A RESERVA

Procuración de Justicia, materia pendiente

Bárbara GARCÍA CHÁVEZ

El 30 de mayo del 2009, se publicó en el Periódico Oficial el Código de Ética para los Servidores Públicos de la Institución del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, que no es más que una tabla de doce mandamientos de carácter enunciativo, para quien no la cumpla, da una sanción moral. ¿Qué es eso?

Es una tomadura de pelo, una ocurrencia de esas que solía tener el malvado URO, ¿quién de los Ministerios Públicos de la Procuraduría del Estado sabría siquiera qué es la ética? Incluso, afirmo que el mismísimo creador de éste singular y chocarrero código, el doctor Evencio Nicolás Martínez Ramírez, se retorcía de risa comentando su puntada con sus secuaces de la calaña de Manuel Segundo de la Fuente Varela, fiscal de Combate a la Delincuencia Organizada.

Sin embargo, Evencio Nicolás no ha sido el peor o el más cínico, ha habido otros y otras; su sucesora, por ejemplo, María de la Luz Candelaria Chiñas, oscura y sin talento, con algunas puntadas irresponsables en su muy breve paso, como acusar veladamente a un ministro de la iglesia Católica de Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez (Padre UVI), de encubrir a líderes triquis involucrados en hechos delictivos.

Cuando renunció fue severamente criticada por legisladores que la calificaron como falta de probidad, sin ética y promotora de la impunidad. Lo indudable es que no fue, ni con mucho, peor que Don Evencio, promotor de la moral y la ética.

A unos meses del triunfo de la coalición de la paz y el progreso, la procuradora Chiñas renunció “por motivos familiares” y fue nombrado un nuevo personaje en los andamiajes de la política en materia de justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López López, importado desde la Secretaría de Gobernación federal.

López López al protestar el cargo, se comprometió a seguir cuatro lineamientos generales para contrarrestar el fenómeno delictivo: modernización estructural y funcional de la Procuraduría; combate integral al crimen; combate a la impunidad y a la corrupción, y garantizar la transparencia.

La mayoría de Ministerios Públicos y agentes ministeriales siguen siendo los mismos que estaban en ese tiempo en que se supone fueron regulados por el laudable Código de Ética, impuesto por Evencio Nicolás Martínez Ramírez, esbirro de Ruiz Ortiz.

Por otro lado, no hay la mínima certeza de que los agentes del Ministerio Público siquiera sean abogados de profesión, titulados y certificados, ¿cómo entonces pueden ser profesionalizados? Tampoco han aprobado los controles de confianza formalmente y, por supuesto, no justifican de ninguna manera estar debidamente capacitados. Una buena parte de este personal se relaciona por algún parentesco, o por recomendaciones familiares y muchas veces de carácter político. Esta situación dificulta toda posibilidad de autonomía, como prevé la reforma constitucional en esta materia.

Las contradicciones resultan mayúsculas, se reforman las estructuras orgánicas cuando aún no es vigente la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado; el discurso sigue aludiendo a las inmejorables condiciones del cambio en la procuración de justicia, a pesar de declaraciones sobre cómo la institución está infiltrada y corrompida por el crimen organizado y la corrupción institucional.

El organigrama se abultó sustancialmente de facto, generando gastos mayores en algunas áreas, descuidando evidentemente otras.

Ahora existen -y no precisamente implica que funcionen-, dos subprocuradurías: Norte y Sur-; cuatro subprocuradurías regionales; cuatro subprocuradurías temáticas: Subprocuraduría de Justicia para Adolescentes, Subprocuraduría de Atención a Víctimas, Justicia Restaurativa y Servicios a la Comunidad, Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto y, por supuesto, la que parece menos importante, Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Genero.

Además de tres fiscalías: de Atención a Delitos Electorales, de Control Interno y Evaluación y Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales. En el organigrama que presenta el directorio de la página web de la Procuraduría General del Estado, no aparece la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, que creó el gobernador Gabino Cué en marzo pasado para reabrir e investigar los expedientes del conflicto 2006, relacionados con los asesinatos de líderes sociales, miembros de la APPO, ejecuciones de ex jefes policíacos y la desaparición de dos integrantes de EPR.
Igualmente, el Poder Ejecutivo estatal integró, además, una Comisión ciudadana que se encargará de vigilar y acompañar las acciones de esta Fiscalía dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿Dónde quedó?

