde como decía el compositor
guanajuatense “la vida no vale nada” en uno de los versos de su canción Camino
de Guanajuato, que aplica perfectamente para las mujeres. La falta de seguridad
que ha sido demostrado con las reveladoras cifras del INEGI en materia de
feminicidio y claro el seguimiento hemerográfico, por ejemplo, y que se
confirma con hechos concretos los casos arriba mencionados.
En salud pública, las oaxaqueñas no tienen garantizado
nada. El seguimiento de los casos publicados en la prensa local, que se pueden
observar electrónicamente en pagina3.mx, señalan que son 17 ya los partos
“fortuitos” o “precipitados” documentados por la prensa y que han sido atraídos
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Debe resultar terrorífico para las juchitecas acudir
al Hospital General Macedonio Benítez Fuentes de ese municipio, donde en dos
semanas se ha presentado un parto “precipitado” en el baño y el fallecimiento
de una recién nacida por presunta mala atención, aunado a la histerectomía o
extracción de la matriz “debido a
complicaciones” sin consentimiento ni de la paciente ni de su familia, debido a
complicaciones.
La secuencia de partos fortuitos y partos precipitados
-dos nuevas clasificaciones de un parto, “marcas registradas” por los
funcionarios de los mal llamados Servicios de Salud de Oaxaca -comandados por
el teniente de artillería Germán Tenorio Vasconcelos, digo, porque si fuera
médico otra historia nos cantaría- dejaron de preocupar a la autoridad, no se
inmuta ni el titular de Salud ni se preocupa Gabino Cué.
No es para menos. Se trata de mujeres que además son
pobres y muchas de ellas indígenas, que nada representan en su escala de buenos
resultados en los espléndidos negocios financieros que se hacen con la salud,
desmantelando clínica en equipo y medicamentos y subrogando servicios a sus
clínicas particulares con millonarias ganancias, entre otros muchos hechos que
se reflejan a leguas en la salud pública local.
El otro caso que preocupa e indigna a la población es
la solicitud de intervención interpuesta por dos madres San Miguel Chicahua,
Nochixtlán, quienes denunciaron el abuso sexual del “profesor” Mateo Cruz
Ramírez, en contra de sus hijas, hechos que ocurrieron en junio de 2013 en el albergue
Niño Artillero de esa comunidad.
En este hay varios asuntos graves por los que cualquier
gobierno moriría de vergüenza, sobre todo por las negligencias y omisiones que
se cometen, así como las dilaciones y la impunidad que provocan, a costa insisto
de la vida, la salud mental y física las mujeres a quienes en un tris les
arrebatan la felicidad desde la infancia.
Y no dejamos de sorprendernos de las tan irracionales
actitudes de los servidores públicos, como es el caso de los maestros, y esa
constante actitud de violentar a sus alumnas como sucede con Mateo Atalo Cruz
Ramírez y al menos otros tres casos documentados en los últimos dos años por la
Defensoría.
Bajo el expediente DDHPO/1517/(01)/OAX/2013, después
de -por lo visto- una larga investigación, finalmente el 28 de abril de este
año emitió la recomendación 04/2014, como se señala en el documento público y
que de acuerdo con el Visitador de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, fue aceptada la semana pasada por el
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca un mes después .
Mientras tanto y desde que ocurrieron los hechos, al
finalizar el anterior ciclo escolar, el agresor aún está en servicio, como si
estuviera libre de pecado, como si nada hubiera hecho y tal vez dañando la vida
de otras menores, porque si de algo no se puede engañar la población es de la
excesiva protección del que gozan los maestros oaxaqueños que tienen a Oaxaca
de rodillas.
El profesor Mateo Atalo Cruz Ramírez, jefe del
albergue, había hecho tocamientos a las dos menores, por lo que fue acusado por
la madre de una de ellas ante la autoridad municipal de San Miguel Chicahua,
claro que la respuesta del “profesor” es la misma que algunos funcionarios
asumen: “hágale como quiera, vale más mi palabra que la suya”.
Por presentar la denuncia, la Alcaldesa de la
comunidad, Francisca Antonia Santiago, impuso a la madre de la menor la multa
de medio cartón de cervezas y medio de refrescos y al denunciado la multa de
dos mil pesos para reparar el daño, que no sabemos si pago o no pero que de
entrada no hizo porque no tenía dinero. Es increíble pero cierto, la misoginia
en hombres y mujeres. El profesor negó los hechos aduciendo que las niñas de
nueve y diez años de edad le habían tomado confianza y que por eso lo saludaban
de beso. Solo faltaba que dijera que las niñas lo provocaron. También se le
pidió que dejara el albergue tras el pago de la multa.
La profesional en Psicología de la DDHPO emitió un
dictamen en que plantea que ambas sufrieron privación de una adecuado descanso,
maltrato físico como forma indiscriminada,
como forma de castigo, privación al derecho a la alimentación,
explotación infantil, conductas de voyerismo, amenazas verbales de castigo
físico y psicológico, mensajes de desprecio y burla.
Y aunque usted no lo crea y a pesar de tener
conocimiento de los hechos, tanto el personal del IEEPO como de la Sección 22,
al finalizar el ciclo escolar, el maestro Mateo Atalo Cruz Ramírez solicitó su
cambio de adscripción y fue autorizado su traslado en la escuela primaria Amado
Nervo de Santiago Mitlatongo, Nochixtlán. ¿Se puede creer esto?
Es muy curioso, pero la primera recomendación que hace
la DDHPO es para que el maestro no esté frente a grupo; “debiéndose para ello
respetar todos sus derechos laborales”. La verdad es para no dar crédito. La
DDHPO emite una recomendación en doble sentido, por un lado, solicita que el delincuente
y abusador sexual que gusta de denigrar la integridad de las niñas no este al
frente de grupo pero al mismo tiempo pide que por favor no le violenten sus muy
merecidos derechos laborales. ¡Faltaba más si es de la Sección 22!, los
preclaros hijos de este gobierno.
En segundo término la recomendación va en el sentido
de cuantificar y cubrir la reparación del daño de las dos niñas y luego una
serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las niñas y niños de
estos albergues.
Salud y educación dos derechos humanos fundamentales
tirados por la borda frente las omisiones, la flojera, la displicencia, el
valemadrismo del jefe de la banda: Alí Gabino Babá Cué Monteagudo. ¿De verdad
todavía alguien tiene duda?
@jarquinedgar