Creó por decreto la Fiscalía Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales y la Subprocuraduría de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Si la constante de los “Decretos” fueran producto de simples ocurrencias, resultado de presiones y acuerdos con grupos de la tan aludida sociedad civil, el riesgo sería correr la misma suerte a capricho o desinterés del gobernador.

Si no fuera de esa forma, la falta de formalidad legal hace estas instancias tan vulnerables como la otra, sin estructura normativa que implica competencias, funciones especificas con validez jurídica y la asignación de un presupuesto serio que obligue a planear, proyectar y ejecutar políticas y acciones públicas que revistan al personal y, fundamentalmente, a la o el titular de eficacia y legalidad. Si no es así, son solo parapetos, producto de la simulación y el engaño.

Cómo podría la procuraduría del Estado hacer frente a las políticas federales y el requerimiento específico de trabajar en estrategias nacionales para abatir la inseguridad mediante actualización e información de datos, y acciones para combatir el delito de feminicidios y la trata de personas, entre otras.

Remembrando a Flavio Sosa en su salmo “déjeme decirle señor Procurador, aquí vamos a estar las diputadas y los diputados de esta LXI Legislatura, para recriminarle si usted no hace bien las cosas”, cuando le otorgó su voto de confianza al entonces recién nombrado López López. ¿Se habrá construido una nueva Procuraduría de Justicia en la cual la gente tenga confianza?

Esta semana comparecerá ante el legislativo estatal el Procurador General en el marco del primer informe de gobierno, ¿Qué puede decir sobre la impunidad, la corrupción y la ineficacia obvia de ministerios públicos y agentes ministeriales? ¿Cómo justificará los más de noventa feminicidios ocurridos en los últimos once meses y la creciente y ofensiva violencia generalizada contra las mujeres? ¿Quién creerá que la delincuencia que aterra a la ciudadanía ha disminuido? ¿Habrá confianza en los orangutanes enmascarados que circulan por nuestras calles con armas largas y miradas lascivas? ¿Quién podrá asegurar que una denuncia penal es el principio de la justicia?

Canalgentelibre.com

Caracolasfem.blogspot.com

PALABRA DE ANTIGONA

El Sin Poder y la restauración priista

Sara LOVERA

La tradición priista que nos envuelve, sugería cada sexenio que el sexto año de gobierno de un presidente significaba la pérdida total del control que era, en estas fechas, transferido al candidato presidencial, que durante muchos años ya se sabía quién sería el nuevo ungido.

Hoy, Felipe Calderón, nacido de unas elecciones bajo sospecha, muestra que ha quedado totalmente sin poder. A los 23 mil mexicanos y mexicanas que han demandado del Tribunal de la Haya que se le juzgue, se han sumado nuevas voces, ante la imparable violencia, las cifras de persecución de quienes defienden los derechos humanos, el asesinato o secuestro de otros y otras, así como el atentado criminal contra Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, todavía en el hospital.

Este nuevo atentado contra Norma Andrade se suma a las amenazas que recibieron María Luisa García, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González, y se agrega a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como dice una amiga, ni manera de defender al señor que vive en la casa presidencial de Los Pinos, sin considerar que la cifra de 67 mil asesinatos en los últimos cinco años, establece que en el 98 por ciento de los casos hay impunidad, como la hay de miles y miles de mujeres caídas por razones de género, es decir, por el sólo hecho de ser mujeres.

Felipe Calderón no tiene ya ningún poder. Está interpelado por donde quiera que se le vea. Sus correligionarios no ofrecen ninguna alternativa viable. Es claro que la clase política ha perdido toda credibilidad. No obstante hay quienes desean y tienen razón, que aparezca una luz en el camino, para parar la ola de violencia y recuperar del todo, una estela de derechos perdidos para las mujeres, algunas todavía encarceladas por interrumpirse un embarazo no deseado.

LA PÉRDIDA

En el año 2000, pensamos que pasaríamos rápidamente de la alternancia presidencial a la transición democrática, de ahí a un Estado de derecho y al desarrollo social y político. Ya nos veíamos como espejo de los estados democráticos que habían saltado las dictaduras, como en España o en Chile.

La primera gran evidencia había sido la recuperación de los derechos políticos de la ciudadanía del Distrito Federal en 1996, en que hicimos las primeras elecciones de un jefe de gobierno y creamos ciudadanía, partidos políticos y gobernantes, un espacio de vanguardia en derechos y posibilidades para las mujeres. Camino sinuoso pero posible, aún con antiguos pendientes.

Muy pronto, se pensó, que las sucesivas reformas políticas nos darían cuenta de avances y no de retrocesos. Desde aquella de la que ya nadie se acuerda, impulsada por Jesús Reyes Heroles, durante el sexenio de José López Portillo, en que se abrieron las puertas al registro de nuevos partidos políticos, entre otras muchas cosas.

Hoy sabemos que todo fue un sueño.

Con la llegada de la democracia capitalina, una de las ganancias más importantes fue la creación del Instituto de las Mujeres, que para toda la República se creó hasta el año dos mil y más tarde nos invadió de esperanzas el paquete de acuerdos y políticas comprometidas por el gobierno mexicano en las sucesivas Conferencias impulsadas por la ONU que sobre Derechos Humanos, Población y Desarrollo, del Medio Ambiente y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, abrían el camino para reconocer derechos que se habían pasmado.

Y no sólo ello, fue exponencialmente positiva la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem do Pará, de donde germinaron las diversas leyes, general y locales, de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.

La realidad es toda otra. La alternancia nos ha dejado con la boca seca. Además de que menudearon los ataques de militares a las mujeres - las Tzeltales, en la Sierra de Zongolica, las de Atenco y a 14 las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila-, por mencionar los asuntos más conocidos en esta etapa de la vida del país.

Es otra, insisto, porque a los 63 años de la declaración de Carta Universal de los Derechos Humanos, para México y su flamante artículo Primero de la Constitución, que garantiza esos derechos, las cuentas aterrorizan y el creciente atentado sobre la integridad de mujeres y hombres llena todos los días las páginas de los diarios.

¿Qué podemos esperar del 2012? Nada en progreso, todo en retroceso.

Lo más grave es que los priistas que ya se sienten gobernando de nuevo tras 12 años de fracaso panista, en el momento de mayor emergencia en el país, donde no baja la cifra de desocupación, pobreza y la pérdida de 22 puntos en el índice de Desarrollo Humano y ellos como si nada.

Además de las formas, que son fondo, como diría el maestro Reyes Heroles, a propósito de la ungida de Enrique Peña Nieto, asustan sus visiones, sus declaraciones. Luego de afirmar que México le "debe" al PRI la democracia, la educación gratuita y los servicios de salud. No importa que cada vez menos jóvenes tengan acceso a universidades y los trabajadores a servicios de salud.

Pedro Joaquín Coldwell, ahora dirigente nacional priista, afirmó que su partido salvó al país del fascismo y comunismo y hoy “nos dirigimos a la renovación, no a la restauración”. ¡Qué barbaridad!

Éste hombre, sacado del pasado, se refirió a temas que ya nadie recuerda, porque se cayó el Muro de Berlín, se terminó la Guerra Fría y los poderosos del mundo, sin cuidado organizan nuevas guerras, pero no con esos fantasmas que él vuelve a sacar a la luz como si el tiempo no hubiera transcurrido.

Por supuesto que no tuvo una sola palabra este político jurásico, sobre los dolorosos hechos como la guerra sucia de los setenta, los asesinatos de perredistas en los ochenta y menos de Tlatelolco en el 68.

Claro, pensando en nuestra desmemoria, cree que no sabemos de la lucha de miles de mexicanos y mexicanas que se enfrentaron, muchos con el costo de sus vidas o la cárcel, a la definición precisa del premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, que definió a ese partido que nos quiere envolver y convocar, como la "dictadura perfecta", él mismo hace unos días en Guadalajara, rechazó el combate a la violencia con más violencia.

El panorama es desolador, para quienes nacimos y vivimos en México. Ninguna voz precandidateada garantiza la interrupción del embarazo como un derecho; a nadie se le ocurre que hay que parar los asesinatos y la violencia de género, menos podrían considerar que las mujeres tenemos el derecho a tener derechos y tampoco enarbolan ni pueden darnos una alternativa para un sistema educativo nacional, que se ha desmoronado.

La esperanza está en las personas. Sin duda. Leí con cuidado a Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien amenazado y perseguido, dice tener fe y se enfrenta sin desazón al gobierno que define como de "terror, impunidad y miedo" y simplemente ofrece, como muchísimas más personas, su trabajo cotidiano en la defensa de los derechos humanos. Yo debería tener también fe.

saralovera@yahoo.com.mx